Califica de lamentable la propuesta de reforma a la Ley de Asistencia Privada

Alerta Jusidman sobre el regreso de cotos de poder a la JAP

RICARDO OLAYO GUADARRAMA

Clara Jusidman, ex secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal, estableció que uno de los riesgos en la propuesta de reforma a la Ley de Asistencia Privada es el retorno del grupo del ex presidente de la Junta de Asistencia Privada (JAP), Víctor García Lizama, y del rector de la Universidad Iberoamericana, Enrique González Torres, quienes fueron marginados de su coto de poder durante la gestión de Cuauhtémoc Cárdenas.

Esos personajes, junto a otros actores de la asistencia privada, realizaron entonces una campaña contra el gobernante y lo acusaron, sin pruebas, de intentar quedarse con dinero en la contienda presidencial, dijo en entrevista.

Ahora se pretende una contrarreforma para regresar la mayoría a las instituciones de asistencia privada en el consejo directivo de la junta, propuesta que consideró "lamentable", sobre todo si es apoyada por la fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Asamblea Legislativa.

Ese partido logró modificaciones a la ley en diciembre de 1998 y desde entonces se inició una disputa jurídica con opositores, recordó la ex funcionaria.

La reforma de hace cuatro años dejó a un lado a García Lizama, renovó a los integrantes del consejo directivo, muchos de ellos resultado de procesos cerrados o "recomendados" por el propio García, y sentó las bases para la renovación en esos cargos de representación con paridad para el gobierno y el sector privado.

Sin embargo, se intenta regresar la mayoría a las instituciones de asistencia privada, lo que es riesgoso, sobre todo por la sombra de duda que genera el nombramiento que hizo el jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, del presidente de la Junta, Francisco Millán Soberanes, por sus presuntos nexos (aunque él los ha negado) con García Lizama y Alberto Franco Sarmiento.

Este último personaje es el actual presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Asistencia Privada (AMIAP), organismo opositor a la ley en vigor y quien hace años, al margen de la ley, fue designado por García como "consejero honorario" de la JAP, cargo inexistente en la ley.

El riesgo es que se repita el clientelismo aplicado por estos personajes, las amenazas para votar en un sentido y el control a través de la asignación de donativos, mencionó Jusidman.

Ni avances ni garantías

En el dictamen de cambios que aprobó la Comisión de Desarrollo Social de la ALDF no hay avances en la regulación y tampoco mención alguna a las garantías que debe tener el servicio de las instituciones, los derechos de los usuarios ni de la profesionalización del personal que atiende.

Ese es un renglón pendiente en la gestión de la Junta de Asistencia Privada que los actuales diputados no han incorporado. No hay propuesta alguna en los modelos de atención para que sean respetados los derechos humanos de los usuarios, subrayó.

Se requiere también de asesoría, capacitación y profesionalización del personal, porque en este renglón hay rezagos que la actual autoridad central no se ha preocupado en subsanar.

En su opinión, la jefatura de Gobierno tiene que prestar más atención al sector asistencial privado, entre otras cosas para "liberar en definitiva al sector de la propiedad de un grupo".

No puede fallar la memoria, sobre todo en un gobierno que proviene del mismo partido, que los grupos opositores a la ley interfirieron la interlocución con todas las instituciones de asistencia privada durante la gestión de Cárdenas, y ésta situación se prolongó con Rosario Robles.

Indicó que hubo avances para mantener el orden en el sector y en otros casos para hacer más accesible la ciudad a las personas discapacitadas.