Señora directora: Los caricaturistas somos autores de obra gráfica que contribuye a reforzar la identidad político-cultural de los mexicanos. Por ley, los derechos autorales de nuestra producción pasan a ser propiedad de la nación después de 75 años de usufructo personal, y en tanto no tenemos el apoyo de prestaciones sociales, gastos médicos, ni fondos de jubilación o retiro. A cambio de esa contribución histórica, la ley correspondía a los autores con una exención de impuestos, correspondencia legal y sólidamente fundada que, ahora, en la reciente reforma fiscal, sin consulta ni auscultación alguna, nos retiran.

Por esa razón los caricaturistas políticos protestamos por ese maltrato a los autores y declaramos que defenderemos con distintas acciones nuestro derecho a recuperar la exención fiscal, porque los fundamentos históricos, culturales y sociales que le han dado legitimidad no han variado y porque la contribución cultural de nuestra obra supera suficientemente los impuestos que hoy pretende cobrarnos el Estado.

Igualmente manifestamos nuestra solidaridad con las diferentes organizaciones autorales que ya están defendiendo ese derecho.

Ahumada, Aragonés, Aarón, Boligan, Carlucho, Calderón, Cees, Castruita, Edmundo, Efrén, El Fisgón, Falcón, Helioflores, Helguera, Hernández, Jans, Kemchs, Landy, León, Luis Fernando, Luy, Magú, Monsi, Naranjo, Nerilicón, Omar, Patricio, Palomo Perujo, Quezada, Ríctus, Rocha, Rius, Tacho, Yo

Comentarios a artículo de James Petras

Estimada Carmen: Te ruego publicar estas líneas sobre el desdichado y peligroso artículo de James Petras publicado como Perfil en nuestro periódico. Para ahorrar espacio, me adhiero a las críticas al mismo planteadas por Adolfo Gilly. Sólo agregaré que en ninguna época ni en ningún país, desde que existen los intelectuales, son o han sido una masa homogénea y, por lo tanto, no es nuevo que un buen sector de ellos sirva al poder. Entiendo que la ola patriotera y chauvinista que barre EU desespere a los pocos que se oponen a la misma, pero eso no da motivo alguno para condenar en masa --ni siquiera en EU y mucho menos en el resto del mundo-- a los intelectuales (que abarcan desde los estudiantes y sus profesores hasta los periodistas, muchos de los cuales, desconocidos, hacen lo que pueden contra la melma maloliente que viene de los medios de comunicación). Agrego también que Petras sostiene nada menos que "la oposición a los dictadores locales queda subordinada a la lucha antimperialista".

Con ese criterio no debería haber habido una Revolución Rusa, ya que los revolucionarios hubieran suspendido su acción contra el zar para concentrarse en expulsar a los invasores alemanes; no debería haber habido revolución en China, ya que los comunistas se deberían haber aliado con Chiang Kai Shek y los campesinos hambrientos de tierra con los terratenientes nacionalistas para combatir a los invasores japoneses, y nadie en Argentina debería haber combatido contra la dictadura para unirse en cambio a los dictadores en la guerra de las Malvinas contra el imperialismo inglés. Si es deber de los demócratas (intelectuales o no) de los países imperiales luchar contra la política imperialista de su propio gobierno, es igualmente obligación de los demócratas en los países dependientes luchar contra "sus" dictadores y no solamente contra los dictadores extranjeros al mismo tiempo que rechazan a éstos.

Guillermo Almeyra

Ratifica ONG violación a DH en operativo

Señora directora: Hacemos algunas precisiones a la inserción pagada por el gobierno del estado de Chiapas, publicada el 2 de enero de 2002, en relación a las violaciones a derechos humanos cometidas durante el operativo policiaco del 27 de julio de 2001 en el ejido San José, del municipio de Marqués de Comillas.

El pasado 7 de diciembre de 2001, miembros del Barrio San José y el CDH Fray Bartolomé de las Casas dimos a conocer a la opinión pública y los medios de comunicación un reporte especial del operativo realizado por el gobierno del estado el 27 de julio del año 2001, en el Barrio San José del municipio de Marqués de Comillas, Chiapas, para el rescate de seis funcionarios que fueron secuestrados en el vecino ejido de Zamora Pico de Oro el 21 de julio de ese mismo año.

Cabe recordar que la Procuraduría de Justicia del estado coordinó este operativo policiaco, del cual resultaron detenidas 69 personas y una menor de edad que iba con su madre, así como seis menores de edad que fueron trasladados al Tribunal de Menores Villa Crisol en Tuxtla Gutiérrez.

La mayor parte de los detenidos fueron golpeados y amenazados, otros torturados y algunos de ellos presentaron fracturas en diversas partes del cuerpo, particularmente con fuertes heridas en la cabeza y en la cara. Los peritajes médicos certifican 68 lesionados. Entre estos, tres fueron gravemente heridos, por lo que fueron hospitalizados.

