Estimada Carmen: Hay muchas cosas que discutir sobre las compras que la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha realizado a las editoriales, privadas y del Estado, para formar las bibliotecas de aula de las escuelas mexicanas.

Se trata de un debate sobre el criterio de los contenidos que llevará tiempo y está bien que así sea, pero hay un asunto central acerca del procedimiento que ha seguido la Secretaría de Educación Pública para recibir los libros de las diversas editoriales, analizarlos y, al final, contratarlos: ¿quién, cuándo, cómo, mediante qué vías se convocó a los editores, nacionales e internacionales, establecidos en el mercado editorial mexicano?

El secretario Reyes Tamez Guerra afirmó lo siguiente: "nosotros invitamos a un grupo de especialistas muy amplio a participar en este proceso de selección. Se inició a partir de 6 mil 500 títulos diferentes y ellos llegaron a esta conclusión. Yo lo que le puedo decir es que éste es un primer inicio, cada año se va a sumar una cantidad de títulos similares; los títulos que no fueron considerados en esta primera prioridad no quiere decir que no serán considerados".

Correcto, esperemos el segundo y el tercer o hasta el cuarto inicio si fuera necesario, al fin y al cabo los inicios no siempre son principios. Yo lo que le puedo decir al secretario de Educación, Reyes Tamez Guerra, es que la editorial Cal y Arena tiene 14 años de presencia en el mercado cultural mexicano, más de 200 títulos en su catálogo, y nunca, por ninguna vía oficial ni de otro tipo, fue convocada a presentar los libros que según nuestra casa editorial podrían concursar para obtener un lugar en las bibliotecas de aulas. Repito mi pregunta: ¿Cómo, cuándo y quién convocó a los editores? En este caso, el procedimiento no es un asunto menor sino fundamental si pensamos en la transparencia, esa palabra que tantas bocas ha llenado entre los funcionarios del gobierno federal.

No quisiera ser demasiado insistente, pero me gustaría saber, ¿quién, cómo y cuándo convocó a los editores?

Atentamente

Rafael Pérez Gay, director de Ediciones Cal y Arena

Apoya información sobre omisión de escritores en bibliotecas de aula

Señora directora: Agradezco la oportunidad de poder expresar mi apoyo a la nota en primera plana del pasado 12 de agosto, sobre la omisión de escritores en la literatura de aula hecha por la Secretaría de Educación Pública.

Como sicóloga social y madre mexicana, me preocupa el presente y el futuro de nuestras jóvenes generaciones. ¿Por qué impedirles usar el "imaginario", al leer escritores de altura como los que se excluyeron?, ¿qué nuevo estilo de terrorismo está penetrando en las aulas de la educación pública en México?, ¿qué tipo de jóvenes se desean formar?, ¿quizá, acaso, una educación nintendo y adicta al Internet (¡Mááás!, diría mi abuela), ¿a qué realidad social responde este cambio? Si alguien puede responder a esas preguntas, quizá no todo esté perdido.

Mi admiración, agradecimiento y respeto a todos los escritores latinoamericanos.

Cordialmente

Ana González

Nota aclaratoria del INBA a carta de Iván Restrepo

Señora directora: En relación a la carta del maestro Iván Restrepo, publicada en El Correo Ilustrado el pasado 12 de agosto, quisiéramos informar lo siguiente: en días pasados se hizo uso, para fines ajenos al Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) ?de manera indebida y cometiendo un serio abuso de confianza? del vehículo placas 6HR-62, por lo que se aplicará la sanción correspondiente a la persona responsable.

Por tal motivo consideramos procedente hacer esta nota aclaratoria, ya que el INBA está al margen de cualquier campaña o actividad ajena a su vocación, que consiste en la preservación del patrimonio artístico, la educación e investigación artísticas, así como la difusión y la promoción de las artes.

Agradecemos la atención que se sirva dar a la presente y le envío un cordial saludo.

Atentamente

Guillermina Ochoa, directora de Difusión

Continúa polémica por El crimen del padre Amaro

Señora directora: Da tristeza ver, que en pleno año 2002, la Iglesia católica sigue siendo un lastre y símbolo de retraso en nuestro país. La nueva es esta absurda polémica por la cinta de Carlos Carrera, El crimen del padre Amaro.

