Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Jueves 6 de junio de 2002
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Política

Abandono y pobreza, las causas, señalan legisladores del PRI

PAN y PRD responsabilizan a Fox y a Murat de la matanza de campesinos

ANDREA BECERRIL Y ROBERTO GARDUÑO

En la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el PAN y el PRD acusaron al gobierno de José Murat y a la administración del presidente Vicente Fox de ser responsables de la matanza en la comunidad de Santiago Xochiltepec. En respuesta, el PRI se limitó a reconocer que el suceso tuvo su origen en el abandono y pobreza de los habitantes de la sierra sur de Oaxaca.

El Partido del Trabajo, en voz de la diputada Rosa Delia Cota Montaño, pidió al gobierno federal ''reconozca que en materia de derechos humanos estamos igual o peor que en los pasados regímenes priístas''. Sin encontrar una línea de coincidencia para reprobar la matanza, las fuerzas políticas en la Comisión Permanente emitieron señalamientos tanto al gobierno del estado como al federal. Y como único consenso, los legisladores decidieron guardar un minuto de silencio por los 26 campesinos asesinados.

Alejandro Zapata Perogordo, vicecoordinador de la fracción del PAN en la Cámara de Diputados, señaló que el encargado de proporcionar la seguridad pública y de procurar la convivencia armónica en Oaxaca es el gobierno de José Murat: ''Y no lo mencionamos con un ánimo de descalificación, sino simplemente porque tiene un compromiso legal, político y moral, razón por la que indudablemente el gobernador de dicha entidad no puede sustraerse de sus obligaciones y responsabilidades en el esclarecimiento de los hechos y en la atención a sus comunidades''.

El panista llevó a la tribuna los argumentos que utilizan quienes descalifican al gobierno federal por no enviar más recursos para el combate a la pobreza en Oaxaca. Argumentó que esa posición es falsa, porque las transferencias y los fondos para la entidad son superiores a la media nacional.

''Se enviaron a Oaxaca cerca de 17 mil millones de pesos. Los rubros destinados a desarrollo social tuvieron un incremento entre 1998 y 2002 de cerca de 120 por ciento. Las transferencias en este apartado para esa entidad representan casi 10 por ciento de lo que se destina a la totalidad de los estados, y ocupa el tercer lugar en cuanto al monto, sólo detrás de Chiapas y de Veracruz. Los recursos del fondo de apoyo para la infraestructura social asignados a la entidad oaxaqueña están tres veces arriba de la media nacional.''

Y es que, manifestó Zapata Perogordo, si se va culpar al rezago social de la tragedia del viernes pasado, se debe exigir cuentas al gobierno muratista de los recursos destinados al combate a la pobreza. Aun así, el legislador del partido blanquiazul intentó matizar el señalamiento contra el gobierno de Oaxaca, porque llevó a colación que en la zona de la tragedia existe una amplia actividad del narcotráfico y ''se presume'' la existencia del Ejército Popular Revolucionario.

''No pasa desapercibido que si bien en esa parte del estado sus habitantes sufren de grandes carencias por la alta marginalidad, ese hecho contrasta con las costosas armas de alto poder con que contaban los criminales, con cientos de cartuchos y equipo de comunicación. Y ahora nos toca pagar las consecuencias de la negligencia y del abandono, y no caben excusas ni justificaciones, por lo que es necesario refugiarnos en el derecho y la justicia. En la aceptación de las responsabilidades que a cada quien le correspondan, sin eludir la parte de la culpabilidad por omisión de a quién le toca velar por la tranquilidad y seguridad de su pueblo.''

En seguida, el diputado perredista Miguel Barbosa sostuvo que los hechos de Santiago Xochiltepec forman parte de una combinación entre pobreza, marginación y corrupción, y la negligencia e incapacidad de las actuales autoridades para resolver viejos conflictos.

Recordó que el gobernador José Murat acusó al gobierno federal de haber otorgado un permiso para talar árboles, y la Semarnat, encargada de autorizar esas facilidades, señala a la administración de Ernesto Zedillo como responsable del conflicto. Barbosa lanzó un llamado al gobierno federal para que sea solidario con los 80 huérfanos y viudas, mediante la entrega de fondos públicos para garantizar alimentación, educación y una vida digna para todas esas personas.

La diputada del PT Rosa Delia Cota dijo que el gobierno debe empezar por reconocer que en materia derechos humanos ''estamos igual o peor que en los regímenes priístas, por los intereses caciquiles, ahora aliados con las bandas de narcotraficantes, así como de taladores de madera que se han reagrupado para constituir un poder criminal''.

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