Nora Patricia Jara
Derechos humanos: Ƒpara qué?
El 20 de abril pasado, la Asociación Civil Católicas por el Derecho a Decidir recibió la décima edición del Premio Nacional de Derechos Humanos Sergio Méndez Arceo, por buscar el reconocimiento de los derechos de las mujeres para elegir voluntaria y libremente su maternidad. Los beneficios de tal distinción se utilizarán para reivindicar el trabajo a favor de los derechos fundamentales de la abogada Digna Ochoa y Plácido.
A poco más de seis meses de su muerte, la PGJDF no tiene prácticamente resultados en las investigaciones de este crimen. Hoy, hasta los tibios ofrecimientos para garantizar que no se fabricarán culpables son insuficientes ante el silencio de la autoridad, aunque sabemos que la justicia toma su tiempo y aquí en nuestro país tarda más.
Para agrupaciones como CDD el fallecimiento de la ex religiosa es resultado de su lucha por las garantías civiles, labor que la hizo relacionarse profesionalmente con el general Francisco Gallardo, entonces preso y ahora presente en las instalaciones del respetado Instituto México, donde se resaltó el trabajo y la actitud de una persona comprometida consigo misma y que consideraba una premisa: todo hombre y mujer tienen derecho a una defensa.
Su comportamiento, aseguran familiares y colaboradores, no era el de alguien que quisiera quitarse la vida, como aduce una de las líneas de investigación. Por lo pronto la falta de resultados retrasa los trabajos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la que, una vez concluidas las indagatorias, realiza una revisión jurídica, para lo cual deberá documentar los últimos cinco años de la vida de Digna Ochoa. Así, los titubeos para informar verdaderos avances hacen pensar que se carecen de líneas a seguir contundentes para saber cómo murió la ex monja defensora de campesinos ecologistas, litigios que, insisten las organizaciones civiles, fueron los que la llevaron a la muerte.
Para la autoridad, y hasta para algunos representantes de la CIDH, no se descartan supuestamente todas las hipótesis y a la anterior la consideran una más, a la vez que reiteran su intención de seguir en las pesquisas: su vida personal e íntima, sus relaciones con distintas agrupaciones, incluyendo la que representaba; en contraste, advierten familiares y colaboradores, se aborda tímidamente la versión de la intromisión de la activista con fuerzas oscuras de la sociedad.
Es en este marco que las Católicas por el Derecho a Decidir optan por crear una fundación que otorgue un galardón con el nombre de la mal lograda abogada. La asociación civil es parte de Catholics for a Free Choice, organización que el año pasado promovió, junto con más de 100 organizaciones católicas en el mundo, una campaña internacional para demandar al Vaticano disculpas públicas por los actos de violencia en contra de las mujeres dentro de la Iglesia. En el Llamado a la rendición de cuentas, denunciaron violaciones y abusos sexuales contra monjas y religiosas por parte de sacerdotes en 23 países, solicitando a Roma su total cooperación para que autoridades civiles revisen las denuncias de hechos de violencia internos para castigar a los sacerdotes involucrados y promover la reparación del daño a las víctimas. Desde 1990 la Iglesia católica abrió una investigación sobre lo que, asume, son "conductas inapropiadas" de algunos de sus miembros ante el creciente número de denuncias que se hicieron en esa época. Sin embargo, hasta la fecha siguen sin conocerse los resultados de las indagatorias.
Por último, hablando de reconocimientos, en estos días, en la sede de la cancillería mexicana se otorgó el premio María Lavalle Urbina a la Asociación Civil Comunicación e Información de la Mujer y a Esther Chávez Cano, activista que ha dado puntual seguimiento a los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez. En el discurso de la parte oficial se destacó la defensa de los derechos humanos, entre los que supongo está el pinchurriento derecho a la libertad de expresión.
