Ť Con esa condición aprobaron la Cuenta Pública de 2000

Logran panistas que se audite el último año de gobierno zedillista

Ť "No podemos avalar setenta años de corrupción; cárcel a los priístas corruptos", argumentó la bancada blanquiazul

ROBERTO GARDUÑO Y CIRO PEREZ

La fracción del PAN dio su voto aprobatorio al dictamen con proyecto de decreto de revisión de la Cuenta Pública del año 2000, a condición de que el pleno de ese órgano legislativo modificara el artículo quinto para que la Auditoría Superior de la Federación verifique, a través de diversas auditorías, el destino de los recursos públicos que se ejercieron durante el último año del mandato de Ernesto Zedillo. Con ese candado, los panistas consiguieron que por primera vez se verifique la certidumbre de los datos proporcionados por el gobierno sobre sus egresos y gastos.

Aquella propuesta, que el PRI tuvo que aceptar y el PRD se abstuvo, fue resultado de una fuerte disputa entre el panismo y el priísmo, durante todo el día de ayer en San Lázaro.

Y es que el viernes, la Comisión de Presupuesto del órgano legislativo aprobó por mayoría el dictamen, que se preveía sería aceptado hoy sin ninguna dificultad, mismo que fue firmado de conformidad por los diputados panistas, entre ellos Luis Pazos de la Torre. Con esto el proceso legislativo se cumplía, para concretarse ayer durante la última sesión ordinaria de la Cámara.

Los problemas en torno a la Cuenta Pública surgieron cuando el pleno de la fracción parlamentaria del PAN se reunió, antes de iniciar la sesión general de la Cámara, y por mayoría rechazaron el dictamen que sus compañeros de la Comisión de Presupuesto habían firmado.

Pequeña rebelión

Aquello fue una pequeña rebelión encabezada por Fernando Pérez Noriega, quien recriminó a Luis Pazos la decisión de haber firmado el dictamen, porque "no se pueden avalar 70 años de corrupción, debemos meter a la cárcel a todos los priístas corruptos", fue el reclamo que el presidente de la Comisión de Presupuesto escuchó sin replicar.

Esa actitud envalentonó a la mayoría del pleno panista, que advirtió a su coordinador, Felipe Calderón, que no aceptarían el contenido del dictamen que un día antes se había firmado. Durante el encuentro, Sergio Vaca Betancourt recordó que cualquier dictamen firmado por su partido en comisiones debería ser aprobado antes por todos sus compañeros.

Y así, al mediodía, cuando los panistas ingresaron al salón de plenos en San Lázaro, donde ya se encontraba el resto de las fracciones parlamentarias, trascendió la inconformidad por el dictamen de la Comisión de Presupuesto, y que éste no sería aprobado por los legisladores del blanquiazul. Aquello provocó una movilización pocas veces vista en San Lázaro, al grado de que Guillermo Hopkins, del PRI, y secretario de la Comisión de Presupuesto, le reprochó a Luis Pazos delante de los reporteros: "si no aprueban la Cuenta Pública, el PRI no irá al periodo extraordinario y no habrá presupuesto ni reforma fiscal". El panista ni replicó, guardó silencio, y ya vituperado por sus compañeros de bancada y por el priísta caminó hacia su curul.

El rechazo del PAN al dictamen de la Comisión de Presupuesto llegó hasta la mesa directiva de la Cámara, y la presidenta, Beatriz Paredes, en acuerdo con los coordinadores de los partidos, solicitó un receso de una hora, que se prolongó más de dos, para resolver aquel entuerto.

El hecho es que la fracción del PAN solicitó incluir modificaciones al dictamen, porque desde su punto de vista el contenido de éste era laxo en lo concerniente a la verificación de los datos proporcionados por el gobierno de Ernesto Zedillo a la Auditoría Superior de la Federación. Luego de más de dos horas de espera y una complicada negociación, los panistas regresaron al pleno con un as bajo la manga: consiguieron modificar el artículo quinto a cambio de su voto aprobatorio del dictamen. Y es que en el informe de revisión de la Cuenta Pública se detectaron casos de incumplimiento de preceptos legales y se observaron inconsistencias en la información proporcionada por la administración zedillista.

Los panistas fijaron su atención en la orden que emitió la Comisión de Presupuesto para iniciar 11 auditorías a las secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional, del Trabajo y de Educación, a la Presidencia de la República, al IFE y a Diconsa, entre otros. Y en las 13 recomendaciones para revisar los objetivos y los criterios para asignar cuantiosos recursos a diferentes dependencias, y concluir si éstas cumplieron con los objetivos fijados.

El artículo de diferendo

Los panistas consideraron que el artículo quinto del dictamen de revisión de la Cuenta Pública consensuado por la Comisión de Presupuesto carecía de sentido, porque no especificaba las tareas de la Auditoría Superior de la Federación para comprobar si los datos recibidos correspondían a la realidad.

La redacción del artículo original especificaba a la letra: "sin embargo, ello deberá verificarse mediante la práctica de las auditorías que procedan y que se practiquen para los efectos del informe de resultados correspondiente. En lo particular, existieron casos de incumplimientos de los preceptos legales o se observaron inconsistencias en la información proporcionada", y eso fue insuficiente para los legisladores del blanquiazul. Para fundamentar la postura del PAN subió a la tribuna Ricardo García Cervantes, quien fue atrayendo la atención del pleno hasta que éste, como pocas veces ocurre, guardó silencio:

"Sé que por nuestra posición partidista corremos el riesgo de que unos consideren que hemos vivido en cleptocracia, otros considerarán que ahora que ya no están ellos en el poder podemos llegar a la cleptocracia. La corrupción no tiene bandera política, es cuestión de naturaleza humana y de deficiencias de instituciones y de marco jurídico. Por ello deberán caer peces pequeños, medianos y grandes en las redes de la vida institucional, no por condición de venganza, persecución o de signos de competencia política, sino por salud de la República, por convicción de que México es un pueblo honesto".

García Cervantes, en uno de los discursos más relevantes ante el pleno del periodo ordinario de sesiones que ayer concluyó, dio a conocer la redacción del artículo cinco, que a criterio de su bancada debería incluirse en el dictamen:

"La observancia de la Ley de Ingresos, el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, las legislaciones Orgánica de la Administración Pública, la General de Deuda Pública, Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, y demás disposiciones legales aplicables deberán ser verificadas mediante la realización de auditorías que se practiquen para los efectos del informe de resultados correspondientes, ya que existieron casos de incumplimiento de los preceptos legales y se observaron inconsistencias en la información proporcionada".

De esa forma, el PAN introdujo el candado para auditar el último año de gobierno del ex presidente Ernesto Zedillo. La réplica del PRI correspondió a David Penchyna, quien aceptó que en el decreto se encontraron cuentas de balance que hasta la fecha no han sido depuradas, fallas de carácter administrativo en pagos recibidos en 1999 con cargo a 2000; intereses que no se registraron a la Tesorería de la Federación, y en casos específicos se omitieron los recuentos del inventario físico de algunas dependencias.

"Este trabajo demuestra que los poderes Ejecutivo y Legislativo pueden y quieren trabajar juntos no sólo para cumplir con sus obligaciones, sino para continuar fortaleciendo a nuestras instituciones. Sin fanatismos ni tendencias, como poder constituido tenemos la capacidad de ser firmes en señalar insuficiencias y desvíos".

Así, las dos posturas se dieron a conocer al pleno, que con 298 votos a favor, 61 en contra y tres abstenciones aprobó el dictamen con proyecto de decreto relativo a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal para el ejercicio fiscal del año 2000.