Ť Aprueban diputados modificaciones al Código Penal

Se incrementan penalidades para servidores públicos deshonestos

CIRO PEREZ Y ROBERTO GARDUÑO

La Cámara de Diputados aprobó las modificaciones al Código Penal Federal para que los servidores públicos que cometan actos de corrupción sean sancionados con penas más severas. A raíz de la iniciativa presentada por el coordinador de la bancada del PRD, Martí Batres Guadarrama, el pleno decidió que los delitos de coalición de servidores públicos y de tráfico de influencias recibirán sanciones de tres a ocho años de prisión, multa de 30 a 300 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal y la destitución de los puestos que desempeñan e inhabilitación de dos a siete años.

Con una votación de 374 votos a favor se dio cauce a las adiciones al Código de Procedimientos Penales en su artículo 194, para calificar de graves los tipos de delitos cometidos por servidores públicos y aquellos que ya están calificados como tales.

El dictamen de la reforma señala "que es preocupante que debido a la corrupción de servidores públicos, la criminalidad se genere al interior de las instituciones encargadas de prevenir el delito, de procurar y de administrar justicia".

Según cálculos de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, en el país se dejan de percibir por corrupción más de 70 mil millones de pesos anuales en impuestos, cifra que casi alcanza lo que el gobierno federal pretende recaudar por IVA en alimentos y medicinas.

Durante la toma de posición de las distintas fracciones parlamentarias el representante del PRD, Tomás Torres, dijo que el incremento de las sanciones a los delitos que cometen los funcionarios públicos permitirá homologar el Código Penal al de la mayoría de las legislaciones estatales en esa materia.

José Elías Romero Apis, del PRI, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, destacó que el combate a la corrupción implica un esfuerzo general de toda la sociedad porque nadie es inmune a los riesgos que genera ese flagelo. Insistió en que los actos de corrupción no tienen un signo político exclusivo, y mucho menos del sector gubernamental, pues se incuban fácilmente en todas las áreas de la sociedad.

César Buenrostro, panista, se pronunció en nombre de su grupo parlamentario a favor del dictamen porque el combate a la corrupción es un asunto de máxima prioridad para el país, y el contenido de las reformas sienta las bases disuasivas para que los funcionarios públicos y la sociedad no caigan en actos de corrupción.

El perredista David Sotelo fundamentó el dictamen al considerar que los cambios al Código Penal Federal contribuirán a combatir la impunidad de las personas que cometen delitos en el ejercicio indebido de los recursos de la nación, en el tráfico de influencias, coalición de servidores y enriquecimiento ilícito.