La presencia en México de la secretaria estadunidense del Tesoro, Rosario Marín, y los análisis que realizan ambos gobiernos con el objetivo de abaratar los servicios de envío de dinero efectuados regularmente por los trabajadores mexicanos desde el vecino país, vuelven a colocar ante la opinión pública el vasto despojo de que son objeto esos connacionales a manos de empresas que lucran con el trabajo y el sacrificio ajenos. De acuerdo con las cifras aportadas por la funcionaria estadunidense, los migrantes envían a nuestro país unos 10 mil millones de dólares anuales, y 20 por ciento de esa suma se queda en las arcas de las pocas empresas que ofrecen el servicio de remesas o transferencias de dinero entre un país y otro: 2 mil millones de dólares.

El dinero que los trabajadores mexicanos aportan a la economía nacional desde el país vecino representa la tercera fuente de divisas para México, después de las exportaciones manufactureras, las ventas de petróleo y la inversión extranjera directa, y constituye una suma superior a los ingresos derivados del turismo.

Gran parte de esos recursos son generados por los millones de connacionales que se internan en territorio estadunidense sin documentos migratorios, es decir, que deben correr riesgos mortales y enfrentar toda suerte de abusos, maltratos y violaciones a los derechos humanos por parte de autoridades y empleadores de la nación vecina.

A su retorno temporal o definitivo a México, esos trabajadores suelen ser, además, víctimas de abusos, extorsiones y robos perpetrados por servidores públicos federales, estatales y municipales. Mientras subsisten del otro lado del río Bravo en condiciones frecuentemente atroces --marginación, discriminación, persecución y miseria--, y conforme logran percibir algunos ingresos y enviar parte de ellos a sus familias que han permanecido en territorio nacional, deben resignarse a sufrir la virtual confiscación de la quinta parte de tales envíos a manos de las compañías que han encontrado una manera fácil de lucrar con la indefensión de sus clientes en un ámbito no regulado por las leyes estadunidenses ni mexicanas.

Es sabido incluso que algunas de esas empresas, asociadas con cadenas de venta de electrodomésticos, recurren a toda suerte de artimañas para rembolsar con mercancía a los destinatarios de las remesas, en lo que acaba convirtiéndose en una suerte de tienda de raya de las implacables realidades de la globalización.

Un trasfondo inocultable de esta situación exasperante es la incapacidad o la falta de voluntad de las instituciones bancarias de ambos países para ofrecer a los trabajadores migrantes servicios financieros mínimamente aceptables. Los bancos estadunidenses no atienden a los trabajadores de nuestro país porque éstos no tienen papeles en regla, y los bancos mexicanos están muy cómodos viviendo de los pagarés del Fobaproa-IPAB --es decir, de los contribuyentes-- como para prestar atención a potenciales usuarios de giros y transferencias.

En tal circunstancia, es positivo que los gobiernos de ambos países --representados en este ámbito por la secretaria Marín y por el coordinador de la Oficina Presidencial para Mexicanos en el Exterior, Juan Hernández-- busquen fórmulas que permitan a los migrantes escapar del atraco regular de las manejadoras de remesas. Cabe esperar que esa búsqueda no se quede en buenos propósitos.