Se incluye a directivos, funcionarios y trabajadores de Petróleos Mexicanos

Ex colaboradores de Montemayor Seguy han sido interrogados por la Fepade

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

Funcionarios y empleados de Petróleos Mexicanos (Pemex) que colaboraron con el ex director de la paraestatal, Rogelio Montemayor Seguy, y otros ex directivos, han sido interrogados por agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

El órgano dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR) busca definir si en la presunta transferencia ilegal de mil 580 millones de pesos de la paraestatal al sindicato petrolero, y de éste al PRI, se cometieron delitos que deban ser castigados penalmente, y también de tipo administrativo que deban ser conocidos por el Instituto Federal Electoral (IFE).

Esta nueva investigación se inició a partir de la denuncia presentada por el IFE en febrero pasado, y en la cual se señala la posibilidad de ilícitos que deban ser castigados y que estarían relacionados con la llamada Operación Crudo o Pemexgate, de la cual La Jornada informó en exclusiva desde el 19 de enero de este año, luego de que la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) formulara acusaciones penales ante la PGR en contra de ex director de la paraestatal y de dirigentes petroleros.

Los interrogatorios a funcionarios y empleados de Pemex han incluido al ex director de Relaciones Laborales, Julio Pindter -quien supuestamente se encuentra vacacionando fuera de México- y otras 30 personas.

Posible complicidad con líderes sindicales

Las diligencias ministeriales -que se iniciaron desde hace dos semanas- en su mayoría se han realizado por más de 30 agentes del Ministerio Público de la Federación en el interior de las instalaciones centrales de Pemex, y unas cuantas en las oficinas de la Fepade, que se localizan en la colonia Tabacalera, frente al Monumento a la Revolución.

Fuentes de alto nivel de la PGR confirmaron la información y aseguraron que los interrogatorios han arrojado muchas luces en torno a la posible complicidad entre los ex directivos de Pemex y líderes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), para transferir dinero a la campaña de Francisco Labastida Ochoa.

La Fepade indaga, en coordinación con la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO), los delitos electorales y también, a decir de las fuentes entrevistadas, la manera en que se tejió la estrategia para hacer desviar recursos de la paraestatal al sindicato petrolero y que en aparentes operaciones legales se financiara al Partido Revolucionario Institucional (PRI) para la campaña presidencial.

Las investigaciones de la PGR son realizadas de manera conjunta por la UEDO, la Fepade y la Unidad Especializada en Lavado de Dinero (UELD), además de estar coordinada con la Secretaría de Hacienda por medio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, señalaron los funcionarios de la procuraduría.

La llamada Operación Crudo ha involucrado ministerialmente a más de 50 personas, las cuales ya han comparecido ante el Ministerio Público federal y en la UEDO; supuestamente, la averiguación previa relativa a este caso ya estaría sujeta a una revisión para definir los términos en que se consignará ante un juez de distrito y, con base en ello, se soliciten las órdenes de aprehensión correspondiente.

Las investigaciones de la PGR en torno al desvío (inicial) de mil 100 millones de pesos, y posteriormente de otros 480 millones, comenzó el 10 de diciembre de 2001, cuando la Secodam acusó penalmente a Montemayor Seguy, Carlos Juaristi Septién, Juan José Domene Berlanga y Julio Pindter, en su calidad de funcionarios federales, así como a los líderes sindicales Carlos Romero Deschamps -actualmente diputado federal- y a Ricardo Aldana, senador por el PRI, entre otros.

Las indagatorias han establecido que parte de los mil 580 millones de pesos fueron canalizados por conducto de la Secretaría de Finanzas del PRI a la campaña de Francisco Labastida, mediante el uso de una cuenta bancaria en Banorte, a nombre del STPRM. Asimismo, que otros 390 millones de pesos (casi 39 millones de dólares) se encuentran depositados en instituciones financieras estadunidenses con sede en Houston, Texas.