REMESAS: TIENDA DE RAYA GLOBAL
La
presencia en México de la secretaria estadunidense del Tesoro, Rosario
Marín, y los análisis que realizan ambos gobiernos con el
objetivo de abaratar los servicios de envío de dinero efectuados
regularmente por los trabajadores mexicanos desde el vecino país,
vuelven a colocar ante la opinión pública el vasto despojo
de que son objeto esos connacionales a manos de empresas que lucran con
el trabajo y el sacrificio ajenos. De acuerdo con las cifras aportadas
por la funcionaria estadunidense, los migrantes envían a nuestro
país unos 10 mil millones de dólares anuales, y 20 por ciento
de esa suma se queda en las arcas de las pocas empresas que ofrecen el
servicio de remesas o transferencias de dinero entre un país y otro:
2 mil millones de dólares.
El dinero que los trabajadores mexicanos aportan a la
economía nacional desde el país vecino representa la tercera
fuente de divisas para México, después de las exportaciones
manufactureras, las ventas de petróleo y la inversión extranjera
directa, y constituye una suma superior a los ingresos derivados del turismo.
Gran parte de esos recursos son generados por los millones
de connacionales que se internan en territorio estadunidense sin documentos
migratorios, es decir, que deben correr riesgos mortales y enfrentar toda
suerte de abusos, maltratos y violaciones a los derechos humanos por parte
de autoridades y empleadores de la nación vecina.
A su retorno temporal o definitivo a México, esos
trabajadores suelen ser, además, víctimas de abusos, extorsiones
y robos perpetrados por servidores públicos federales, estatales
y municipales. Mientras subsisten del otro lado del río Bravo en
condiciones frecuentemente atroces --marginación, discriminación,
persecución y miseria--, y conforme logran percibir algunos ingresos
y enviar parte de ellos a sus familias que han permanecido en territorio
nacional, deben resignarse a sufrir la virtual confiscación de la
quinta parte de tales envíos a manos de las compañías
que han encontrado una manera fácil de lucrar con la indefensión
de sus clientes en un ámbito no regulado por las leyes estadunidenses
ni mexicanas.
Es sabido incluso que algunas de esas empresas, asociadas
con cadenas de venta de electrodomésticos, recurren a toda suerte
de artimañas para rembolsar con mercancía a los destinatarios
de las remesas, en lo que acaba convirtiéndose en una suerte de
tienda de raya de las implacables realidades de la globalización.
Un trasfondo inocultable de esta situación exasperante
es la incapacidad o la falta de voluntad de las instituciones bancarias
de ambos países para ofrecer a los trabajadores migrantes servicios
financieros mínimamente aceptables. Los bancos estadunidenses no
atienden a los trabajadores de nuestro país porque éstos
no tienen papeles en regla, y los bancos mexicanos están muy cómodos
viviendo de los pagarés del Fobaproa-IPAB --es decir, de los contribuyentes--
como para prestar atención a potenciales usuarios de giros y transferencias.
En tal circunstancia, es positivo que los gobiernos de
ambos países --representados en este ámbito por la secretaria
Marín y por el coordinador de la Oficina Presidencial para Mexicanos
en el Exterior, Juan Hernández-- busquen fórmulas que permitan
a los migrantes escapar del atraco regular de las manejadoras de remesas.
Cabe esperar que esa búsqueda no se quede en buenos propósitos.