Algunos aún no tienen abogado y otros fueron torturados en Estados Unidos

Nueve michoacanos, en el pabellón de la muerte

ERNESTO MARTINEZ ELORRIAGA CORRESPONSAL

Morelia, Mich., 14 de agosto. En los procesos penales contra nueve michoacanos condenados a muerte en Estados Unidos se han detectado varias irregularidades, comentó el coordinador de Apoyo a Migrantes, Claudio Méndez Fernández.

Indicó que el gobierno estadunidense proporcionó abogado a todos cuando ya prácticamente estaban sentenciados, y al menos dos fueron torturados por policías.

Samuel Jiménez Zamudio, de 38 años, fue sentenciado a la pena capital en octubre de 1998. Se le acusó de asesinar a una pareja de ancianos. Sin embargo, pese a que no existieron las pruebas suficientes y el sujeto negó los cargos, lo hicieron firmar bajo tortura. Está preso en San Quintín, California, en espera de apelar.

También se refirió al caso de Jorge Contreras López, acusado de robo y homicidio en 1994. De hecho, dijo, cuando iniciaba el juicio había logrado escaparse, pero la policía detuvo a su padre y a dos de sus hermanos, a quienes acusó de complicidad. Ante estas circunstancias decidió entregarse.

José Cázares Lupercio, acusado de homicidio en primer grado y posesión de arma y cocaína por hechos ocurridos en marzo de 1989, actualmente ni siquiera tiene abogado para presentar la apelación.

José Luis de la Cruz Avilés, oriundo de Huetamo, quien siempre se definió como "pobre entre los pobres", cometió un homicidio en Estados Unidos, pero dentro de los intercambios fue trasladado al penal de Morelia, donde fue preliberado. Nunca se presentó a firmar a la cárcel, después retornó a Estados Unidos y en 1988 fue acusado de ultimar a un taxista.

Arturo Suárez Juárez, quien también está en el penal de California, se involucró en el tráfico de drogas, incluso tenía problemas serios con dos hermanos, quienes lo había amenazado de muerte. En 1988 los asesinó a ambos y a dos menores, además de cometer una violación.

Virgilio Rodríguez Maldonado y Félix Díaz Rocha se encuentran recluidos en la prisión de Texas, acusados de doble homicidio en 1994. También estaban involucrados con problemas de drogas, y una de las víctimas era ex policía.

Finalmente, Gabriel Romero Solache se encuentra preso en Pontiac, Illinois (estado donde están suspendidas las ejecuciones). En 1988 cometió doble homicidio y secuestró a dos menores.