León Bendesky
Huelga italiana
Desde hace 20 años no ocurría una huelga general en Italia y se han dado las mayores concentraciones políticas del periodo de la segunda posguerra, es decir, en más de medio siglo. Las movilizaciones masivas de las últimas semanas han marcado la confrontación política entre los grandes sindicatos obreros y el gobierno de Silvio Berlusconi.
Esto es llamativo no sólo por el asunto de las reformas laborales que quiere implantar el gobierno, sino por lo que parece ser una renovada capacidad de diversos grupos de la población para salir a la calle a manifestar sus posiciones. Así ha ocurrido, por ejemplo, con las protestas contra la globalización en varias ciudades del mundo o aquélla de índole local en Barcelona por el embalse del río Ebro. Este es un aspecto relevante de la vida colectiva en una época en que ha habido más bien pocas resistencias a las formas vigentes de gestión de las políticas públicas. Será bueno ir redefiniendo la relación entre la sociedad y el Estado para limitar la unilateralidad que la ha caracterizado en las últimas décadas. Esto daría un nuevo y más rico contenido a los procesos económicos, así como mayores espacios a la participación social.
En el centro de las recientes protestas en Italia, que llevaron a la huelga general del 16 de abril, está la propuesta de modificar el artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores que impide el despido libre por parte de las empresas, o sea, que no se reinstale a quien sea despedido injustificadamente y que reduciría la rigidez del mercado laboral. Hay una coincidencia entre el gobierno y los sindicatos de que el efecto práctico de dicha modificación sería limitado. No obstante, el asunto es percibido por ambas partes como el inicio de los que podrían ser cambios mucho más relevantes en las leyes laborales. La reforma laboral está cada vez más en la disputa de las formas de funcionamiento del capital en las condiciones de la competencia en los mercados mundiales. El tema de la flexibilidad del mercado de trabajo es uno de los que se discuten en todas partes y uno de los argumentos que plantea en México la Secretaría del Trabajo.
La Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL) es la principal central obrera con más de 5 millones de afiliados y fue una de las organizadoras de la huelga. Ya había convocado a una gran marcha el pasado 23 de marzo, que sirvió de preparación para el reciente paro general de ocho horas. Su secretario general, Sergio Cofferati, es hoy de los más visibles líderes de la izquierda y mantiene posiciones que dan cuenta de las expresiones en el terreno de las reformas. Cofferati critica a Berlusconi por la mezcla política que hace con la imitación del neoliberalismo anglosajón y la aplicación de medidas de tipo populista. De ahí mantiene que se reconoce la legitimidad del gobierno de Forza Italia y que no se busca su caída, como ya había ocurrido en 1994 en su primer gobierno y a la que contribuyeron las protestas sindicales. Se trata, explica el secretario general, de lograr el cambio en parte de la política económica y social que aplica el gobierno conservador. Para ello hay una serie de exigencias centradas en los derechos laborales y en su aplicación universal a los trabajadores. No es, pues, una cuestión de nuevas demandas o de una oposición radical al gobierno y, al parecer, se trata aun menos de un proyecto alternativo de la izquierda para gobernar.
La CGIL busca que se acojan las exigencias que promueve en el ámbito laboral y con ello muestra que la izquierda sindical tiene por ahora posturas limitadas que quiere sostener de manera decisiva. Llama la atención que no hay un cuestionamiento genérico de la política económica y social del gobierno, pero sí un planteamiento que delimita la ubicación de las partes que tienen intereses contrapuestos. Esta política sindical parece identificar los intereses particulares de sus afiliados, cuya defensa podría ir articulando una nueva política de izquierda con el apoyo de otros grupos.
Cofferati distingue así, por un lado, la representación social que se ejerce desde un sindicato como la CGIL y, por el otro, la representación política que se hace desde los partidos. Esta no es una distinción trivial que, tal vez, puede hacer más efectiva las formas de organización y las demandas sociales.
También llama la atención que en la etapa política actual la izquierda no puede dejar de replantear sus posiciones y sus demandas con objetivos precisos y bien definidos. Su efectividad desde la oposición no puede partir de los prejuicios, de visiones estáticas sobre lo que ocurre, de una apuesta al fracaso del gobierno o de esperar un colapso económico y social, que lo único que parece hacer es liberar las conciencias, pero con lo que no se refuerza su capacidad política ni se abren espacios útiles de disputa en el campo de la sociedad.
