Pérdida de documentos claves, entre los elementos que motivaron la decisión

Reabrió en secreto la PGR el caso Posadas

Se ha solicitado información a diversas fuentes, entre ellas el Ejército y la Iglesia católica

GUSTAVO CASTILLO, JOSE ANTONIO ROMAN, JESUS ARANDA Y ENRIQUE MENDEZ

Desde el 12 de junio del año pasado la Procuraduría General de la República (PGR) reabrió el caso del cardenal Juan Jesús Posadas, tras encontrar nuevos elementos para investigar el asesinato ocurrido el 24 de mayo de 1993, y luego de detectar que durante la gestión de Jorge Madrazo Cuéllar decenas de documentos trascendentales fueron sustraídos del expediente.

Fuentes del Grupo Interinstitucional que operó hasta el 28 de julio de 2000, cuando oficialmente el caso fue enviado a la reserva, revelaron a La Jornada que por un pacto entre la PGR y el diputado local jalisciense Fernando Guzmán Pérez Peláez la reapertura del caso permanecería en secreto para no entorpecer las nuevas líneas de investigación que serán anunciadas mañana por la subprocuradora de Coordinación General y Desarrollo de la PGR, María de la Luz Lima Malvido.

Hasta el momento, de acuerdo con los entrevistados, se ha solicitado información a distintas instancias, que involucran al Ejército Mexicano y la Iglesia católica, e incluyen la revisión de las actuaciones del Ministerio Público Federal durante la gestión de Jorge Madrazo Cuéllar.

La información fue confirmada por el propio Pérez Guzmán en Guadalajara, Jalisco, la tarde de ayer.

Incluso los informantes mencionaron que el propio legislador dio a conocer a la jerarquía católica los avances de la indagatoria, aunque no se especificó si también les reveló cuáles serían las nuevas líneas de investigación, las cuales a decir de las fuentes dejan de lado la hipótesis de la confusión.

En lo que va de esta administración, la fiscalía de asuntos especiales se encargó de realizar una minuciosa revisión del expediente y llevar a cabo un sinnúmero de diligencias que dieron como resultado que desde el 12 de junio del año pasado se reabriera el caso.

Aunque se mantuvo en absoluto secreto la reapertura del expediente SE/001/95, el análisis de la averiguación previa dio como resultado la necesidad de realizar diligencias ministeriales, y para ello se requirió tal reapertura.

El expediente permaneció hasta hoy con la conclusión de que la muerte del cardenal Posadas Ocampo se debió a una confusión, hipótesis que quedó inamovible desde 1993 con la investigación que realizó el entonces procurador, Jorge Carpizo McGregor.

Sin embargo, las fuentes consultadas aseguraron que durante una conferencia de prensa que habrá de ofrecer la subprocuradora de Coordinación General y Desarrollo de la PGR, María de la Luz Lima Malvido, habrá "sorpresas" en cuanto a las hipótesis del crimen.

Supuestamente la revisión del caso también detectó faltantes de actuaciones ministeriales, que podrían sumar decenas de oficios, incluyendo algunas declaraciones ministeriales realizadas desde 1993, entre ellas las de importantes funcionarios del gobierno mexicano durante la gestión de Carlos Salinas de Gortari, y de algunos religiosos.

Según las fuentes consultadas, algunos ex funcionarios y personajes públicos de distintos ámbitos podrían ser llamados a comparecer ante el Ministerio Público como parte de las nuevas indagatorias.

Entre las últimas diligencias que se han realizado destaca el interrogatorio a Benjamín Arellano Félix, ex líder del cártel de Tijuana, a quien se involucró en la muerte del prelado, pero éste habría asegurado al Ministerio Público Federal que él no estuvo presente en Guadalajara el día de la balacera.

Durante la 73 Asamblea Plenaria del Episcopado Mexicano, que se realizó del 8 al 12 de abril pasado, el diputado panista jalisciense Fernando Guzmán Pérez Peláez informó detalladamente a los obispos de la situación que guardaba la investigación del asesinato del cardenal Posadas Ocampo.

Los informes fueron dados a conocer en sesión plenaria y a puerta cerrada, adonde sólo tuvieron acceso los obispos; ninguno de los sacerdotes o secretarios ejecutivos laicos que colaboran con la jerarquía estuvo presente en esta sesión.

