Concesionarios de telecomunicaciones enfrentarán unidos impuesto especial

Ť Crearán estrategia común Telmex, Telcel, Iusacell, Avantel, Alestra, Marcatel, Televisa, Tv Azteca y Multivisión Ť Canacintra contratará un despacho jurídico para solicitar protección de la justicia federal Ť También se unen empresarios e industriales de Nuevo León contra la reforma fiscal

VICTOR CARDOSO, HUMBERTO ORTIZ CORRESPONSALES

Los poderosos grupos concesionarios de telecomunicaciones, como Teléfonos de México (Telmex), Telcel, Iusacell, Televisa (Skytel), Televisión Azteca (Unefon), MVS Multivisión, Avantel, Alestra y Marcatel, entre otros, acordaron ayer estructurar una estrategia común contra el nuevo impuesto a ese tipo de servicios, y promover en lo individual juicios de amparo para evitar el gravamen de 10 por ciento determinado por el Congreso de la Unión en la miscelánea fiscal 2002.

Paralelamente, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Raúl Picard del Prado, informó que ese organismo decidió contratar un despacho jurídico con el fin de solicitar la protección de la justicia federal para el mayor número posible de los 35 mil afiliados.

Informó que todas las compañías refresqueras, que rechazaron ampararse, cancelaron sus pedidos de alta fructosa y con esto se disparó la demanda de azúcar, cuyo precio se elevó de golpe 20 por ciento, lo que encarecerá muchos productos al consumidor final.

Repercusiones en EU

Las repercusiones de la miscelánea fiscal llegaron hasta Washington, donde un grupo de organizaciones agrícolas de Estados Unidos pidió al gobierno de George W. Bush que presione a México para que revierta la carga impositiva de 20 por ciento a los refrescos elaborados con alta fructosa porque, según ellas, disminuirán las exportaciones de ese producto y resultarán restringidas severamente las ventas de maíz al mercado mexicano.

En tanto, en Monterrey las cúpulas empresariales e industriales de Nuevo León anunciaron la conformación de un frente común para ampararse contra "una reforma fiscal que resultó un engendro y cuyo costo no es sólo social sino económico, porque representó, de entrada, un gasto de 25 millones de pesos en un solo año por el salario de los legisladores".

Por su parte el presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), Javier de los Santos Fraga, cuestionó que el Congreso de la Unión no haya escuchado las recomendaciones de los expertos para la aprobación de la reforma fiscal. Aseveró que los legisladores sólo lograron complicar la situación de los contribuyentes, aumentar la carga administrativa y de costos de las empresas en alrededor de 50 por ciento, y realizaron reformas que atentan contra la seguridad jurídica, lo que en términos generales representa un retroceso en materia hacendaria.

Tambores de guerra

Los operadores de telecomunicaciones realizaron ayer una reunión privada en la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, Telecomunicaciones e Informática (Canieti) para conformar un frente común que les permita derribar, de manera similar a como lo hicieron hace tres años, la aplicación de un impuesto adicional a sus servicios.

El principal objetivo del encuentro era el diseño de una estrategia legal común para promover amparos contra el nuevo impuesto. Sin embargo, el impacto del nuevo gravamen es tal que la estrategia se amplió a los efectos contables que acarreará.

La oposición al nuevo impuesto a las telecomunicaciones motivó que empresas como Telmex, Iusacell y Telcel, que no están afiliadas a la Canieti, asistieran al cónclave.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Televisión por Cable, Jorge Cuevas Renaud, afirmó que los socios de ese organismo serán los más afectados por la nueva carga fiscal.

Industriales en guardia

De manera paralela, el consejo directivo de la Canacintra aprobó por unanimidad contratar un despacho jurídico para iniciar la promoción del mayor número posible de amparos contra la miscelánea fiscal 2002, informó el presidente del organismo, Raúl Picard del Prado. Señaló que las modificaciones hacendarias han provocado caos, desorden y confusión en los sectores industrial y comercial, porque fueron "mal planeadas y mal hechas".

En lugar de fortalecer a la planta productiva mexicana en un contexto económico globalizado, dijo, la están debilitando con una serie de medidas que aumentan la informalidad y provocan que cada vez sean menos los que paguen al fisco y todo mundo se cobije en la ilegalidad frente a un mundo tributario tan complejo.

Los recursos legales, en caso de proceder, serían promovidos en forma individual por cada uno de los 35 mil miembros de la Canacintra, pero de manera concertada para que baje el costo de los trámites, informó Picard del Prado.

Sin embargo, el líder industrial aceptó que cuando mucho unas cien grandes empresas de todo el país podrán ampararse, toda vez que el plazo legal concluye el próximo 15 de enero y no hay tiempo ni dinero suficientes para alcanzar a proteger a toda la industria de las cargas fiscales adicionales avaladas por los legisladores.

Cabe destacar que la ley de amparo restringe la protección de la justicia federal a casos individuales y no permite los gremiales, si bien "lo ideal es que la Canacintra lo hiciera por todos sus socios", comentó Picard del Prado.

Asimismo, la legislación concede 15 días de plazo para presentar las solicitudes correspondientes, a partir de la entrada en vigor de la disposición y su publicación en el Diario Oficial de la Federación,.

Picard del Prado no fue muy optimista en cuanto al futuro de estos recursos jurídicos, toda vez que sólo serán para las empresas que logren, "a contrarreloj", ampararse en un periodo tan corto.

