Comunicado No. 80

Política científica: una trayectoria accidentada

Como en otros ámbitos del gobierno, en el correspondiente a la gestión de la ciencia y la tecnología el presidente Vicente Fox anunció grandes cambios y un respaldo económico sin precedente. Hasta el momento no hay, sin embargo, signos claros que apunten en esa dirección. Al contrario, la "política" científica y tecnológica del régimen se percibe entrampada en fallas de coordinación entre los sectores competentes: el Ejecutivo federal y el Legislativo, la SEP y el Conacyt, el sector académico y las empresas. Los recursos son insuficientes, no acaban de llegar a donde deben ser ejercidos, y el debate sobre nuevas normas e instrumentos ha ocupado la mayor parte del espacio de negociación y acuerdos.

La más reciente novedad en este panorama es el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, cuya mesa directiva se instaló el pasado 17 de junio. Según la nueva Ley de Ciencia y Tecnología (Diario Oficial de la Federación, 05/06/02) esta instancia se propone como un órgano de apoyo y consulta del Ejecutivo federal y del Conacyt, para promover la expresión de científicos, académicos y del sector productivo en la formulación de propuestas.

No obstante, el foro no es una iniciativa tan original. La anterior ley para la actividades científicas y tecnológicas, promulgada en abril de1999 y vigente hasta hace un par de semanas, previó la creación de un foro con características similares al que recientemente se constituyó. Esa fórmula se demoró casi dos años en integrarse -poco más de 30 miembros sesionaron por primera vez en noviembre de 2000- y su expresión pública más visible fue la difusión de un documento con propuestas al Plan Nacional de Desarrollo y al programa sectorial correspondiente.

La instalación del nuevo organismo es otro ajuste a la legislación científica y tecnológica. También es parte de una larga serie de cambios que se han realizado en los últimos tres años y un paso previo a la constitución de un órgano más relevante que se pondrá en marcha próximamente: el Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (CGICyDT).

La adecuación del marco normativo de las actividades científicas, como se puede apreciar, continúa en el presente. Sin embargo, conviene preguntarse cuál es la dirección de estos cambios, quiénes y cómo los impulsan y, muy especialmente, si las bases normativas que hoy están aprobadas permitirán una política científica de largo plazo o serán necesarias más y más modificaciones.

Una reforma acotada e insuficiente

En diciembre de 2001 el Ejecutivo federal envió al Congreso la propuesta de una nueva ley orgánica para Conacyt y una serie de reformas y adiciones a la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica. La intención, se argumentó en las consideraciones, era asegurar una organización de impulso multisectorial y descentralizado.

El componente fundamental de la iniciativa era el establecimiento de un consejo general de "política y coordinación" en materia de ciencia y tecnología, el CGICyDT, mismo que tendría influencia en toda la actividad de la administración pública federal. El consejo, se anotaba claramente en el proyecto, no sería un órgano operativo de gestión administrativa o de consulta, sino de coordinación y decisión que definiría lineamientos programáticos y de presupuesto sobre los rubros de investigación científica en las dependencias de la administración pública. También se preveía que fuera un órgano presidido por el Ejecutivo federal, e integrado por representantes del sector gubernamental y académico.

Además, en congruencia con el establecimiento del consejo, la propuesta incluyó una nueva Ley Orgánica del Conacyt, cuyos cambios fundamentales sugerían que sus cuerpos directivos, particularmente la junta de gobierno y el director general, cumplieran una función más integrada, flexible y acorde con el impulso multisectorial buscado. En general, la propuesta de reforma del gobierno federal buscaba mejorar la coordinación, pero sobre todo otorgar mayor capacidad al Conacyt, puesto que a pesar de ser el organismo rector de las políticas en esta materia solamente controla 17 por ciento del gasto federal destinado a estas actividades.

La iniciativa suscitó diferentes reacciones, entre las más sobresalientes estaba el escepticismo sobre el establecimiento de un organismo más, que se sumaría a los ya existentes, pero cuya efectividad estaría por demostrarse. Otro señalamiento crítico fue que la propuesta de Ley Orgánica de Conacyt era limitada y nuevamente, al igual que la reforma de 1999, soslayaba la necesidad de elevar el rango de las instancias de gestión científica y tecnológica, particularmente la opción máxima de constituir una secretaría de Estado para este propósito.

Por su parte, varios directores de los centros del sistema SEP-Conacyt expresaron rechazo a la posibilidad de que el ajuste de Conacyt implicara nuevas adscripciones sectoriales a sus centros (como lo indicaba el artículo 3 transitorio del proyecto).

