Ayer, cuatro horas después de que la justicia texana diera muerte al mexicano Javier Suárez Medina, la Presidencia de la República anunció la cancelación del viaje que el presidente Vicente Fox planeaba realizar este mes a Texas, como una "señal de repudio inequívoco a la ejecución" y con el propósito de contribuir "a fortalecer el respeto de todos los estados a las normas del derecho internacional".

Cabe recordar que Suárez Medina, convicto por el homicidio de un agente antidrogas, hace 14 años, fue víctima de un largo proceso legal afectado por irregularidades y violaciones a los derechos humanos y a instrumentos internacionales como la Convención de Viena, y que su sentencia de muerte generó un clamor de rechazo por parte de organizaciones civiles de México, de Estados Unidos y de otras naciones, no sólo por los defectos del juicio sino también porque la pena máxima se aplica, en el país vecino, de manera racista, clasista y xenófoba, y porque ese castigo representa, por sí mismo, una grave afrenta a los derechos esenciales, un agravio intolerable para la ética contemporánea y un acto degradante de barbarie institucionalizada.

Ha de recordarse, también, que el presidente Fox realizó personalmente diversas gestiones y formuló peticiones de clemencia a las autoridades federales y estatales de la nación vecina, y que nuestro país presentó, ante la Suprema Corte de Justicia de Washington, una demanda de revisión del juicio que mereció el respaldo de otros 13 países.

Con esos antecedentes, la determinación presidencial de cancelar el viaje a Texas es una medida congruente con la defensa de la vida, de la dignidad y de las tradicionales posturas de México en contra de la pena de muerte, y merece, en consecuencia, la aprobación y el pleno respaldo de la sociedad. Esta acción, al igual que la reciente cancelación del proyecto para construir una terminal aérea en tierras ejidales de San Salvador Atenco, dignifica y da fortaleza ética y política a la Presidencia de la República y a su titular.

Es vergonzoso y lamentable, en contraste, el coro de voces mediáticas y políticas que se alzó ayer -desde antes de que Suárez Medina fuera privado de la vida mediante una inyección letal- con el propósito de minimizar ese acto de barbarie, criticar las gestiones presidenciales en favor del connacional -para quien no se pedía impunidad, sino respeto estricto de sus derechos humanos- y demandar que el presidente Fox no desperdiciara la "oportunidad" de entrevistarse con George W. Bush y el gobernador texano y se abstuviera, en cambio, de introducir asperezas en la relación bilateral. No faltaron las expresiones de disgusto por el hecho de que el mandatario saliera "en defensa de un narcotraficante", y en el coro referido participó incluso el senador Diego Fernández de Cevallos, a quien la ejecución del reo mexicano le pareció motivo insuficiente para modificar la agenda del titular del Ejecutivo.

Ayer, en suma, el país recibió dos noticias malas: la privación de la vida de un mexicano más en Estados Unidos y el aplauso o la indiferencia de algunos políticos, informadores y opinadores, ante esa atrocidad. Pero también recibió la buena nueva de una inequívoca expresión presidencial en favor de los derechos humanos, la dignidad de la nación y la legalidad internacional.