A juzgar por la facilidad con que los gobiernos de Israel y Estados Unidos determinan los tiempos, las modalidades y las reglas para investigar los crímenes perpetrados por las tropas de Tel Aviv en el campamento de refugiados palestino de Jenin y otras localidades cisjordanas, la legalidad internacional ha muerto.

La credibilidad que pudo haber tenido la Organización de las Naciones Unidas como promotora y procuradora de esa legalidad se ha venido abajo ante las numerosas evidencias de que el gobierno is-raelí busca borrar las huellas del genocidio que perpetró en Jenin antes de autorizar el ingreso de una comisión investigadora internacional a los territorios palestinos reocupados. Por si fuera poco, Tel Aviv se da el lujo de exigir un equipo investigador conformado a su gusto y conveniencia.

El gobierno de Washington, proveedor de los helicópteros, misiles y fusiles con que se perpetró la masacre, establece de antemano, por medio de Colin Powell, cuál deberá ser la conclusión principal de los enviados internacionales: que el infierno de violencia y destrucción humana y material desencadenado por Ariel Sharon en los territorios palestinos --y cuyos testimonios fotográficos, videográficos, auditivos y textuales llegaron al mundo entero-- no existió nunca, y que el genocidio de Jenin fue en realidad una pulcra operación policiaca contra un puñado de terroristas.

En lo que concierne a los acuerdos impuestos --que no negociados-- por Tel Aviv y Washington sobre el cese del arresto domiciliario que las tropas israelíes han mantenido al presidente palestino desde principios de diciembre pasado, es claro que expresan no un elemental afán de justicia, sino la abrumadora superioridad militar de los invasores sobre los vencidos: los presuntos responsables palestinos del asesinato del ministro israelí de justicia, Rehavan Zeevi, perpetrado en octubre, serán puestos a disposición de guardianes estadunidenses y británicos en la zona de supuesta autonomía palestina de Jericó; en cambio, los efectivos y mandos israelíes culpables de asesinar y herir civiles y de destruir viviendas paupérrimas tendrán, a lo que puede verse, una impunidad garantizada.

Toda la perversidad de Estado empeñada por Washington y Tel Aviv en evitar que lo ocurrido en Jenin sea sancionado, investigado, e incluso conocido por el mundo, contrasta con la ingenuidad de suponer que de esa manera se garantiza la seguridad en Israel y el sojuzgamiento indefinido de los palestinos. Por el contrario, con la soberbia y la ceguera característica de los poderosos, Israel y Estados Unidos han venido efectuando una siembra de odio de magnitudes y alcances generacionales, y la comunidad internacional no ha movido un dedo para evitar semejante tragedia.