Elementos de la Policía de Seguridad Pública les robaron pertenencias personales y allanaron las casas con violencia para sacar a los hombres por la fuerza. Durante la visita al lugar de los hechos, constatamos que al menos veinte casas fueron saqueadas mientras les realizaban el cateo, sin orden judicial.

Este CDH cuenta con pruebas, que en su momento y con oportunidad fueron entregadas de buena fe al gobierno del estado. Dadas las diversas y múltiples violaciones a derechos humanos, así como la distancia que existe entre el ejido San José de una agencia del Ministerio Público, aún se está en proceso de preparación de las denuncias legales.

Este CDH ha recibido ningún requerimiento oficial para presentarse ante ninguna autoridad judicial o administrativa; sin embargo, reitera su disposición para dirimir estos hechos de manera institucional, por vía judicial. El centro de derechos humanos también presentará con oportunidad las denuncias correspondientes tal y como fue anunciado públicamente el 7 de diciembre pasado.

Sin menospreciar la gravedad del delito de secuestro, este CDH rechaza categóricamente la violación a derechos humanos so pretexto de hacer valer el estado de derecho.

Este centro desconoce si le fue entregada una cantidad al licenciado Miguel Angel de los Santos y en razón de qué le fue entregada. Lo que si sostiene es que la pérdida cuantificable por los daños, entregada en una relación al gobierno del estado el mes de noviembre, asciende a 423 mil pesos y no a 48 mil 490 pesos.

El CDH aún espera una respuesta del gobierno en torno a la reparación integral de los daños ocasionados por las violaciones a derechos humanos ocurridas el 27 de julio de 2001, en el ejido San José del municipio de Marqués de Comillas.

El compromiso del gobierno del estado por la vigencia de los derechos humanos debe considerar que estos son cometidos también por omisión, particularmente cuando cuenta con un aparato de justicia acostumbrado a ellas.

El compromiso del gobierno por la vigencia de los derechos humanos debe comenzar por el reconocimiento de las causas que permiten la persistencia de violaciones a derechos humanos para poder entonces aplicar las políticas correctivas propias de un gobierno que aspira a la democracia.

La negación a priori de la existencia de estas violaciones a garantías sólo beneficiará a los torturadores, fomentando la impunidad, el abuso de poder y debilitando el estado de derecho al que aspiramos.

Todos y cada uno de los miembros del CDH Fray Bartolomé de las Casas han colaborado, y seguirán colaborando, para que haya justicia en el caso del Barrio San José y en cualquier acción del gobierno del estado que esté encaminada a la vigencia y promoción de todos los derechos humanos. El gobierno y la sociedad podrán estar seguros de ello.

Marina Patricia Jiménez Ramírez, directora del CDH Fray Bartolomé de las Casas

ANAD: Argentina, su destino es el nuestro

Señora directora: Le agradeceremos publicar esta carta abierta al pueblo argentino, a la Asociación de Abogados de Argentina, la Asociación de Abogados Laboralistas, la Central de Trabajadores de Argentina y la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL).

Cuando en una nación se decide que antes que el interés social y nacional deben prevalecer el financiero y el de los grandes monopolios trasnacionales, sometiendo a esos designios a la soberanía nacional, se llega no sólo a la crisis y al estallido social como en Argentina, sino también el estado de sitio explícito o implícito, que no es otra cosa que la ruptura de la Constitución y la cancelación de un régimen civilizado bajo el acuerdo del estado de derecho.

La política económica y social aplicada en Argentina en los últimos años ha puesto en jaque a la Constitución y al modelo de nación, por lo tanto, al estado de derecho y al estado social de derecho, pues atenta contra la independencia y soberanía en las que descansa su autodeterminación, pero también atenta contra su desarrollo socioeconómico y régimen democrático.

Esa política que ha llevado a la quiebra a Argentina amenaza de igual forma a México y a toda Latinoamérica, porque es la misma que se aplica en todos nuestros países y que dictan el BM y el FMI.

La aplicación de las recetas ortodoxas del neoliberalismo condena a la mayoría a la pobreza, impide el ejercicio soberano de las naciones. Esa política condena al fracaso el Mercosur (una alternativa propia de la región) para dejar el camino libre al ALCA que impulsa EU y de golpe elimina los derechos fundamentales de todo un pueblo.

Es ejemplar la lucha social de los argentinos, su rechazo contundente a las recetas neoliberales, al estado de sitio que sustituye el estado de derecho, a las falsas sustituciones de gobernantes que pretenden que "todo cambie para que todo siga igual".

Argentina vive en el corazón de Latinoamérica. Nos solidarizamos con las luchas de ese pueblo, además porque sabemos que su destino es el nuestro.

Por la ANAD: Ernestina Godoy (presidenta), María Luisa Campos, Bertha Galeana, José Luis Romero y 78 firmas más