Nadie, incluido el obispo de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmedi Esquivel, ha podido ver la cinta, lo cuál no sólo descalifica sus comentarios, sino que habla de la estupidez, sinrazón y retraso en los que la Iglesia católica pretende mantener a nuestro país. Lo increíble, y es de agradecerse, es que esta polémica sólo está generando una gran promoción para la película, caso idéntico a La ley de Herodes, de Luis Estrada, que terminó siendo un éxito en salas mexicanas.

Esa película tambien la pagó el Estado, aunque después se arrepintiera y provocara renuncias varias en el Imcine. Pues bien, señor Arizmendi, ante su molestia y rechazo al apoyo del Estado al cine nacional (lo cual, para su información, es ya prácticamente nulo) habría que ver cuál es la relación real Iglesia y Estado, narcotráfico e Iglesia, etcétera. Se lo dejo de tarea.

Espectador con tres dedos de frente.

Alvaro Curiel

Exigen libertad a todos los presos políticos

Señora directora: Hoy se cumple un año de que fueron detenidos los estudiantes Héctor, Antonio y Alejandro Cerezo Contreras, así como el indígena Pablo Alvarado Flores. Todos fueron objeto de la tortura cruel que en plenos albores del siglo XXI aún practican los cuerpos policiacos y militares mexicanos.

Aprehenidos por poner unos petardos que después siempre no pusieron, según la voz de las propias autoridades del sistema judicial mexicano, de todas formas los mantienen encarcelados en un centro de exterminio como lo es la cárcel de máxima seguridad de Almoloya de Juárez.

Durante el proceso judicial, fue dolorosamente asesinada su abogada, la licenciada Digna Ochoa y Plácido, caso aún sin esclarecer, han cambiado en dos ocasiones de juez, las audiencias no son públicas y las conversaciones con su actual defensora Bárbara Zamora son grabadas.

Lamentablemente no existe el principio de legalidad en este país, apena que se violente constantemente el estado de derecho mediante la conculcación de la Constitución Política, la Declaración Universal y la Convención Americana de Derechos Humanos. ¡Cuánta impunidad!

Los jóvenes son buenos estudiantes, poetas, deportistas, músicos y solidarios; del indígena sólo se escuchan buenas referencias de los vecinos. Nosotros protestamos por su encarcelamiento injusto y elevamos nuestra voz porque en México no existan presos y presas por motivos políticos.

Exigimos a Vicente Fox Quezada y a Santiago Creel Miranda, presidente de la República y secretario de Gobernación, respectivamente, que reestablezcan el estado de derecho y que liberen a todos los presos políticos del país.

Por el Colectivo Libertad: Ofelia Medina, Begoña Lecumberri, Oralba Castillo Nájera, Raquel Gutiérrez y otros. En solidaridad: Erika Zamora, general José Francisco Gallardo y Felipe Edgardo Canseco Ruiz.

Aclara información de nota publicada

Querida Carmen: Te pido que publiques en un lugar adecuado del diario la siguiente aclaración sobre la entrevista que me hicieron Víctor Cardoso y Juan Antonio Zúñiga y que La Jornada publica hoy.

Tal como se redactó el texto de la entrevista y la cabeza en la primera plana, da entender que yo sostengo que hay 65 millones de pobres en el país. Los que me conocen y me han venido leyendo se habrán sorprendido de cómo fue que bajé de los 75 millones que suelo manejar a 65 millones.

Los 65 millones no son míos, sino del comité técnico que formó la Sedel. Este comité definió tres niveles de pobreza, de los cuales la Sedel eliminó el más alto, que consiste en una línea de pobreza de $52.17 por persona por día y que arroja, según el documento síntesis de dicho comité, 59.9% de los hogares y 65% de las personas. Es decir, la verdad técnica del comité es que dos terceras partes de la población del país son pobres. Además de eliminar este nivel más alto introdujo un nuevo nivel intermedio, al que denominó pobreza de capacidades.

Julio Boltvinik