Manuel Vázquez Montalbán
España: entre la democracia y la ilegalización
Sorprende, y a mí me asusta, la aplastante mayoría con la que el Parlamento español ha secundado el obsesivo empeño de José María Aznar de ilegalizar a Batasuna, como brazo político dependiente de ETA. Esa mayoría parlamentaria no se debe sólo al vicio del seguidismo, sino que tiene también especial importancia la carencia de nuevas expectativas políticas para el problema vasco. La falta de opciones favorece la impresión de que la ilegalización de Batasuna es una medida eficaz, ya que tanto el Partido Popular (PP) como el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) deben ocultar su incapacidad política y la insuficiencia de la vía policial como instrumento represor o disuasorio.
Inquietante que el discurso ilegalizador del PP y del PSOE sea prácticamente el mismo, los primeros porque son depositarios de una idea de unidad patriótica característica de la derecha española y los segundos porque originalmente parten del esquema estatista de la clase obrera única, Estado unificador. Sin embargo, los socialistas catalanes, tal vez debido a ciertos niveles de colaboración entre comunistas, socialistas y nacionalistas en la lucha antifranquista, corrigen el axioma mecanicista y asumen las posiciones del austromarxismo ante la cuestión nacional. Curioso que el tiempo empleado por el jefe del socialismo catalán, Pascual Maragall, ante la ilegalización haya sido breve, y más amplio el dedicado a reclamar negociación para obtener resultados políticos.
Los problemas de los socialistas españoles para despegar su política vasca de la del PP no sólo son ideológicos, cuestión menor en unos tiempos en los que cualquier formación política coloca el pragmatismo por encima de sus principios originales. El terrorismo de ETA ha asesinado a militantes y dirigentes socialistas, por lo que es muy difícil distanciar y enfriar cualquier respuesta política, pero lo cierto es que el PSOE hasta ahora no ha demostrado una lectura diferenciada del nacionalismo vasco ni ha diseñado su propio proyecto. Si al PSOE lo condicionan estas carencias, el PP espera que la ilegalización de los batasunos le permita maquillar el fracaso de su estrategia para modificar la lógica del problema. Buena parte de la Europa democrática está sorprendida de que una de las más importantes razones para expulsar a Batasuna a las tinieblas exteriores sea que nunca ha condenado a ETA, ni siquiera específicamente los muertos que causa, sean civiles o militares, mujeres o niños. En un sistema democrático las razones para la pérdida de los atributos políticos han de ser menos emocionales y no deberían ser las mayorías parlamentarias quienes ilegalicen, medida necesariamente judicial y basada en una interpretación legal de los delitos contra la democracia cometidos por el partido a sancionar. Es fácil ilegalizar a Batasuna desde unos criterios democráticos cuantitativos y sería imposible hacer lo mismo con Haider o Le Pen en el parlamento austriaco o francés, no por carecer de grupo armado adlátere, sino por ser partidos de tal instalación que sería catastrófico dejarlos fuera de la ley.
La orgía antiterrorista cósmica de Bush ha envalentonado a Aznar, activado también porque la ilegalización de Batasuna le trae votos en el resto de España entre la clientela más opuesta a los separatismos o la más horrorizada por la brutalidad de ETA y la insensibilidad crítica de Batasuna. También sabe Aznar que las posiciones contrarias a la poscripción apenas tendrán cauce en los medios de comunicación, telecontrolados por el gobierno o instalados en la lógica de lo informativamente correcto por encima de lo políticamente democrático.
ƑCómo interpretar la coincidencia de tiempos entre la ilegalización de Garzón, consecuencia de la lógica judicial y la del Parlamento, consecuencia de la incapacidad de encontrar otra salida política a una cuestión empantanada? Ignoro cómo se ha producido el precipitado encuentro entre las investigaciones de Garzón y las especulaciones de Aznar. Lo lógico hubiera sido que el Parlamento reservara la decisión ilegalizadora al Poder Judicial, en primera instancia representado por Garzón, con los previsibles recursos de alzada hasta llegar al Tribunal Constitucional. La coincidencia entre Garzón y el Parlamento tal vez trataba de ofrecer la imagen de una coincidencia de bloque antiterrorista formado por los tres poderes más decisivos, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Pero dudo que la ciudadanía lo haya visto como un milagro de la razón inevitable, desde aquella perdida inocencia de los liberales ilustrados del siglo xviii, convencidos de que la verdad es tan evidente que no puede ser rechazada. Creo que la sociedad española ha acogido la medida con escasa distancia crítica, pero convencida de que ha habido acuerdo superestructural para que la coincidencia la hiciera irrefutable. La correlación de debilidades, que no de fuerzas, sigue marcando la dialéctica entre el Estado español y el nacionalismo vasco, así como el predominio de una falsa conciencia sobre la situación. ƑQué terrorismo político con raíces sociales no ha jugado, juega y jugará en un doble frente de clandestinidad y legalidad? ƑQué terrorismo, insisto, con raíces sociales, ha sido destruido democráticamente por la ilegalización de su frente político?
