Teojomulquenses: habría interés de la autoridad local por oro y plata de la zona

Gobiernos de Oaxaca y federal tratan de evadir su responsabilidad en la matanza de Agua Fría: ONG

Ofrecen a deudos $50 mil de indemnización y la donación de una ambulancia, según la RODH

ALONSO URRUTIA Y VICTOR RUIZ ARRAZOLA ENVIADO Y CORRESPONSAL

Oaxaca, Oax., 7 de junio. Miembros de la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos, (RODH), visitaron la comunidad de Santiago Xochiltepec, de donde eran los 26 indígenas zapotecos asesinados el pasado fin de semana en el paraje Agua Fría, y rechazaron la política de los gobiernos estatal y federal, "que lejos de buscar una acción coordinada, adecuada y oportuna ante los hechos, para solucionar el conflicto de fondo, han optado por intentar evadir la parte de responsabilidad que tienen sobre los hechos".

La organización no gubernamental exigió a ambos gobiernos, "garantizar a los afectados una investigación rigurosa apegada a derecho y al estricto respeto de los derechos humanos, que determine con precisión la identidad de los autores materiales e intelectuales" de la matanza, "así como las posibles causas que le dieron origen".

Piden "la identificación y juzgamiento de los responsables, para asegurar que no habrá impunidad; reparación adecuada a las víctimas y familiares, así como contribución desde la esfera de su competencia, para lograr solución de los conflictos agrarios, personales y forestales que se viven en la región".

Durante la visita, los miembros de la RODH se percataron de que es necesario garantizar la atención de la salud, seguridad e integridad de los sobrevivientes, así como de los familiares de las víctimas.

La ONG recomendó "la inmediata adopción de medidas para que la intervención de la Secretaría de Gobernación (SG), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría de Reforma Agraria (SRA) apliquen un plan emergente para revisar los obstáculos que impiden la solución del conflicto entre las comunidades y con participación de éstas se formulen propuestas de solución".

Solicitaron la adecuada y oportuna intervención de la Procuraduría General de la República (PGR), "garantizando el estricto respeto de los derechos humanos de todas las personas".

Respecto de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), esta dependencia federal, mediante la participación de los pueblos y comunidades de la región, debe diseñar "un plan que atienda las necesidades más urgentes en materia de servicios públicos y posibilidades de subsistencia, asegurando que todo apoyo en dinero o en especie que llegue a las familias y comunidades, forme parte de dicho plan, con criterios claros y transparentes que eviten cualquier entrada de recursos que fomenten división entre las comunidades, desvío de recursos o inhiban la búsqueda de la justicia".

Entre los grupos que integran la RODH están el Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño, Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, Comisión Regional de Derechos Humanos Mahatma Gandhi, Centro de Derechos Humanos Ñu U Ji Kandii, Centro de Derechos Humanos Flor y Canto, Acción de Cristianos para la Abolición de la Tortura, Organización de Pueblos Indígenas de la Chinantla, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Comisión Diocesana de Pastoral Social.

Estas organizaciones civiles solicitaron que la Secretaría de la Contraloría investigue "las responsabilidades en que hayan incurrido los funcionarios públicos de la Federación, relacionadas con el conflicto que dio origen a la matanza de Agua Fría".

El informe de esta misión civil a Santiago Xochiltepec señala que los hechos "son resultado de la omisión en que incurrieron las autoridades del ámbito federal y del estado de Oaxaca, quienes dejaron de actuar con oportunidad y apego a las leyes o actuaron con irregularidades (cuando) los conflictos se iban presentando, relacionados principalmente con la tenencia de la tierra".

Otra causa, detalla, "es la constante de impunidad vigente en las diversas regiones del Estado de Oaxaca, y en particular en esta zona del conflicto, propiciada por la inacción de la Procuraduría General de Justicia del Estado y de la PGR, así como la falta de garantías por parte del Poder Judicial para ofrecer un debido proceso y protección judicial a las personas que han sido víctimas de la violencia originada en los conflictos agrarios, personales y en la disputa por los recursos forestales, especialmente, tratándose de las comunidades indígenas".

Al dialogar con habitantes de la localidad, así como con familiares de los fallecidos, la RODH se enteró de que el gobierno estatal ofreció a los familiares de las víctimas una indemnización de 50 mil pesos. Además, de la donación de una ambulancia.

Se percataron del "profundo dolor e indignación por la matanza, así como la demanda de justicia a las autoridades correspondientes. Manifestaban que las ayudas recibidas hasta ese momento eran escasas, y que no revivían a sus familiares. Apreciamos con toda claridad, que la comunidad vive un trauma colectivo de enormes consecuencias para todos sus habitantes, así como para toda la región".

