La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió dos recomendaciones destinadas al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Tuffic Miguel Ortega, por los casos de violencia obstétrica que se presentaron en el Hospital de Especialidades Dr. Antonio Fraga Mouret del Centro Médico Nacional La Raza, en la Ciudad de México, y en el Hospital General de Zona de Medicina Familiar Número uno en Chetumal, Quintana Roo, así como al fiscal general interino de esta entidad, Gustavo Salas Salgado.

El IMSS informó que dará cabal cumplimiento a las recomendaciones 40/2018 y 41/2018 y que ya tomó diversas medidas preventivas, a fin de evitar hechos similares.

Además instruyó a las oficinas centrales y al Hospital de Especialidades de la Raza el cumplimiento de todos los puntos de su competencia contenidos en los exhortos de la CNDH, así como reforzar la capacitación del personal institucional en materia de derechos humanos, con apego a las normas nacionales e internacionales.

En el primer caso, la comisión documentó que la omisión del personal médico de La Raza en la expedición de un certificado de muerte fetal, provocó el retraso de más de 21 meses para entregar el cuerpo de una niña a su padre.

La madre con 26 semanas de gestación falleció de neumonía atípica, que derivó en la pérdida del producto. El padre autorizó la autopsia. Personal médico le informó que el cuerpo de la pequeña no le había sido extraído a su esposa, pero tiempo después se le notificó que sí se le había extraído y debía acudir por él.

Tras investigar el caso, la CNDH acreditó la violación al derecho de trato digno e información veraz.

En el segundo caso, la comisión documentó violaciones a diversos derechos humanos, como el de protección a la salud, acceso a información en materia de salud y a la justicia en su modalidad de procuración, atribuibles a los servidores públicos del hospital de Quintana Roo y la procuraduría de ese estado.

Las omisiones en que incurrieron las personas servidoras que atendieron a la víctima durante su control prenatal, condicionaron las complicaciones que presentó en el último mes de su embarazo, además de que el personal médico del área de ginecobstetricia no le realizó la cesárea desde su ingreso que permitiera resguardar el binomio materno fetal.

La CNDH concluyó que la procuraduría de Quintana Roo omitió remitir a la PGR la averiguación previa iniciada con motivo de los hechos y no les reconoció a los denunciantes su calidad de víctimas, lo que les generó perjuicio.