Advierten que la reconciliación debe nacer en el corazón de las víctimas, no por decreto

Sobre la fiscalía para desaparecidos, Rosario Ibarra dice: "Fox ya pactó con el Ejército"

BLANCHE PETRICH

Una enfermera de Timor Oriental, Isabel Guterres, empapada con historias de dolor de miles de víctimas que dejó la guerra por la independencia de esa nación contra Indonesia, integrante de la recién creada Comisión para la Verdad y Reconciliación de su país, comprendió y se solidarizó con la fuerte dosis de duda que había dejado asentada la presidenta del Comité Eureka, Rosario Ibarra de Piedra, respecto a la gran novedad en el campo del derecho humanitario de México, que ayer por la mañana se analizó en el patio del Museo José Luis Cuevas.

"La respeto y simpatizo con lo que usted ha dicho, doña Rosario -dijo la timorense-; la reconciliación no se hace por decreto; tiene que nacer en el corazón de las víctimas. Y esto no sucederá si antes no se hace justicia."

Los organizadores y participantes en el foro Comisiones de la verdad: perspectivas y alcances, el caso México sabían el riesgo que corrían si lograban vencer la resistencia de Rosario Ibarra a participar en un debate de esta índole. Es distintiva la negativa del Comité Eureka, próximo a cumplir 25 años de lucha, a aceptar comisiones, fiscalías o cualquier otra vía de excepción para el ejercicio de la justicia en sus casos. Un discurso duro y crítico era más que previsible.

Y los protagonistas y participantes del seminario que se había realizado jueves y viernes, así como los asistentes al foro mismo, eran precisamente eso: integrantes de comisiones de la verdad, incluso pioneros; activistas de derechos humanos con décadas de trayectoria que habían alimentado y enriquecido con sus denuncias e investigaciones procesos de esclarecimiento y juicios históricos, como los de Chile, Argentina, Sudáfrica, Guatemala y El Salvador.

Tendría otros efectos la presencia de Rosario Ibarra en el foro. Por lo pronto, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, declinó la invitación al evento.

¿Sirven las comisiones?

Los panelistas y la mayor parte del auditorio, procedentes principalmente de América Latina, pero con algunos asistentes de Africa y una de Asia, habían pasado dos días inmersos en el ejercicio de debatir y comparar las mecánicas, los contenidos y los resultados de 20 comisiones de la verdad que entraron en acción en países asolados por el terrorismo. Desde Uruguay hasta Sierra Leona, de Guatemala a Uganda, de Timor a Brasil, Chile, Argentina y Perú, se habló de logros, retrocesos y frustraciones, de los más recientes desarrollos en el derecho internacional sobre el tema.

Se expusieron datos reveladores sobre una larga batalla contra la impunidad que, pese a algunos logros, aún deja en las víctimas el sabor de una obra inconclusa.

En Chile, pese a los miles de habeas corpus interpuestos durante la dictadura por cada desaparecido, pese a las barbaridades reveladas en el informe de la Comisión de la Verdad -el "informe Rettig"-, el ex dictador Augusto Pinochet parece haberse librado de un juicio, mientras torturadores y asesinos de su aparato tienen escaños en el Congreso.

En Guatemala, pese a la contundencia del informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, que permitió establecer que el Estado cometió genocidio contra la población indígena, ninguna causa judicial contra los perpetradores ha prosperado. Sin embargo, un reciente fallo ordena indemnizar a los integrantes de las Patrullas de Autodefensa Civil, cuerpo paramilitar creado por el dictador y actual líder del parlamento Efraín Ríos Montt, responsable de 12 por ciento de las matanzas. Como el Estado no tiene dinero para pagar a esos paramilitares, está en estudio un nuevo impuesto.

Hay casos de mayor retroceso. Uruguay, donde durante 12 años a partir del golpe de 1973 cerca de 5 mil presos políticos (en una población de poco menos de 3 millones) sufrieron tortura sistemática en prisiones militares, apenas ha comenzado a trabajar una comisión de la verdad. Para poder existir, tuvo que autolimitarse: no investigará asesinatos ni tortura, sólo desapariciones forzadas, y no identificará por nombre a ninguna institución o individuo responsable.

Se conocieron casos novedosos, como el logro del Grupo Tortura Nunca Más de Brasil, que en 1998 inició un trabajo de esclarecimiento sobre los tormentos aplicados durante la dictadura militar. El hecho es emblemático, ya que los militares brasileños son considerados los innovadores y exportadores de muchas de las prácticas de tortura que en los años 70 se expandieron por todo el continente. Se ha logrado en Sao Paulo y Río de Janeiro que a 12 médicos legistas que participaron en la tortura y fabricaron actas de defunción falsificadas les fueran anuladas sus licencias profesionales.

Una impresión general de los participantes es que las comisiones de la verdad, aun las más legítimas, aun las que logran documentar con mayor profundidad los grandes dramas de la represión, son apenas la mitad de un esfuerzo que se evapora si acto seguido sus resultados no pasan a la esfera de la ley y se procede a la vía jurídica, al juicio y castigo de los responsables. De lo contrario, el pasado siempre regresa.