Por su parte, el procurador general de Justicia del Estado, Sergio Santibáñez Franco, recibió en privado a los integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

El procurador estatal manifestó que en una reunión de trabajo ofreció a los legisladores federales una exposición detallada de la matanza de Agua Fría.

"Se explicaron detalladamente los procedimientos adoptados para avanzar en las investigaciones y se mencionaron todas las pruebas que obran en la averiguación, que dan sustento al pliego por el que se ejercitó acción penal contra 14 personas, dos menores que fueron remitidos al Consejo Tutelar y una mujer al fuero federal, originarias de Las Huertas, Santo Domingo Teojomulco."

Explicó cuáles son las líneas de investigación que se siguen y ofreció depurarlas para atender en forma prioritaria las más firmes en la búsqueda de la verdad.

Los legisladores federales ofrecieron su apoyo para gestionar ante las instancias federales una pronta intervención que coadyuve en la resolución de los problemas agrarios de la entidad. Solicitaron que se redoble la seguridad en la zona y que la procuraduría actúe conforme a derecho, pues, expresaron, el caso ha consternado al país.

El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Sergio Segreste Ríos, dijo que pese a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos atrajo el caso, esta instancia gubernamental "tiene trabajando a visitadores adjuntos de la defensoría especializada en asuntos indígenas, Efrén Zárate y Jesús Avila Ramos, en las comunidades involucradas, y a Luz María Hernández Ramírez, quien se encuentra en contacto permanente con los presuntos inculpados en el penal de Ixcotel y en el Consejo Tutelar con los dos menores ya internos".

La CEDH -abundó- "está recabando elementos que permitan ubicar las presuntas violaciones a derechos humanos de las víctimas y de los posibles responsables, (e investiga) a las autoridades estatales y federales que se encuentran por su competencia inmersas en estos acontecimientos".

Segreste sostuvo que se tienen cuatro puntos de investigación: el presunto robo, el problema agrario, la venganza y actos delictivos relacionados con el narcotráfico.

Movilización en Teojomulco

Unos 300 pobladores del municipio de Santo Domingo Teojomulco arribaron este mediodía a la capital oaxaqueña para exigir que la procuraduría estatal investigue la matanza de Agua Fría con apego a derecho, "pues hasta el momento sólo ha detenido a gente inocente".

La movilización fue convocada por el Frente Civil de la Sierra Sur, cuyo dirigente, Carlos Cruz Mozo, manifestó que detrás de los hechos violentos "existen intereses del gobierno del estado (posiblemente) por el control de los minerales que yacen en esa zona y no tienen nada que ver con el narcotráfico, madera o venganzas personales".

Detalló que en la región "hay minerales; pensamos que (...) los que hicieron esa masacre son profesionales, no campesinos".

El grupo de manifestantes, formado por estudiantes del Telebachillerato y campesinos, exigió la libertad de 17 de sus paisanos, encarcelados y detenidos presuntamente por participar en el homicidio de 26 los indígenas de Santiago Xochiltepec.

Cruz aceptó que Santo Domingo Teojomulco siempre ha tenido problemas agrarios con otros municipios colindantes, y que siempre han existido enfrentamientos con resultado de decenas de muertes, pero no una matanza y menos usando armas como AK-47 y rifles R-15.

Explicó que en la región de la Sierra Sur existe oro y la plata, sobre todo en municipios como Santo Domingo Teojomulco y Santa María Zaniza. "Al gobierno le conviene que los poblados estén peleados para apropiarse de las minas", acusó.

La mina de Santo Domingo Teojomulco se dejó de funcionar en 1940, pero permanecen las vetas que con la tecnología actual se pueden explotar.

Un agente del Ministerio Público Federal, auxiliado por agentes de la Policía Judicial Federal y de la Policía Ministerial de Oaxaca, llevó a cabo la reconstrucción de los hechos en el paraje Agua Fría, en el municipio de San Pedro el Alto, donde ocurrió la emboscada a los pobladores de Xochiltepec.

Por otra parte, personal del juzgado cuarto de lo penal de la ciudad de Oaxaca, informó que los abogados de los 17 detenidos de Santo Domingo Teojomulco solicitaron la ampliación del término constitucional, para que el juez resuelva su situación jurídica, por lo que será hasta el próximo lunes cuando se dé a conocer si se les dicta auto de formal prisión o se les decreta la libertad por falta de elementos para procesarlos.