Exigen castigar a los responsables de la reclusión injusta de Ericka Zamora y reparar el daño

CAROLINA GOMEZ MENA

Se cumplían casi 24 horas de que Ericka Zamora había dejado el penal de Chilpancingo, Guerrero, y todo estaba listo para recibirla en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, auditorio que estudiantes, representantes de organizaciones de derechos humanos y académicos abarrotaron. También se arremolinaron en pasillos y salones contiguos, en espera de que llegara Ericka, tras casi cuatro años de ausencia en la casa de estudios en la que tomó clases, de oyente, en la carrera de sociología.

En los accesos al aula, numerosos carteles, elaborados a mano, por lo precipitado de los hechos, anunciaban la conferencia de prensa, la cual comenzó minutos después de las 19 horas. Ericka se veía cansada pero "feliz". En el podium la acompañaban Enrique Dussel, profesor de la Facultad de Filosofía; Adolfo Gilly, académico de Ciencias Políticas y Sociales, y Ana Esther Ceceña, moderadora, integrante del Instituto de Investigaciones Económicas y directora de la revista Chiapas, que edita dicho instituto, así como sus padres. También estuvo el general Francisco Gallardo, quien se sumó a la demanda de que se castigue a los responsables de la matanza de El Charco.

A su entrada, en diversas ocasiones durante el acto, que tuvo una duración de poco menos de una hora, los aplausos, gritos de apoyo, goyas y demandas de libertad de los presos conmovieron a Zamora, quien señaló a este diario que su bienvenida a la máxima casa de estudios fue "emotiva, calurosa y, sobre todo, un acto de solidaridad". Además manifestó su deseo de visitar la La Jornada, probablemente hoy, para agradecer la difusión que esta casa editorial dio a su caso.

Dejó entrever que no esperaba tanto apoyo de la comunidad universitaria, mismos que horas antes, en conferencia de prensa, le externaron diversas organizaciones de derechos humanos, las que además de congratularse por la excarcelación de Zamora consideraron que ésta es sólo la primera parte de una acción de justicia.

Sobre ello, Silvia Aguilera García, directora general de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, y Miguel Concha, presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, coincidieron en señalar que falta que "haya un reconocimiento amplio de que hubo violación a las garantías, se castigue a los responsables y se repare el daño".

Habrá denuncias contra generales

En ese sentido, Ericka refrendó que dentro de algunos días su abogada, Bárbara Zamora, presentará una denuncia penal contra Alfredo Oropeza Garnica y Luis Humberto Portillo Leal, generales que estaban al frente del operativo que dejó como saldo 11 muertos en El Charco, porque ahora "se inicia la segunda parte de la lucha: el proceso de los responsables y la exigencia del pago de los daños, así como que se den indemnizaciones a los familiares de los asesinados".

Al asegurar que "no tengo rencor, miedo ni deseo de venganza", pero sí de que se haga justicia, Ericka Zamora comentó que continuará con sus labores de alfabetización en zonas indígenas, labor que desempeñaba en El Charco cuando se dieron los hechos que la llevaron a la cárcel, tras ser acusada de pertenecer al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).

Asimismo, tras comentar que su recibimiento le "caló muy hondo", confirmó que acudirá el próximo 7 de junio, cuando se cumplirán cuatro años de la matanza, a la ceremonia conmemorativa que se llevará a cabo en las instalaciones de la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos, agrupación a la que pertenecían los indígenas asesinados.

Ericka insistió en que el gobierno federal debe "ser congruente con lo que dice en sus discursos", respecto a que defenderá y garantizará la defensa de los derechos humanos. Consideró que la mejor forma es dejar libres a todos los presos políticos, que "hay muchos en las cárceles". Exigió que se promulgue la "ley federal de amnistía".

Segregación, amenazas y toques eléctricos

Relató que durante su estancia en tres penales (Acapulco, Puente Grande y Chilpancingo) vivió momentos críticos, en los que el abuso de autoridad era la norma, más aún en su condición de mujer. Sin duda los instantes más dolorosos fueron los de "tortura, cuando me amenazaban con desaparecer a mi familia, con matarlos, pero lo peor fueron los toques eléctricos".

Fue crítica, por ser mujer, su estancia en Puente Grande, penal varonil. "Allí, de hecho, las seis mujeres que nos encontrábamos vivíamos en segregación (...). Vivimos muchas injusticias, sobre todo porque a nosotras, como mujeres, se nos trataba de manera diferente. Teníamos que caminar con la cabeza agachada y las manos hacia atrás (...). El asunto de las toallas sanitarias era denigrante."

Consideró que su liberación, así como la de otros presos políticos, más que "a un cambio prometido" se debe a la "presión social". Y es que, a su juicio, el actual gobierno (en esta materia) "no nos ha dado nada gratis. Todo esto nos lo hemos ganado en una lucha constante".

Durante la ceremonia, Ericka dio lectura a dos documentos que horas antes presentó en Chilpancingo, Guerrero. El primero, un relato de cómo sucedieron los hechos aquel 7 de junio de 1998. El segundo, una petición al gobierno federal respecto a la necesidad de que sean liberados todos los presos políticos.

La recepción en Ciudad Universitaria me "dio más ánimos para seguir adelante", aseguró Ericka tras subrayar que "las rejas ni la tortura deben ser elementos que nos hagan olvidar los principios y convicciones".

Por último, indicó que no pierde las esperanzas de que México sea pronto un país en el "siempre exista la justicia y la libertad", y no como ahora, que "se sigue reprimiendo a personas que piensan diferente, porque el cambio sólo está en las palabras".