MP y juzgado se culpan mutuamente de  exoneración a ex funcionarios del IPAB

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

La exoneración de cargos por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y cohecho a León Alberto Schietekat Ballesteros, ex director de investigaciones de Bancomext, y a Eugenio González Sierra, ex director jurídico adjunto del Instituto de Protección al Ahorro Banario (IPAB), ha provocado una disputa para determinar de quién es la responsabilidad de que no estén en la cárcel y sujetos a proceso penal por esos ilícitos tipificados de graves.

Por un lado se culpa al Ministerio Público; por el otro, al secretario de acuerdos en funciones de juez del juzgado tercero de distrito en materia penal, Ramón Esquivel Ortiz.

En el primer caso, fuentes oficiales difundieron la versión de que Ramón Esquivel no encontró elementos suficientes para procesarlos porque el Ministerio Público no aportó las pruebas suficientes y que las presentadas en grabaciones se reunieron de manera ilegal.

Mientras en el segundo, procedentes de los mismos círculos de la justicia mexicana, se aseguró que el secretario no estudió a profundidad el expediente, que en su resolución existen contradicciones y que no consideró las pruebas de la responsabilidad penal de ambos ex funcionarios.

Lo único cierto es que Schietekat Ballesteros y González Sierra permanecieron tres meses bajo arraigo domiciliario, Grupo Bursátil Mexicano (GBM) puso una denuncia en su contra y aportó grabaciones de la extorsión, la Procuraduría General de la República (PGR) consignó la averiguación previa y la titular del juzgado tercero, Miriam del Perpetuo Socorro Rodríguez Jara, accedió a otorgar la orden de aprehensión por seis delitos, tres de ellos graves.

Días después de la consignación de ambos ex funcionarios, el suplente Ramón Esquivel Ortiz determinó que no procedían las acusaciones por delitos graves, y les fincó responsabilidades por abuso de autoridad, uso indebido de información sobre clientes y operaciones del sistema bancario, así como tráfico de influencias.

González Sierra y Schietekat Ballesteros obtuvieron su libertad tras depositar una fianza de 8 millones de pesos cada uno.

En el expediente integrado por 18 tomos, León Alberto Schietekat Ballesteros reconoció durante una declaración ministerial que Eugenio González Sierra le propuso extorsionara a GBM Atlántico y abriera cuentas en el Principado de Andorra para depositar el millón y medio de dólares que se exigió al grupo financiero como pago de sus servicios para que se liberara un fideicomiso.

En la misma declaratoria, el ex director de investigaciones de Bancomext aceptó que utilizó parte del dinero obtenido para la compra de un vehículo y reveló la manera en que ordenó a los representantes de GMB Atlántico cómo debían depositar el dinero en cuentas donde no aparecían sus nombres.

Pero ni eso sirvió para que se les decretara formal prisión por cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

El secretario en funciones del juez consideró que la PGR realizó durante la investigación en contra de Schietekat Ballesteros y González Sierra "intervención telefónica ilegal" para acreditar la responsabilidad de los ex funcionarios en esos delitos.

Sin embargo, las grabaciones sobre la manera en que se fraguó el chantaje fueron hechas por los propios representantes de GMB Atlántico.

Además las fuentes que defendieron la labor del secretario de acuerdos dijeron que "la no acreditación de delitos se debió también a errores en la integración de la averiguación previa".

También señalaron que para documentar el delito de lavado de dinero se formuló la acusación con documentos de la Procuraduría Fiscal "sin sellos ni firmas, como tampoco con la validación de un notario", con lo cual, de acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no existe la evidencia documental que demuestre la certeza de las imputaciones.

Además, se dijo que este delito no se acreditó porque ni Schietekat Ballesteros ni González Sierra hicieron personalmente las transferencias de capital, primero a un banco en Estados Unidos, concretamente a Nueva York, y posteriormente a una institución del Principado de Andorra.

Pero documentos enviados por autoridades de Andorra muestran la manera en que el dinero fue transferido por Schietekat a México y que una parte se utilizó para la compra de dos vehículos.

Por último, se dijo que tampoco se pudo probar de "manera fehaciente" que el testigo de cargo haya sido presionado para entregar el dinero.

A este respecto, se agregaron al expediente las grabaciones realizadas por los representantes de GMB Atlántico, en las cuales se escucha la negociación para el pago de un millón y medio de dólares.

Al Ministerio Público el secretario de acuerdos le indicó que primero la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo debió realizar un análisis y que no se llevó a cabo. El Ministerio Público estima que el delito se persigue de oficio.