Ayer, en la conmemoración del centenario de la muerte de Mariano Escobedo, el secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, expresó lineamientos plausibles para manejar el diferendo con Estados Unidos por los recursos hídricos compartidos en la frontera.

El funcionario afirmó que hasta ahora, y en tanto no se realice el "corte de caja" quinquenal previsto en el Tratado para la Distribución de Aguas Internacionales de los Ríos Colorado, Tijuana y Bravo, firmado en 1944 por ambos gobiernos, no puede hablarse de una deuda de agua. Asimismo destacó que las eventuales compensaciones de agua a que haya lugar se efectuarán atendiendo, en primer lugar, a las necesidades e intereses nacionales, particularmente en lo relacionado con las condiciones de dotación y desarrollo que se requieren en las regiones fronterizas mexicanas, y que no se obrará en función de "los intereses de otro país".

De igual manera, el funcionario aseveró que "mucho menos" se tomarán decisiones atendiendo intereses políticos, "que son los que están distorsionando la relación bilateral", en alusión al escándalo electorero montado por la clase política de Texas en torno a los recursos hídricos comunes.

Por su parte, el secretario de Energía, Ernesto Martens, al participar en la Convención Nacional de Delegaciones de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), se manifestó en contra de que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sigan siendo las "vacas lecheras" del gobierno federal; propuso que los recursos de las Afore sean canalizados a la modernización y expansión de las industrias públicas petrolera y eléctrica, y desmintió que exista en el país una emergencia o crisis inminente en materia de generación de electricidad.

El funcionario descartó también un escenario de privatización del sector eléctrico y se pronunció en todo caso por modificaciones constitucionales que permitan una "complementación" con la inversión privada, a fin de crear un mercado de excedentes energético.

Ambas declaraciones son en sí mismas positivas y pertinentes, e indican signos de moderación en el gobierno federal, tras las expresiones de sumisión a Estados Unidos y las actitudes privatizadoras a ultranza que han marcado a la presente administración.

En otro sentido, las declaraciones de ambos funcionarios contradicen la posición asumida recientemente por el presidente Vicente Fox, quien, por una parte, se comprometió hace unos días con su homólogo estadunidense a buscar mecanismos que permitan "pagar" la supuesta deuda de agua con la nación vecina y, por la otra, ha reiterado el argumento privatizador que heredó del sexenio pasado, según el cual la generación de energía eléctrica se colapsará en breve si no se recurre a la inversión privada.

Es preocupante la persistencia de semejantes disonancias --las de ayer son características-- en el equipo gubernamental. La pluralidad de opiniones es sin duda saludable y hasta consustancial a un entorno democrático, pero esa premisa no justifica la continua manifestación de posturas contrapuestas que ha sido uno de los signos de la administración foxista desde el inicio del actual sexenio.

Con ello se confunde a la opinión pública, se resta seriedad y credibilidad a las instituciones --comenzando por la Presidencia-- y se enrarece de manera innecesaria e indeseable la vida política del país.