Podría comprobarse que es más perjudicial el consumo de alcohol y tabaco, dice

Propone diputado despenalización de narcóticos

La campaña de combate emprendida por EU vulnera la soberanía de las naciones, afirma Gregorio Urías Hay un manejo hipócrita de gobiernos y medios sobre el tema

ROBERTO GARDUÑO Y CIRO PEREZ

La despenalización de la producción y consumo de drogas permitirá a las naciones en desarrollo terminar con la política antinarcóticos de Estados Unidos, la cual se ha convertido en un instrumento de espionaje, subordinación e intromisión que vulnera la soberanía de las naciones, sostiene la propuesta para enfrentar el flagelo del narcotráfico elaborada por el diputado Gregorio Urías.

Especialista en el tema del narcotráfico, el legislador señala que un proceso gradual de despenalización consistiría en analizar científicamente los efectos de las drogas prohibidas en comparación con las no prohibidas (tabaco, alcohol y fármacos); demostrar que la heroína y la cocaína provocan menos daño a la salud que el tabaco y el alcohol; emprender una consulta nacional, en cada uno de los países involucrados, sobre la pertinencia de la despenalización, e implantar un marco legal trasnacional y paralelo al proceso mundial de despenalización, con objeto de que todas las naciones se ajusten en su cumplimiento.

En un balance del combate a los estupefacientes, Urías sostiene que la llamada guerra contra las drogas, impulsada por Estados Unidos, ha sido "un rotundo fracaso", porque como negocio, la producción, tráfico y venta de alcaloides es el más lucrativo del mundo, pues genera ganancias calculadas por el mismo gobierno de Washington en 500 mil millones de dólares al año, lo que representa casi 10 por ciento del comercio mundial en el mismo periodo.

"Es ya lugar común que los diversos foros, cumbres y grupos de contacto de carácter multinacional no caminen más allá de la retórica represiva contra el narcotráfico. La penalización del consumo y de todas las actividades que les rodean ha sido impuesta por Estados Unidos, y es implementada acríticamente por los gobiernos de los países latinoamericanos."

No obstante, plantea la propuesta de Urías, el problema de fondo debe ubicarse en el campo de la economía, pues en Colombia el kilogramo de cocaína se cotiza por encima de los mil 500 dólares, y en Estados Unidos esa misma sustancia se puede comercializar hasta en 30 mil dólares. En el caso mexicano, el narcotráfico deja una derrama económica aproximada de 30 mil millones de dólares.

El documento advierte que en México el narcotráfico ya es un fenómeno delictivo que ha penetrado significativamente en las instituciones del Estado, como lo ilustran los procesos penales contra Jesús Gutiérrez Rebollo ?quien se desempeñó como titular del Instituto Nacional de Combate a las Drogas?, y de Mario Villanueva Madrid, ex gobernador de Quintana Roo.

"El narcotráfico por su alta capacidad de corromper tanto a políticos como gobiernos e instituciones, así como por su capacidad para tejer redes de complicidad institucional, menoscaba la transición a la democracia, el bienestar social y la seguridad de la nación."

Problemas de la penalización

El diputado Urías, quien ha trabajado ampliamente el tema del narcotráfico en el estado de Sinaloa, dijo que mientras el negocio del tráfico de drogas sea ilegal, y por lo tanto reprimido, se estará afectando directamente la relación oferta-demanda, asegurando con ello altísimas tasas de ganancia que, junto a la evasión fiscal, elevan los niveles de corrupción y violencia.

"Por tal motivo conviene discutir científicamente las ventajas y desventajas de una nueva estrategia internacional para despenalizar progresivamente algunas de las sustancias con las que actualmente se trafica, a efecto de ir desactivando paulatinamente el gran mercado negro de los estupefacientes".

La propuesta del legislador ubica como punto medular para el combate a las drogas la promoción intensiva mediante los medios de información, la cultura y la educación. Y también sostiene que a la fecha con el nombramiento de fiscales especiales no se aprecian resultados significativos en la lucha contra ese flagelo, y por lo tanto "se debe emprender una coordinación multinacional donde no prevalezca una estrategia dominante, y mediante métodos científicos se obtengan resultados que comprueben que es más perjudicial el consumo de alcohol y tabaco que el de la cocaína, la heroína y la mariguana".

El contenido de la propuesta tiene las siguientes líneas generales:

Educar en programas de salud y de investigación sobre las reacciones que originan las diversas drogas, y la dependencia que provocan en el ser humano, tanto en el aspecto físico como sicológico; orientar respecto al grado de toxicidad y de adicción que generan las sustancias derivadas de precursores naturales y su diferencia con las de origen artificial.

Consecuentemente, al hacer las comparaciones científicas con las drogas legales, y al realizar un debate amplio y de consulta con la sociedad, resultará un acuerdo nacional sobre qué sustancias son factibles de legalizar y cuáles definitivamente no.

Para ello, Urías propone revisar las experiencias de Holanda y Bélgica, donde se legalizaron drogas consideradas en otros países como ilegales. En caso de suscitarse un fenómeno similar, refiere el diputado perredista, "deberán tomarse una serie de medidas de control para evitar que la liberalización del consumo dispare el uso de estimulantes y se agudice el problema de salud pública, para lo cual podrían establecerse registros para regular, en algunos casos, la adicción como enfermedad y otros para fijar los grados de concentración de las sustancias".

A todo esto deberá acompañar la creación de una instancia de control, en cada país, cuyas facultades se enfoquen exclusivamente a la vigilancia de la reglamentación respectiva al tabaco, alcohol y otras sustancias ya legalizadas.

La definición de acuerdos internacionales para iniciar un proceso gradual de despenalización, no implicaría la inmediata derogación de los instrumentos legales y represivos contra el narcotráfico, sino que habría que sanearlos combatiendo eficazmente la corrupción.

"Una parte importante del acuerdo incluiría un ataque frontal a la corrupción de todas las instituciones públicas y privadas (incluida la publicidad tendenciosa y subliminal que induce el consumo de alcohol y tabaco), que de algún modo tengan injerencia en dicha problemática.

"Uno de los primeros pasos a seguir es quitar las cargas y distorsiones de orden político y evitar que siga siendo un estigma el consumo de drogas, y concederle transparencia de modo tal que revele el manejo hipócrita que gobiernos y medios han creado sobre el tema, desmistificar la vida del narcotraficante, eliminar la apología del delito y evolucionar sobre la visión amarillista de la nota policiaca."