Tras conocer detalles de la investigación, los obispos votaron de manera unánime la redacción de una carta que con fecha 12 de abril fue enviada al procurador Rafael Macedo de la Concha, con copia al presidente Vicente Fox. En la carta, de escasas 13 líneas, la jerarquía católica en pleno pide "de la manera más atenta pero firme" que se siga investigando el asesinato del cardenal Posadas hasta encontrar la verdad y que se aplique la justicia.

Incluso la misiva episcopal inicia diciendo que los obispos saben que hay "suficientes elementos con sustento jurídico sólido" que permitirían reabrir el expediente, como si el legislador panista les adelantara la reapertura o el reinicio de las investigaciones.

Asimismo la carta del episcopado pide al procurador Macedo que se den todas las facilidades para que "se sigan llevando las investigaciones sin obstáculos", además de que se brinde "protección y seguridad" a las personas que están llevando la pesquisa, a fin de que no sean víctimas de hostigamiento e incriminaciones.

Por los términos en los que se expresan los obispos en esta carta pareciera que conocían ya desde ese momento que el caso había sido reabierto hacia tiempo por la nueva administración.

"La solución de este caso es una exigencia del pueblo católico de México, de nosotros sus pastores y de todos los que aman la justicia y la verdad", dice la carta suscrita por el presidente y el secretario general del Episcopado, Luis Morales Reyes y Abelardo Alvarado, respectivamente, pero avalada por los más de 100 obispos de todo el país

Ya no habrá nintendo

María de la Luz Lima Malvido expresó ayer que los videos hechos públicos por Jorge Carpizo "no amedrentan a la subprocuradora" y anunció que mañana, al cumplirse nueve años del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, la PGR presentará un nuevo informe del caso, en el que no hay "muñequitos", sino declaraciones ministeriales y periciales.

Respecto de las acusaciones de Jorge Carpizo dijo: "Tengo el apoyo incondicional del Presidente y del procurador y pertenezco a un gran equipo de trabajo".

La funcionaria, en una entrevista con Joaquín López Dóriga, respondió cada una de las imputaciones del ex procurador (autor del famoso nintendo en el caso Posadas) y refirió que la institución tiene muchos "enemigos de grupos con muchos intereses que quieren desestabilizar nuestro trabajo".

Advirtió que las imputaciones formuladas por Carpizo deberán dirimirse ante las autoridades penales e informó que la PGR "abrió una investigación y hay 10 funcionarios que son investigados".

Investigan filtración de videos

El titular de la PGR, general Rafael Macedo de la Concha, ordenó a la visitaduría interna iniciar la averiguación previa por la sustracción de los videos desde la misma tarde del pasado martes. La disposición del procurador Macedo incluyó que de inmediato se concentrara a todo el personal relacionado con el manejo de información confidencial adscrito al Centro de Desarrollo Profesional de la PGR, para iniciar los interrogatorios del caso.

Desde ese momento y durante el día de ayer, empleados de trabajo social, sicólogos, personal administrativo y camarógrafos, entre otros, fueron interrogados por personal de la visitaduría interna, confirmaron fuentes de la dependencia, las cuales señalaron que la indicación es ubicar a quien o quienes filtraron esos videos.

Según trascendió, las tres cintas que presentó públicamente Carpizo, en las que presuntamente la subprocuradora María de la Luz Lima Malvido aceptaba que perteneció de joven a "un grupo de ultraderecha" y que habría permitido "indirectamente" el secuestro de una persona, fueron tomados de dos cintas previas realizadas en el proceso de selección de la funcionaria, antes de que asumiera su cargo a fines de diciembre de 2000. Mientras que el otro video fue tomado en las mismas instalaciones del Centro de Desarrollo Profesional, previamente a su examen sicológico.

Por otra parte, tal como los recibió, en un sobre cerrado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) turnó a la PGR los tres videos que el ex procurador Jorge Carpizo McGregor presentó como supuestas pruebas de que Lima Malvido ha estado involucrada en actos de tortura y en un "grupo de ultraderecha" que sostiene la teoría del complot en el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo.

"En estricto sentido, no rechazamos (la queja), sino que al contener una denuncia de delitos, le dimos vista a la PGR porque, de acuerdo con el artículo 21 constitucional, le corresponde investigar un delito, no a nosotros", informó el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes.