Médicos prevén urgencia clínica en cualquier momento

El erpista Jacobo Silva cumple 48 días en huelga de hambre

Exige amnistía federal "para todos los presos políticos"

BLANCHE PETRICH

Jacobo Silva Nogales, el comandante Antonio del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), cumple este jueves 48 días en huelga de hambre en el penal de La Palma, en Almoloya; los médicos de la enfermería del lugar informaron el martes a Elizabeth, hermana del interno, los síntomas de éste: su organismo ya rechaza la miel y los dos vasos diarios de agua que ingiere, padece dolor de cabeza, náusea constante, calambres y pies inflamados. Le advirtieron que en cualquier momento puede presentarse una urgencia clínica. Silva, sin embargo, avisó a su esposa, Gloria Arenas Agis, coronela Aurora, presa en el penal de Neza-Bordo, que proseguirá su ayuno.

"No puedo retroceder, pase lo que pase, para fortalecer la esperanza de mi libertad", le dice a su compañera, que también hace ayuno, en una carta que escribió esta semana y que conoció La Jornada.

Silva y Arenas, arrestados el 19 y el 22 de octubre de 1999, son procesados por pertenencia al ERPI, terrorismo y delincuencia organizada, así como uso, posesión y almacenamiento de armas exclusivas del Ejército; también, homicidio calificado, tentativa de homicidio y daños en propiedad ajena. Otros dos detenidos, Felícitas Padilla y Fernando Gatica, son coacusados en los dos procesos abiertos contra el grupo, uno en Toluca y otro en Chilpancingo.

En la audiencia más reciente, la defensa del grupo de presuntos guerrilleros presentó dos pruebas que, de ser reconocidas como válidas por el tribunal conforme a derecho, merecerían la anulación del juicio, ya que un grupo de trabajo del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y Amnistía Internacional (AI) certifican que los cuatro acusados están sometidos a privación de libertad arbitraria.

Ambos organismos documentan en dos textos que las autoridades mexicanas han violado normas internacionales por los siguientes hechos: arresto violento sin orden o decisión jurídica sobre las detenciones; negación de acceso a abogados durante las primeras cuatro semanas; anomalías diversas en las pruebas presentadas por el gobierno, como "confesiones firmadas" obtenidas mediante tortura, falsificación de declaraciones oficiales y de exámenes médicos.

Herrán Salvatti, en la escena

Como causa paralela, Gloria Arenas demandó en diciembre de 1999 al entonces subprocurador Mariano Herrán Salvatti -identificado por ella durante el operativo en que fue aprehendida- por tortura y detenciones arbitrarias. Cuatro veces ha ratificado su denuncia, pero el caso ha sido archivado.

El grupo de trabajo de la ONU señala que el gobierno negó el acceso de los detenidos a sus abogados -que en el momento de la configuración de la averiguación previa eran Pilar Noriega, Lamberto González y Digna Ochoa-, argumentando que se trataba de un "proceso secreto, no abierto al público", figura que no está contenida en ninguna ley.

Debido a la falta de oportunidad de presentar pruebas y alegatos, el expediente registra el arresto de los cuatro coacusados en la misma fecha y en el mismo lugar, todos en Chilpancingo el 22 de octubre, pese a que Jacobo Silva fue detenido en el Distrito Federal, el día 19, y Gloria Arenas en San Luis Potosí, el 22.

De acuerdo con la abogada Bárbara Zamora, que desde septiembre del año pasado encabeza el nuevo equipo de la defensa, los documentos de la ONU y de AI constituyen dos piezas fundamentales. Fueron presentados hace tres semanas ante el tribunal unitario y se espera que durante la próxima audiencia, prevista para el 25 de junio, se emita un fallo al respecto.

El documento del grupo de trabajo, que no es técnicamente una "resolución", sino una "opinión", fue presentado al gobierno mexicano el 11 de junio de 2000. Las autoridades no respondieron dentro del plazo debido, de 90 días. Por lo tanto, esa instancia hizo público el texto. Por su parte, Amnistía presentó desde noviembre de 1999 una acción urgente sobre el caso y la ha ratificado año con año sin obtener respuesta.

Ambos organismos dan crédito a las declaraciones de los detenidos, en las cuales relatan la forma como fueron arrestados y torturados para confesarse culpables de los delitos que les imputan.

