Sergio Valls Hernández

El informe de la ONU sobre la justicia

El informe que el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Dato'Param Cumaraswamy, presentó en Ginebra ante la 58 sesión de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre el sistema judicial mexicano, hay que señalarlo, es irreflexivo, revela desconocimiento de su estructura, funcionamiento y atribuciones, demuestra ligereza al formular aseveraciones que carecen de sustento; deliberadamente hace juicios de valor precipitados -estuvo sólo 10 días en nuestro país- y, por lo mismo, insustanciales; a la vez pasa por alto los avances que en materia de justicia federal se han logrado.

La manufactura del informe es verdaderamente infortunada, pues de entrada no se advierte la más mínima concordancia entre la forma en que fueron dispuestas las premisas a debatir, en relación con las conclusiones obtenidas.

Para quienes tienen conocimiento, aunque sea somero, de cómo operan y a qué niveles de gobierno pertenecen los órganos de justicia en el país, basta una leída al documento para concluir que en su conformación, la utilización de métodos de investigación universalmente acreditados para dar certeza a los resultados o recomendaciones sugeridas fue exigua, si no es que nula.

En estas condiciones, el informe es un compuesto imperfecto, falto de técnica de organización indispensable para establecer las jerarquías y los ámbitos de competencia de los diferentes organismos públicos responsables de hacer realidad, en todo lo posible, una "justicia absoluta", en la amplitud que el término mismo demanda.

Incluso podría señalarse que el referido documento sin distingo alguno lo mismo hace observaciones que emite conclusiones y arriba a recomendaciones en materias legislativa, ejecutiva y judicial, y todavía más, al referirse a este último aspecto, omite fijar límites y contornos de la justicia local y federal. Lógicamente, al concluir y formular sus opiniones en este sentido, cae en graves desaciertos, al meter en un solo embudo, sin distingo alguno, calificativos que lesionan por igual la imagen de la justicia federal que la local, cuando en realidad, sin pretender denostar a nadie, las diferencias entre ambas son notorias; sin embargo, el relator de la ONU, sin detenerse a meditar el posible deterioro que sus recomendaciones podrían causar, lisa y llanamente evita diferenciar y se limita escuetamente a señalar que "...observa una disparidad entre la calidad de la justicia impartida por los tribunales federales y la de los tribunales de los estados".

Igualmente, se ocupa de tribunales federales y posteriormente de locales, para luego volver a los primeros porque los temas que se tratan así lo requieren, mas no porque anticipadamente se hubiesen establecido prioridades de acuerdo con la agenda judicial pendiente, tanto de la sociedad como de cada uno de los tres poderes de la unión. Esto conlleva desconocer a nivel internacional los múltiples progresos que por mérito propio tienen las instituciones encargadas de la justicia federal.

No es admisible que un funcionario, al que necesariamente su rango obliga a actuar con responsabilidad y seriedad, lo haga con tal ligereza y superficialidad.

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