Ť La Asamblea Legislativa está a tiempo de corregir su error, señala Julio Escamilla

Exige el MUP dar marcha atrás a las reformas inquilinarias, o emprenderá movilizaciones

Ť Piden al Tribunal Superior de Justicia evitar juicios amañados y desalojos de escritorio

GABRIELA ROMERO SANCHEZ

Integrantes del Movimiento Urbano Popular (MUP) exigieron a la Asamblea Legislativa corregir "errores" u "omisiones" y dar marcha atrás a las reformas que en materia inquilinaria impulsó Carlos Salinas de Gortari, porque de lo contrario, amagaron, iniciarán una serie de movilizaciones sociales, similares a las efectuadas en agosto de 1993, cuando incluso entraron al salón de plenos de la Cámara de Diputados.

Reunidos en las escalinatas del recinto legislativo de Donceles y Allende, recriminaron que algunos militantes del PRD hayan permitido la entrada en vigor de las reformas salinistas, cuando durante más de ocho años se habían opuesto a ello. "No entendemos por qué se dio ese cambio", aseveraron.

Lamentaron las afirmaciones del secretario general de PRD, Agustín Guerrero, quien la semana pasada declaró a este diario que luego de analizar el tema de la vivienda se llegó al acuerdo de "no abrir el expediente de las rentas congeladas", porque el problema no se limita a esto, sino incluye las reformas hechas a los códigos civil y de procedimientos civiles por Salinas de Gortari.

En este sentido, Julio Escamilla, a nombre del MUP, recordó que desde el inicio de su lucha, en 1993, la demanda fue la derogación de las reformas e iniciar un proceso amplio de discusión que sirviera de base para elaborar una propuesta de ley inquilinaria.

Ante alrededor de un centenar de integrantes del MUP, Escamilla dio lectura a un comunicado en el que se asevera que la Asamblea Legislativa cometió un error, pero "está a tiempo de corregirlo en un periodo extraordinario, además de generar un proceso de discusión y reflexión en las organizaciones sociales"; advirtieron que si los diputados no muestran sensibilidad y disposición para enmendar su equivocación, "estamos en el preámbulo de una amplia movilización y por la vía de la presión social parar las reformas salinistas".

Puntualizaron que con la entrada en vigor de esas reformas se deja en la indefensión a más de 350 mil familias, porque su situación en materia de vivienda en renta se encuentra en litigio en los juzgados civiles. Igualmente, alrededor de 710 mil personas (7.8 por ciento de la población del DF) que habitan en 113 mil 205 viviendas, están en la incertidumbre sobre cómo se aplicarán las reformas salinistas.

Al Tribunal Superior de Justicia del DF le pidieron evitar juicios "amañados y desalojos de escritorio, tomando en cuenta la problemática social que significa la vivienda en renta, para aplicar con justicia social el derecho".

Anunciaron que el martes 15 celebrarán una asamblea popular inquilinaria frente al recinto legislativo, con el propósito de impulsar una lucha que concluya con el reconocimiento de los derechos de los inquilinos.

Por último, se manifestaron en contra de la propuesta de algunos diputados del PRI en el sentido de que el Gobierno del DF entregue créditos a las personas que resulten afectadas por los desalojos. "Esos son paliativos, lo que queremos es que se modifiquen los códigos civil y de procedimientos civiles, regulando los intereses tanto del arrendatario como del arrendador".

Por su parte, al término de una reunión privada de más de tres horas, el diputado perredista Edgar Torres Baltazar informó que llegó a consensos con su compañero de fracción Adolfo López Villanueva a fin de firmar un punto de acuerdo en el que se incluyen las propuestas del priísta Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y del panista Rolando Solís, y además discutir si se presentará una iniciativa de ley en materia inquilinaria o sólo se derogarán algunos de los artículos de los códigos civil y de procedimientos civiles.

Puntualizó que es incorrecto seguir hablando de rentas congeladas, porque este régimen desapareció en 1996. "De lo que estamos hablando ahora es de rentas bajas", aclaró Torres Baltazar.

Agregó que falta definir si el punto de acuerdo se presentará durante el periodo extraordinario, programado para el 24 de enero, mientras que la derogación de "los artículos promovidos por Salinas con aristas filosas" se deja para el periodo ordinario de marzo.