Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Miércoles 26 de junio de 2002
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Capital

CUIDAD PERDIDA

Miguel Angel Velázquez

ALDF: silencio cómplice

A LOS muchos errores cometidos -que son obvios- por los legisladores del Distrito Federal, habrá de agregársele uno más, el de la complicidad.

HACE YA casi una semana se supo que en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se cometieron irregularidades que ha puesto al descubierto la Contaduría Mayor de Hacienda, órgano encargado de fiscalizar los recursos de la propia CDHDF.

HACE UN año supimos que la comisión encabezada por Luis de la Barreda no pagaba impuestos, y entonces un grupo de hombres y mujeres probos decidió salir en defensa del ombudsman en ese entonces.

EL ASUNTO aún no ha quedado claro y quienes sí pagamos impuestos necesita-ríamos saber qué fue lo que sucedió y por qué los empleados de la CDHDF, incluyendo a Luis de la Barreda, no cumplieron con las obligaciones fiscales que marca la ley.

LOS ESFUERZOS de la legisladora Iris Santacruz para dar claridad al problema se ahogaron entre la gritería de las buenas conciencias, que no permitían que se pusiera en duda la honestidad del hoy empleado de Vicente Fox.

LAS NUEVAS investigaciones de la Contaduría Mayor de Hacienda llevaron a la detección de facturas emitidas por el ISSSTE, de las cuales 38 fueron alteradas en sus importes, de acuerdo con un informe del órgano fiscalizador.

EL SILENCIO de los legisladores locales al respecto huele bastante mal, por un lado, y por otro hasta hoy no sabemos por qué el presidente actual de la CDHDF no ha informado del desastre que encontró en el organismo. Bueno, si es que ya se dio cuenta.

NO SABEMOS hasta dónde puede llegar la investigación ni quién podrá hacer justicia o, cuando menos, quién puede aclarar este problema vergonzoso, pero el silencio y la impunidad son los peores caminos.

HOY DIA, al frente del organismo que pretende hacer las mediciones de la inseguridad en el país está precisamente Luis de la Barreda, quien, como ya hemos comentado en este espacio, enfrentaría una denuncia por no haber ejercido su función como defensor de los derechos humanos.

TODOS ESOS males, aún sin aclarar, tiene sobre sus espaldas Luis de la Barreda, pero si eso no importa al gobierno federal actual, seguramente sí está en los primeros lugares de la agenda de la población, que aún no recibe una explicación del actuar de este funcionario.

NADIE, NI el gobierno federal, debe dejar pasar este asunto, porque no puede haber credibilidad en un organismo en manos de De la Barreda, cuando menos mientras no se aclare cada uno de los puntos que hoy gravitan sobre el trabajo del ex ombudsman.

Y ES en la propia Asamblea Legislativa donde se deben tomar cartas en el asunto. Allí están diputados, como Federico Doring, que se encargan de buscar que este tipo de problemas sean denunciados en el terreno legal, y deberían juzgar con el mismo rasero a unos y otros en nombre de la justicia y no hacerse a un lado cuando las cosas no les convienen.

EN FIN, el caso De la Barreda puede quitarle credibilidad no nada más al cargo que ahora mantiene, sino hasta a los legisladores que hasta hoy guardan silencio ante las pesquisas de la Contaduría Mayor de Hacienda. Ni modo.

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