Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Jueves 12 de septiembre de 2002
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Trabajadores desintegraron el sindicato y se afiliaron a la CROC

Confianza en la reapertura del Frontón México

ABRIL DEL RIO

Luego de seis años de una huelga estéril, desde el desalojo del Frontón México, un grupo de trabajadores mantiene la esperanza de que el Palacio de la Pelota reabra sus puertas y recuperen sus actividades mediante una inversión que, aseguran, realizaría el dueño del inmueble, Antonio Cosío.

Se trata de una plantilla de alrededor de 65 empleados, incluido personal de funcionamiento general y pelotaris, quienes el mes pasado desintegraron el sindicato que encabezaba Ramón Gámez, a quien acusan de haberlos abandonado, y se afiliaron a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), organismo que los respalda en la solicitud de la titularidad del contrato colectivo de trabajo ante la Junta de Conciliación y Arbitraje.

Silvia Polo, directora de relaciones públicas del frontón, explicó que lo esencial es que la Secretaría de Gobernación, que ya revisa el caso, reconozca la legitimidad de la licencia de juegos y sorteos, que de origen está a nombre de Antonio Cosío, quien "tiene toda la intención de reabrir el frontón", para lo que "tendría el respaldo de un fuerte grupo de inversionistas".

Agregó que la pretensión es también lograr extender un permiso para acompañar el espectáculo del jai alai con "bingos y boock, que ya hay en toda la ciudad".

El Frontón México, que reabrió sus puertas en 1989 por el concesionario Miguel del Río, fue cerrado nuevamente el 20 de septiembre de 1996, a causa de un desalojo, porque Del Río enfrentaba una deuda de siete años de renta y salarios de varios meses a sus trabajadores.

Al margen de las acciones que han emprendido cobijados por la CROC, los trabajadores que se han mantenido con banderas y pintas rojinegras a las puertas del Palacio de la Pelota iniciaron una denuncia penal contra Ramón Gámez, a quien acusan de haber inflado la cantidad de desempleados a 150, y por amenazas de daño a sus familias por medio de terceros.

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