Jenaro Villamil

Información y secrecía

Con la aprobación del Senado, por unanimidad, el pasado martes 30 de abril, de la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, culmina exitosamente un proceso de más de dos décadas y de 10 meses de intenso trabajo para tener un ordenamiento jurídico que, por primera vez, obliga al Estado a proporcionar la información que se genera con recursos públicos. Sin embargo, esto es sólo un punto de partida y no de llegada de otro proceso más amplio: transformar una cultura política basada en la secrecía, la discrecionalidad y la ausencia del escrutinio público. Vencer la práctica del rumor y contar con información veraz, pronta y plural aún no adquiere el rango de demanda y práctica ciudadana.

Este proceso por venir se puede dividir en tres grandes ejes: jurídico, político y social. En cada uno de éstos habrá tareas pendientes y causas importantes. Veamos:

Jurídicamente. A) Proceso de federalización, municipalización y división de poderes. Hasta ahora sólo existe una ley similar en Sinaloa y hay interés en impulsar normas de acceso a la información en Morelos, Puebla, Distrito Federal y Yucatán. Al ciudadano le interesará más este ordenamiento en la medida que pueda bajar a nivel municipal y se convierta en instrumento útil en la definición de servicios como educación, salud o cuidado del medio ambiente.

Por otro lado, también deberán definirse los términos que regularán el acceso a la información en los poderes Judicial y Legislativo. Ya existe interés por abrir las discusiones en la Suprema Corte y por conocer mejor los procesos legislativos.

B) Otras reformas legales. Esta ley, por sí sola, estará coja si no se refuerza jurídicamente y se demuestra su impacto en otro tipo de ordenamientos, como una ley de manejo de archivos que convierta, por ejemplo, al Archivo General de la Nación en un sistema vivo y no en un depósito de secretos; la protección de datos de personas (iniciativa que ya presentó el PRI en el Senado); una ley de medios públicos que los fortalezca como transmisores e informadores de la sociedad; otro ordenamiento para definir los criterios de publicidad de la información pública, etcétera. En otras palabras, se requiere una operación jurídica para romper con la lógica de la secrecía prevaleciente en muchas leyes. Tan sólo por mencionar dos ejemplos de los grandes secretos guardados por el Estado y que no son materia de excepción: el régimen de concesiones en radio y televisión, y la información ambiental que en el Distrito Federal y en toda la República se maneja con alto grado de discrecionalidad. La ley de acceso deberá impactar en éstos y otros rubros.

Políticamente. A) La fortaleza del órgano regulador. Esta ley no logró la conformación de un órgano con plena autonomía, pero sí venció las resistencias, propias de la cultura de la secrecía, que buscaban configurar un instituto nacional de acceso a la información fuerte en términos administrativos pero débil políticamente para sancionar, coordinar y difundir el acceso a la información. La integración de ese órgano -en los próximos tres meses- definirá en esta primera etapa hasta dónde se podrá llegar y cuáles serán los obstáculos políticos reales para abrir la información que desde siempre se ha visto como propiedad del gobernante -independientemente de su adscripción partidista- y no como un bien público.

B) La democratización de la información pública. Este es el gran proceso político por venir. En un primer momento tal vez sólo serán grandes grupos de interés, organizaciones políticas y quizá periodistas interesados más en la investigación y sistematización documental, quienes aprovecharán mejor el nuevo marco jurídico. Así ha sucedido en otros países que cuentan con leyes similares.

El ciudadano común aún tendrá que percibir en su cotidianidad que es un derecho conocer y utilizar todo dato y hecho procesado con recursos públicos (desde Los Pinos hasta Pemex, el Seguro Social o cualquier partido político) y tomar decisiones en función de esa información.

La democratización deberá impedir procesos de licitación a oscuras y decisiones polémicas, como la del aeropuerto de Texcoco o el desvío impune de recursos de grandes paraestatales a las campañas políticas. Conocer a tiempo y con veracidad la información pública será el mejor antídoto a la cultura del rumor, que desde mucho antes es una de las características de un régimen autoritario.

Socialmente. A) La pluralización de la causa. Una de las virtudes de este reciente proceso fue el activismo y la propuesta de un grupo plural de investigadores y periodistas, conocido como Grupo Oaxaca, que formaron una iniciativa de ley que ganó la mayoría en las cámaras y pudo negociar con el Ejecutivo federal en condiciones de confianza y credibilidad. La conformación de grupos plurales de expertos y ciudadanos interesados será fundamental para empujar leyes similares y nuevos ordenamientos guiados por la apertura informativa en los estados y en otros sectores. Este tema aún se ha quedado en el marco de un reducido núcleo de conocedores y no se ha socializado.

B) El cambio cultural y educativo. La secrecía es una tara de nuestra cultura de poder y una falla de nuestra educación cívica. No construimos ciudadanos concientes e informados, sino únicamente subordinados o clientelas electorales profundamente desinformadas. Educar en el derecho a la información será una tarea de amplio espectro que pasará por batallas que involucran la ley y la ética de gobernantes, comunicadores, académicos y líderes políticos.

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