Realizarán movilizaciones y podrían llegar a la huelga, sostiene el sindicato

SME y legisladores priístas y perredistas analizan estrategia contra el proyecto de Fox

Los trabajadores aceptan la modernización de LFC, pero se oponen a la privatización

FABIOLA MARTINEZ Y RENATO DAVALOS

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) trabaja en coordinación con legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) para definir estrategias contra la iniciativa del presidente Vicente Fox que tiene como propósito abrir la industria eléctrica al capital privado mediante reformas a los artículos 27 y 28 de la Constitución.

El SME aprobó en asamblea aceptar los planes y proyectos para la modernización de Luz y Fuerza del Centro (LFC), al tiempo que refrendó su oposición a cualquier intento de privatización del sector. Los afiliados al sindicato están dispuestos a salir a la calle y "hacer todo lo que sea necesario" para defender el carácter público de esta industria.

Desde febrero de 1999, cuando el entonces presidente Ernesto Zedillo envió una iniciativa de reforma constitucional en la materia, el SME constituyó con unas cien organizaciones un frente nacional en repudio a ese proyecto.

A tres años y medio de la creación del frente, el Comité Central del SME designó una comisión de especialistas -en aspectos económicos, técnicos y de productividad- de LFC para que establecieran un enlace entre el gremio y los legisladores de oposición.

El SME reiteró que los 45 mil afiliados defenderán "a como dé lugar, (y) si es necesario con la huelga", el carácter público de toda la industria, así como ante cualquier iniciativa de reforma, como la que está a punto de enviar el Vicente Fox al Senado, que incluiría cambios a la Carta Magna.

El "sindicato redefinirá estrategias de lucha, en coordinación con los legisladores de PRI y PRD para no aceptar, bajo ningún argumento, la reforma a la Constitución", señaló Ramón Pacheco, vocero del SME.

Dijo que desde marzo de 2001 los trabajadores de LFC están dispuestos a participar en la modernización de la empresa, en especial para obtener la autonomía financiera "real", necesaria para disminuir el constante déficit financiero con el que opera desde 1994. Sin embargo, agregó, las últimas administraciones de LFC han retrasado este proyecto, "seguramente en espera de que el gobierno federal defina la forma en que, a su juicio, debe aplicarse la restructuración".

Dejó en claro que la modernización no prevé más participación de la iniciativa privada y mucho menos abrir la puerta al capital extranjero para generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía. LFC atiende a 25 millones de habitantes del Distrito Federal y estados circunvecinos.

Solicitará el PT realizar auditoría a la CFE

El Partido del Trabajo (PT) anticipó que solicitará la realización de una auditoría a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que se hagan públicas las numerosas fuentes de corrupción que han minado la actividad de la paraestatal. El diputado José Narro Céspedes comentó que también denunciarán a aquellos legisladores que reciban sobornos del gobierno federal para aprobar la reforma en materia eléctrica que enviará el Ejecutivo.

En conferencia de prensa, Narro y otros miembros de la directiva del PT en esta capital manifestaron que el gobierno utilizará todos los mecanismos a su alcance para que se apruebe la iniciativa del presidente Vicente Fox en los términos en que sea remitida.

Dijo que la pretensión foxista en materia eléctrica responde directamente a los compromisos que hizo en el extranjero durante su campaña electoral. Aseguró que a pesar de la falta de inversión durante una década y a la corrupción que prevalece en la CFE, la paraestatal aporta cinco veces más al erario, en términos porcentuales, que cualquier empresa privada.

Los petistas empezaron ayer en la ciudad de México una jornada contra la privatización del sector energético, que incluye movilizaciones, pero no promoverán el incumplimiento en el pago de servicios, aclaró Narro.

Arturo López, por su parte, dijo que la privatización eléctrica tiene el mismo sentido que el proceso en el sector educativo. Se pretende imbuir valores ajenos a los mexicanos y acentuar los preceptos conservadores, religiosos e intolerantes en beneficio de un pequeño sector.

La creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, agregó, trata de legitimar el abatimiento de principios tradicionales que han dado sustento al desarrollo del país durante años, en complicidad con el priísmo y la alianza turbia que ambas fuerzas han establecido.