Desde la perspectiva africana, hubo intervenciones que dejaron sembrada la duda sobre la viabilidad de esas comisiones. Una fue la referencia del secretario ejecutivo de la comisión nacional de Ghana, quien recordó que la primera comisión de este tipo fue creada en los años 60 nada menos que por un genocida de gran calado, Idi Amin, con el único fin de satisfacer presiones internacionales.

Una pregunta planteada por la Comisión Colombiana de Juristas, por conducto de Iris Marín, quedó en el aire: "¿Se tiene que esperar a que un país salga de un conflicto armado para que pueda entrar en acción una comisión de la verdad?"

La incógnita de la fiscalía especial

Para la comunidad de activistas de derecho humanitario internacional, el caso de México, con el tema de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, era un ángulo nuevo e inquietante. El gobierno mexicano, pese a su naturaleza represora, fue en el pasado un genio de las apariencias. ¿Qué se encontrará detrás del nuevo marco creado para el esclarecimiento y la justicia en este país anfitrión del seminario internacional?

El fiscal Ignacio Carrillo Prieto sabía de antemano que, de parte de Rosario Ibarra, enfrentaría un discurso crítico. Y en efecto, con un coloquial "ustedes me van a perdonar", la presidenta de Eureka señaló que el comité no acudirá con sus denuncias penales, asentadas en la Procuraduría General de la República, ante la fiscalía especial. Expresó su convicción de que el proceso de esclarecimiento abierto en las oficinas del fiscal Carrillo Prieto, lo mismo que las comisiones de la verdad, "son cosas pactadas". Dijo que en relación con los juicios recién abiertos por las matanzas de estudiantes de 1968 y 1971 "Fox ya pactó con el Ejército".

Pero no fue tan previsible el efecto que esas palabras tuvieron entre los participantes. Enorme, como la giganta de bronce plantada en el centro del museo sede, apareció la distancia entre la incipiente fiscalía y los elementos que, en la inauguración, el presidente de la Asociación para la Prevención de la Tortura había señalado como requisitos indispensables para cualquier comisión de la verdad: una calidad de legitimidad "altísima" y una credibilidad a toda prueba.

Más aún, los oradores expresaron reconocimiento a la posición de Rosario Ibarra. Así lo hicieron Isabel Guterres; Sofía Macher, integrante de la recién creada Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Perú, y la chilena Paz Rojas, presidenta de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo. Esta última mencionó la exoneración del dictador Augusto Pinochet, acusado penalmente de cientos de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, con el argumento mentiroso de demencia. Eso ocurre, dijo, porque entre los miembros del gobierno chileno "todavía hay miedo" a enfrentar el pasado.

El "caso México" había sido tocado de manera marginal durante la primera fase del seminario. Primero fue un discurso formal de la subsecretaria de Relaciones Exteriores Marieclaire Acosta, quien hizo una presentación de la fiscalía especial como el mecanismo elegido para "llegar a la verdad y sancionar a los culpables". Aseguró que el Comité Ciudadano de Apoyo, formado por cinco personas nombradas por el propio Ejecutivo, "recupera el papel que suelen tener las comisiones de la verdad".

Sin pestañear, agregó que el gobierno asumió plenamente el principio de la no prescripción de los crímenes de guerra y lesa humanidad. No dijo, por supuesto, que este mismo gobierno, por iniciativa suya, promovió una reserva que no permite la retroactividad en cuanto a delitos juzgados conforme a la convención interamericana sobre desaparecidos, casualmente el tema más grueso y crítico en el proceso de esclarecimiento en México.

Después de la inauguración la funcionaria se retiró. No escuchó, por tanto, los alegatos jurídicos que los especialistas presentaron acerca de los recursos de prescriptibilidad que algunos gobiernos utilizan como mecanismos para asegurar la impunidad. Roberto Garretón, ex abogado de la Vicaría de Solidaridad chilena y actualmente representante de la oficina de Mary Robinson en Santiago, habló del tema como "el uso del derecho en contra de la víctima", y aseguró que hay vías y estrategias para combatir estas prácticas por la vía legal.

Rodolfo Mattarrollo, integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina y comisionado de la ONU en misiones como Haití, El Salvador y Sierra Leona, afirmó que mediante el uso creativo del derecho nacional e internacional los mexicanos podrían anular los efectos de ese candado que permite, por el momento, alegar la prescripción en favor de algunos acusados de represión.

Cautela ante el "híbrido" de este país

Fue un académico estadunidense, Louis Bickford, del Centro para la Justicia Transicional, quien planteó las primeras dudas sobre la viabilidad de la fiscalía especial mexicana: primero, porque está concebida como un "híbrido" de comisión de la verdad, fiscalía y Ministerio Público. El objetivo, expresó, es "muy ambicioso", y no están claros los límites entre sus funciones para el establecimiento de una verdad social y una verdad jurídica como resultado de procesos judiciales.

Por otra parte, destacó, tampoco es claro el nivel de legitimidad y apoyo de la sociedad civil; por último, hay dudas fundadas sobre la solidez del compromiso político del gobierno federal con los procesos que enfrente el fiscal.

Preguntó: "¿Cuáles son en realidad las metas del fiscal? ¿Realizar un manejo político del tema de la impunidad en México, o contribuir a profundizar la democratización y la reforma al Poder Judicial?"