Disparos, un cadáver, un boletín de prensa

La captura de los jefes del ERPI Jacobo Silva, comandante Antonio, y Gloria Arenas Agis, coronela Aurora, fue presentada en su momento, en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de Almoloya, como uno de los golpes más importantes contra las guerrillas "malas": el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y su escisión, el ERPI.

Según la versión oficial, el grupo de guerrilleros cayó en manos de policías judiciales federales "por casualidad", durante un operativo que rastreaba a unos secuestradores, el 22 de octubre de 1999, en la capital de Guerrero.

Se les acusa de haber participado en una emboscada a un camión militar ocurrida en Guerrero, en 1996, en la cual murió un civil que manejaba un vehículo que iba atrás del transporte de soldados.

La Procuraduría General de la República (PGR) presenta como única prueba un parte de guerra en el que el EPR -aún no se escindía el ERPI- reivindica esa acción. El alegato de la defensa contra la acusación es que "hubo disparos, hay un cadáver y hay daños, pero no hay nada que señale a los cuatro detenidos como autores de los hechos".

En las diligencias de ampliación de declaraciones ministeriales, los cuatro detenidos, por separado, se desistieron de sus declaraciones preparatorias, aseguraron haber sido obligados a firmar documentos con los ojos vendados y después de varias sesiones de tortura.

Ellos cuentan otra historia.

Ocupación: guerrillero

Silva es, evidentemente, cabeza del grupo. De 41 años, nativo de Miahuatlán, Oaxaca, reconoce en una de las ampliaciones de su declaración ministerial ser "de ocupación guerrillero".

Sostiene: "No soy terrorista ni secuestrador. Estoy aquí porque he formado parte de un ejército popular desde cuyas filas he llamado al pueblo a defenderse y he ayudado a organizarse (...) He luchado por hacer realidad el ejercicio de la soberanía popular (...) No he hecho más que hacer uso del derecho que tienen los pueblos para combatir un estado de cosas injusto (...) Me atreví a dar esperanzas a los más pobres entre los más pobres y a mostrarles un camino con todos los riesgos que ello implica".

En las primeras declaraciones en que sus abogados pudieron estar presentes, expuso que fue detenido en México, el 19 de octubre, a plena luz del día. Refiere que sus captores gritaron: "šNadie se meta! šSomos de la PFP!", antes de introducirlo en un vehículo.

Dice que fue trasladado a un hangar del aeropuerto, después a "instalaciones militares", y finalmente al mismo hangar. En los tres sitios fue golpeado sin cesar. Dos días después, añadió, fue subido a un avión. Luego de un rato de vuelo fue trasladado por tierra a un sitio que no ubicaba hasta que vio que estaba frente a su domicilio, en la colonia Balcones del Valle, en San Luis Potosí.

Como en los años 70, rostros

tumefactos en las fichas

Sobre ese episodio, su esposa Gloria Arenas relata que ese día -22 de octubre- oyó disparos, se asomó a la ventana del segundo piso de su casa y se percató que estaba rodeada. Individuos con la cara cubierta, vestidos de negro y sin insignias balearon la puerta y la derribaron. Luego entraron disparando. Antes de ser arrojada al piso, vendada y esposada, logró ver que al frente del operativo caminaba un hombre vestido de civil, con el rostro descubierto.

Meses después, el 15 de diciembre, en una ampliación de sus declaraciones, identificó al hombre de traje como el entonces subprocurador Herrán Salvatti. Presentó una denuncia por tortura contra el funcionario. El 19 de julio del año pasado, cuando fue trasladada al penal de Neza-Bordo, ratificó su denuncia. Pero la averiguación permanece congelada.

Los hombres que irrumpieron en su casa sabían su verdadera identidad y su nombre de guerra, y la patearon para que ratificara los datos. Luego la llevaron a un vehículo para que identificara a su marido. Vio un cuerpo que vestía una chamarra como la de Jacobo, pero no pudo reconocer la cara tumefacta y deformada que tenía ante ella.

-ƑEres tú, Jacobo? -preguntó.

De la boca reventada salieron balbuceos incomprensibles. La sacaron de ese vehículo y la arrojaron en otro, la cubrieron con un saco y sintió que se ponían en marcha. En San Luis fueron recluidos en celdas contiguas por varias horas.

Ambos refieren como "la peor parte de la tortura" escuchar los gritos de dolor y las quejas del cónyuge. Con Gloria tomaron precauciones. Le cubrieron el estómago con una cobija antes de patearla. Pero también fue desnudada. En pezones y genitales recibió descargas eléctricas. Sufrió el pocito y otros métodos conocidos de interrogación brutal.

