Las promociones de amparo contra diversas disposiciones del paquete fiscal recientemente aprobado por mayoría en el Congreso de la Unión han ido acompañadas de una pluralidad de voces que descalifican, en muy diversos tonos y con muy contrastadas intenciones, al Poder Legislativo, a los diputados y senadores, a los partidos políticos y hasta los procedimientos clásicos de la democracia representativa.

Ciertamente, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos acordados y votados en las últimas horas del añoo pasado por ambas cámaras son por demás perfectibles y no están exentos de absurdos y dislates --considerar las computadoras de más de 25 mil pesos "artículo de lujo", pero no hacer otro tanto con los yates, por ejemplo--, pero constituyen, en lo general, un buen punto de partida hacia un consenso sobre la clase de país y de sociedad a la que aspira la sociedad mexicana. Adicionalmente, las disposiciones presupuestarias y fiscales referidas fueron muestra de una voluntad negociadora por parte de las principales formaciones partidarias y constituyeron, en esa medida, un avance de la civilidad y la institucionalidad democrática.

Uno de los argumentos más socorridos por parte de los detractores del presupuesto y la miscelánea fiscal es que los legisladores "tuvieron miedo" de los votantes y no quisieron, en consecuencia, aprobar la propuesta original del presidente Vicente Fox que pretendía gravar con IVA alimentos y medicinas. Tal reproche es por demás absurdo, porque en el fondo critica a los representantes populares por defender los intereses de sus representados y, a fin de cuentas, recrimina a los políticos que se comporten como tales.

Un alegato particularmente deplorable y peligroso, en medio del coro de críticas y de los procesos legales desatados por las resoluciones legislativas de diciembre, es el que apunta el alto costo económico de la democracia. Se trata de una postura doblemente repudiable: por falaz --toda vez que la corrupción a que da margen la antidemocracia ha sido, a fin de cuentas, mucho más onerosa que mantener a los partidos y a las instituciones republicanas-- y porque conlleva un inocultable dejo de añoranza por los tiempos idos del hegemonismo político, la intolerancia y el autoritarismo.

Son muchos, sin duda, los descontentos generados por la miscelánea fiscal y el presupuesto negociados en el interior del Congreso; más aun, algunos están plenamente justificados. Pero también ha de considerarse que las siete décadas del priísmo dejaron, en diversos sectores de la economía nacional, el hábito de la exención impositiva a cambio de la fidelidad política y electoral, y que la sociedad, en su conjunto, debe resignarse y habituarse a pagar impuestos. Finalmente, esta vez el Congreso hizo su trabajo y, en términos generales, lo hizo bien.