Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Sábado 8 de junio de 2002
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Sociedad y Justicia

Juez penal acepta la realización de nuevo peritaje

Reactivan juicio a presuntos asesinos de mujeres en Juárez

Sin sentencia, seis integrantes de la banda Los Rebeldes

RUBEN VILLALPANDO CORRESPONSAL

Ciudad Juarez, Chih., 7 de junio. Netzahualcóyotl Zúñiga Vázquez, juez quinto de lo penal, reactivó el juicio contra seis de los 10 integrantes de la banda Los Rebeldes -encabezada por Sergio Armendáriz Díaz, El Diablo-, detenidos y acusados desde abril de 1996 de asesinar a 12 mujeres en esta ciudad, sin que hayan sido sentenciados hasta hoy, pese a que llevan más de seis años presos.

El juez aceptó la propuesta del abogado Jorge Alberto Gasca Sánchez de que se realice un tercer peritaje dental de una de las mordidas que tenían en el pecho al menos cuatro víctimas, las cuales son atribuidas a Armendáriz, su cliente.

Cuando fueron aprehendidos los 10 integrantes de Los Rebeldes -cuatro están libres por diversas causas-, Irma Galarza Rodríguez, médico de la Procuraduría General de Justicia del Estado, dijo que las mordidas encontradas en las mujeres localizadas en la zona conocida como Lomas de Poleo correspondían a la dentadura de El Diablo, pero el perito dental Jaime Núñez Licón, presentado por el defensor, desmintió el resultado oficial.

Por ese motivo quedó en suspenso el expediente de los acusados, hasta que hoy el juez y el abogado decidieron reactivar el juicio con una tercera opinión del caso.

Cuando fueron arrestados en 1996, la Policía Judicial estatal los acusó de formar una banda para violar sexualmente y estrangular a mujeres jóvenes por órdenes del egipcio Abdel Latif Sharif Sharif, quien supuestamente intentaba así eludir su responsabilidad en otros crímenes, argumentando que estaba detenido mientras el verdadero culpable seguía libre.

Otros detenidos por ese caso son Jorge Contreras Jurado, El Grande; Carlos Barrientos Vidales, El Charly, y Romel Omar Ceniceros, acusados de matar a varias mujeres, entre ellas Rosario García Leal, Guadalupe Verónica Castro Pando, Olga Alicia Carrillo Pérez y dos identificadas sólo como Lucy y Thanya, de acuerdo con los expedientes 122/95 y 137/95.

Según la versión del juez, en cuanto se nombre un tercer perito dental y dé su dictamen pericial se podrá dictar sentencia.

Por otra parte, Nuestras Hijas de Regreso a Casa, organización no gubernamental (ONG), informó que decidió no sugerir nombres para designar un nuevo titular de la Fiscalía Especializada para la Investigación de los Homicidios de Mujeres, pero sí -de acuerdo con la convocatoria difundida por la procuraduría estatal tras la destitución de Liliana Herrera López por bajo desempeño en los tres meses que estuvo en el cargo- proponer el perfil que debe tener.

Rosario Acosta y Marisela Ortiz, representantes de la ONG, pidieron en un escrito enviado a la procuraduría que sea "una persona que posea un perfil académico, profesional y humano, para que pueda servir al proceso de fortalecimiento de la fiscalía".

Agregaron: "Más que sugerir a una determinada persona, lo cual consideramos es un aspecto que corresponde a las autoridades, nos gustaría que se tomaran en cuenta algunas recomendaciones respecto del perfil mínimo que debe tener quien ocupe ese puesto, cuyas principales características serán la honestidad, el prestigio, un alto reconocimiento profesional y ética".

Así, "la fiscal debe tener una trayectoria reconocida de honestidad, sin cuestionamientos que la sociedad pueda hacerle de ningún tipo; con una alta preparación, amplios conocimientos profesionales (jurídicos, trabajo social, etcétera); con experiencia profesional en el trabajo de responsabilidades sociales o públicas, y que sea una persona con probada sensibilidad ante el dolor ajeno".

Además, los candidatos "deben tener un curriculum vitae que garantice su desempeño", así como "un plan de trabajo que satisfaga y dé respuesta a la problemática existente".

La ONG propone que las autoridades proporcionen los recursos necesarios para el desempeño del fiscal, con el objetivo de que se asegure respuesta eficaz y ágil en las investigaciones, con mecanismos que también protejan a familias, representantes legales, testigos y organizaciones que apoyan a los parientes de las víctimas.

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