Gloria Arenas, de 40 años, nativa de Orizaba, egresada de la Escuela de Agronomía, se incorporó a las luchas agrarias en la sierra de Zongolica. En sus declaraciones acepta ser llamada coronela Aurora en el ERPI y asegura haber tenido responsabilidades políticas dentro de la organización.

Con Silva no hubo intención alguna de evitar las huellas de la tortura. Las sesiones fueron largas y cruentas.

Un "regalo" para Almoloya

Vendada y amarrada, Gloria percibió que la subían a una nave -avioneta o helicóptero, no sabe-, y se percató de que viajaba en compañía de otras personas, quizá su compañero, y que volaban, llegaban a algún sitio y de nuevo, en otro transporte, tomaban carretera. Se detuvieron y quisieron obligarla a firmar documentos. Como se negó, con las manos esposadas a la espalda, imprimieron sus huellas digitales en los papeles.

En una caseta de pagos, recordó, los individuos que los custodiaban se identificaron como militares. "ƑSon ustedes los que traen un regalo?", les preguntaron. Horas después ingresaron, aterrados, en el penal de Almoloya.

Junto con ellos llevaban a una pareja más, que había permanecido silenciosa hasta entonces. Sólo al entrar en el penal pudieron observarlos. Según sostienen, nunca antes habían visto a Felícitas Padilla y a Fernando Gatica. Ellos también iban golpeados y vendados. Ambos niegan totalmente los cargos imputados por la PGR.

En los certificados médicos que fueron incorporados al expediente a la hora de ser presentados ante el agente del Ministerio Público no se registraron las huellas de la tortura.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) envió visitadores a comprobar las denuncias dos meses después de que se realizaron las consignaciones. Hicieron a las mujeres una revisión médica, pero por el tiempo transcurrido las huellas de los golpes habían desaparecido. A Jacobo Silva, que todavía presentaba numerosas cicatrices, no le hicieron examen alguno.

La CNDH, a diferencia de Amnistía y de Naciones Unidas, no denuncia tortura en este caso. Cuando fueron presentados a la prensa, detrás de un ventanal blindado y empañado, encasquetaron la gorra hasta las cejas a Silva, para ocultar los rastros de los moretones y las cortaduras que aún eran visibles.

Desde su ingreso en Almoloya hasta la fecha poco ha prosperado el caso de los presuntos miembros del ERPI.

Ernesto Zedillo, el presidente que prometió combatir a las "guerrillas malas" con todo el peso del Estado -como hicieron en el pasado Gustavo Díaz Ordaz, Lusi Echeverría y José López Portillo- ya no está en el poder. Pero la procuración de justicia no ha registrado cambios y los procesos judiciales del pasado siguen su curso, con todo y sus vicios y sus confesiones por tortura.

En el ínterin, una de las abogadas, Digna Ochoa, fue asesinada. Otros dos defensores se incorporaron a funciones públicas, Pilar Noriega y Lamberto González. Y la hija del matrimonio Silva-Arenas debió salir del país, exiliada en Canadá, acosada por las amenazas anónimas.

En la carta que Jacobo Silva escribe a su esposa Gloria, desde la enfermería de Almoloya, le dice: "Sabes que los jueces actúan por consignas políticas y que no tenemos oportunidad de un juicio justo. Ante esta situación lo único que queda son las protestas pacíficas, como ésta".

Una veintena de campesinos guerrerenses presos en el penal de Acapulco iniciaron también, en los últimos días, huelgas de hambre en solidaridad con Silva y Arenas. Son acusados de pertenecer al ERPI. Acerca de ellos, el comandante de esa escisión del EPR expresa: "Tú sabes que son como mis hijos. Cuando tuve hambre siempre supe que tenían comida para mí, aunque ellos comieran menos. Ellos arriesgaron su vida en el monte conmigo cuando fue necesario, sin pedir nada a cambio, más que la esperanza y el compromiso de luchar siempre al lado de ellos. šCómo podría yo regatearles un esfuerzo cuando ellos me necesitan! šCómo podría yo, ahora que puedo, no arriesgar algo cuando ellos lo han arriesgado todo!"

La hermana del comandante Antonio, Elizabeth, reconoce que Jacobo es muy terco, por lo cual sólo volverá a comer cuando logre su objetivo. "El no pide al gobierno señales de buena voluntad ni promesas, sino un compromiso verdadero: una amnistía federal para todos los presos políticos. Eso es lo que espera".