El presidente de la Canacintra reconoció que a nivel general los empresarios apenas se están enterando de las modificaciones tributarias para este año. "Estamos en pláticas, la gente todavía no las entiende ni comprende, pero fueron mal planeadas y mal hechas", remarcó.

?¿Honestamente, tiene caso ampararse?

?No va a proceder ?replicó.

Especialistas confundidos

A juicio del presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), Javier de los Santos Fraga, en algunas de las disposiciones que ya comenzaron a aplicarse existe "inconstitucionalidad" porque los nuevos impuestos, como el telefónico, no son equitativos y sí discriminatorios. A pesar de esta consideración, el especialista manifestó que corresponde a los empresarios promover juicios de amparo y hasta controversias ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La miscelánea fiscal 2002, explicó, presenta graves incongruencias, como las modificaciones a la Ley de Ingresos sin cambiar la del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en materia de otorgar facultades a los gobiernos estatales para realizar cobros adicionales al consumo en sus respectivas entidades.

De igual forma, el presidente del IMCP, que agrupa 60 colegios de contadores en todo el país, manifestó su "preocupación" por la nueva obligación del sector financiero para informar al Sistema de Administración Tributaria (SAT) de movimientos sobre préstamos o inversiones por determinados montos, con lo cual "se podría estar rompiendo el secreto bancario.

"No es la gran reforma fiscal que se planteó a la ciudadanía; no se aumenta en número el universo de contribuyentes, lo que se está incrementando es la recaudación distribuida entre los mismos contribuyentes cautivos; la economía informal es la que va en aumento y la nueva ley no logró atacarla", afirmó.

Pero además resultó un producto complicado porque "reintroduce el uso de la máquina de comprobación fiscal; obliga a la expedición de comprobantes fiscales para ventas en abonos; no simplifica el crédito al salario ni se eliminó el subsidio a los salarios". Para enfrentar esto, señaló De los Santos Fraga, empresas y personas físicas con actividades empresariales o profesionales deberán contratar despachos de contadores y éstos, a su vez, deberán capacitarse intensamente sobre las nuevas modalidades fiscales.

Al respecto, aclaró que en las reformas aprobadas por el Legislativo no se modificó el Código Fiscal de la Federación y por lo tanto quedó rezagado; en la Ley del Impuesto al Valor Agregado no se incluyeron los "cambios muy importantes" que sí se hicieron en la Ley de Ingresos de la Federación y tampoco se dio la simplificación en la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Afirmó que se crean nuevos impuestos cuyos mecanismos para cumplir con oportunidad y certeza jurídica no están claros, y eso "atenta contra la propia seguridad jurídica por la concurrencia de la autoridad fiscal sobre una misma fuente de ingresos" y, en términos generales, para los contribuyentes la supuesta simplificación "representó un retroceso".

Frentes empresariales

Los organismos empresariales de Nuevo León: Caintra, Coparmex, Canaco y la Cámara de Propietarios de Bienes Raíces anunciaron la conformación de un frente común para recurrir al amparo frente a "esa supuesta reforma fiscal que resultó un engendro".

Arturo Garza y Garza y Eduardo Garza, dirigentes de los comerciantes e industriales locales, aseveraron que lo aprobado por el Congreso de la Unión es una miscelánea fiscal resumida en 27 hojas y un trabajo de horas-hombre que no corresponde a los requerimientos de la sociedad.

Por su parte, las empresas vinculadas al sector de autotransporte de carga se quejaron de que no sólo se verán afectadas por la aplicación del nuevo ISR, sino también por el aumento en las cuotas de autopistas, y advirtieron que en lugar del amparo piensan realizar un paro generalizado.

A su vez, el gobernador del estado, Fernando Canales Clariond, expresó que su administración esperaba una reforma fiscal "más agresiva en el concepto de federalismo".

En tanto, el líder patronal en el estado de México, Víctor Manuel Solalinde Guerra, afirmó que a los empresarios locales "sólo les quedará recurrir al recorte en la planta de trabajadores".

En Guanajuato, los diputados federales del PAN Miguel Gutiérrez Hernández y Ricardo Torres Origel se reunieron con representantes empresariales para analizar el impuesto especial aplicable a la ropa de piel. Los legisladores fueron objeto de reclamos por parte de los industriales marroquineros "por su falta de tacto político". Sólo en la ciudad de León existen más de 500 micro y pequeñas empresas que fabrican artículos de piel y generan más de 15 mil empleos. Los nuevos gravámenes, argumentaron, afectarán su desarrollo.

Provocará la carcachización del parque vehicular

César Flores, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, advirtió que por las altas cargas impositivas para los vehículos familiares y de lujo, principalmente, habrá una fuerte reducción en la demanda y esto significa un riesgo grave para el crecimiento del mercado.

Precisó que actualmente 22 por ciento de las ventas en el mercado local corresponden a vehículos de más de 250 mil pesos, que constituyen el segmento de automotores, al que se fijó una tasa de 20 por ciento.

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) de la ciudad de México, Roberto Zapata Gil, consideró difícil que el sector registre algún crecimiento durante 2002 ante los recortes presupuestales previstos y la miscelánea fiscal autorizada por el Congreso. El gremio, informó, analiza a detalle los documentos hacendarios, ya que posiblemente recomendará y apoyará a sus agremiados para promover amparos.