Vaivenes legislativos

Los legisladores realizaron importantes cambios a la propuesta del Ejecutivo. Uno de los aspectos más notables fue que reconocieron la existencia de diferentes órganos de consulta en materia de ciencia y tecnología que tienen funciones similares y su escasa efectividad para desarrollar su labor. Por esta razón aprobaron, en el marco de la nueva Ley de Ciencia y Tecnología (LCyT), la creación del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, como un organismo para concentrar y simplificar las funciones que venían desempeñando organismos como el Foro Permanente, el Consejo Consultivo de la Junta Directiva de Conacyt y el Consejo Consultivo de la Presidencia de la República.

El nuevo organismo ya está en marcha y lo integran 17 personas, 14 representantes de asociaciones científicas, tecnológicas y empresariales, y tres investigadores electos por los miembros del Sistema Nacional de Investigadores (artículo 36 fracción V de la LCyT). Funcionará mediante comités de trabajo especializados (por disciplina y área) y sus recomendaciones serán la base para la elaboración de propuestas.

Otro cambio importante fue la ampliación y precisión en el funcionamiento del Consejo General. Mientras la propuesta original sólo consideraba como miembros permanentes al Ejecutivo federal y a nueve secretarios de Estado, los legisladores añadieron al director de Conacyt, en su carácter de secretario ejecutivo del Consejo General, y al coordinador del Foro Consultivo. Además, previeron la participación de cuatro integrantes más que se renovarán cada tres años, pero que "serán invitados por el Presidente de la República, a propuesta del secretario ejecutivo y podrán ser integrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico" (artículo 36).

Aunque los cambios apuntan a una intersección razonable de los dos organismos que se crearon y a un acercamiento de las posiciones de consulta y de toma de decisión, quizá lo más significativo es que el órgano que tendrá mayor influencia en el diseño de las políticas científicas no se circunscribe a una representación del gobierno federal.

Un tercer órgano aprobado por legisladores fue la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología (artículos 31 y 32). Una instancia permanente que intentará la coordinación entre Conacyt y las dependencias de los gobiernos de los estados. Esta iniciativa tiene importancia porque de ser exitosa podría impulsar la participación regional y adelantar la descentralización de la ciencia.

Sin embargo, entre las modificaciones que más resaltaron los mismos legisladores, estuvo la acotación sobre el carácter "no sectorizable" que tendrá el Conacyt.

En su nueva Ley Orgánica se destaca que: "...es un organismo descentralizado del Estado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que goza de autonomía técnica, operativa y administrativa..." (artículo 1). La acotación, estimó el dictamen de los legisladores, es concordante con avances para una mayor autonomía, sin embargo, tal vez una de las mayores repercusiones que tendría esta forma es que el Conacyt contará con un ramo presupuestal específico dotado por la Secretaría de Hacienda.

Todas estas modificaciones vienen a sumarse a otros cambios en la estrategia científico-tecnológica del régimen: la existencia de "fondos sectoriales" que manejarán las secretarías de Estado en coordinación con el Conacyt, y la probable reconstitución del Sistema Nacional de Investigadores al formar parte de la nueva ley orgánica de dicho organismo. No hay que olvidar tampoco los ajustes a la función de investigación científica en las instituciones de enseñanza superior públicas que provienen del subprograma de educación superior de la SEP, los cuales adolecen en fondo y forma de una articulación suficiente con el esquema que promueve Conacyt.

Tomadas en conjunto, las modificaciones normativas parecen constituir un avance. No obstante, como ha quedado claro con diferentes iniciativas en el pasado, no es suficiente. Está por verse que el nuevo marco efectivamente impulse los objetivos que pretende: alentar el desarrollo de la ciencia y la tecnología, así como lograr mejor vinculación entre los sectores académico y productivo. Como el otro eslabón de la cadena -los recursos financieros para investigación y desarrollo- se ha mostrado francamente débil la expectativa de conformar -ahora sí y a largo plazo- un sistema sólido que sirva de impulso al crecimiento económico del país y a la solución de sus problemas sociales, por lo que es todavía una apuesta al futuro.

Interrogantes

.Más allá de atribuciones de análisis y recomendación ¿cuál es la capacidad de los nuevos órganos para gestionar ante la SHCP el incremento y distribución de los recursos económicos para ciencia y tecnología?

.¿Otorgará el gobierno federal, tanto al gasto en ciencia y tecnología como a Conacyt, los recursos que requieren el año próximo y especialmente para cumplir su promesa de alcanzar el uno por ciento respecto al PIB en 2006?

. Conforme al nuevo marco normativo ¿Conacyt tendrá una organización por programas, por fondos o por ambos?

. ¿Cómo y quién definirá los proyectos de investigación que utilizarán los fondos sectoriales? ¿Quién o quiénes podrán concursar? ¿Cuándo se conocerá la reglamentación correspondiente?

¿QUIENES  SOMOS?

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