CIUDAD PERDIDA
Miguel Angel Velázquez
GDF: aciertos y desaciertos
EL GOBIERNO capitalino inició ayer otra lucha contra el Ejecutivo federal, la Secretaría de Gobernación y la Cámara de Senadores, que en materia de "desaparición forzada de personas" habían logrado crear un manto de impunidad en contra de miembros de las fuerzas armadas violadores de los derechos humanos.
EL DE ayer no fue un día, digamos, feliz para el gobierno capitalino. En la Asamblea Legislativa se acordaron tres puntos en contra de los deseos o la visión de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que tal vez puedan cambiar algunas de las prioridades de la administración actual, pero ninguna de ellas tan importante como esta lucha en contra de la impunidad que se emprendió, además de legal, por convicción.
RESALTA EL hecho porque las promesas del gobierno federal por velar por los derechos humanos ha sido un tema controvertido en los últimos días. Preocupación y condenas, así ha respondido el gobierno federal frente a los hechos que rompen los derechos humanos en algún país, pero aquí, en el nuestro, se echan paladas de conceptos sobre las recomendaciones internacionales para desviarlas y transgredirlas.
EL GRUPO de madres de desaparecidos que encabeza Rosario Ibarra de Piedra ha luchado prácticamente solo frente al poder con el fin de acabar con la impunidad y exigir castigo para quienes secuestraron a sus hijos.
AHORA LOPEZ Obrador, su gobierno, se suma al reclamo, consciente de quién es el enemigo, de cuáles son los intereses que se protegen y busca en la decisión de la Suprema Corte un fallo que rompa las telarañas que cubren a los autores no sólo de las desapariciones forzadas, sino también de quienes hicieron de la violación de los derechos humanos un oficio.
POR TODO ello debe tenerse en cuenta el esfuerzo del Ejecutivo local, pero de ninguna manera podría olvidarse que es la lucha de las mujeres, desde hace más de dos décadas, la que se opone de manera firme a las atrocidades cometidas contra la sociedad civil.
EN ENERO pasado, el día 18 para ser precisos, es decir, en el transcurso de este gobierno tan preocupado por los derechos humanos, se crearon las bases jurídicas para dotar de sustento legal a la impunidad, pero por si fuera poco, días después, el 27 de febrero, se publicó en el Diario Oficial una fe de erratas para concretar el asunto.
SOLAMENTE DEBEMOS recordar que en noviembre de 2001 la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en un informe especial sobre el periodo al que se ha llamado guerra sucia, se estableció el carácter ilegal de las desapariciones, la intervención de funcionarios -en muchos casos con nombres específicos-, la existencia de cárceles clandestinas y la negligencia del Ministerio Público, que no investigó las denuncias de los familiares de los civiles a quienes se violaron sus derechos, entre otros asuntos.
SIN DUDA será una lucha larga en la que las mujeres, que por años y años han buscado justicia prácticamente solas, ahora encuentren respaldo en una instancia gubernamental que sustenta con esto aquella casi olvidada premisa: la valentía.
ciudadperdida-[email protected]
[email protected]
