Lorenzo Córdova, presidente consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), se manifestó ayer en favor de racionalizar el financiamiento público a los partidos políticos. Sin embargo, consideró que el monto de la reducción debe ser bien ponderado, porque si se cierra demasiado la llave se puede provocar que vayan a buscar recursos donde no queremos.

Entrevistado en el coloquio El futuro de la democracia, realizado en el Colegio de México, advirtió que hay muchos que están dispuestos a financiar la política y no conviene que lo hagan.

Córdova resaltó que los montos que se entregan a los partidos son muy altos. Reciben financiamiento público federal y local, este último es casi equivalente al primero, y ello ha generado incentivos perversos.

Consideró que la discusión sobre la disminución de los recursos públicos para las fuerzas políticas, tiene que fundarse sobre muchos elementos y no simplemente decir al vuelo un porcentaje. Hay que pensar en cómo destinar el dinero sin poner en riesgo las instituciones de las democracia, como los partidos polítios, y al mismo tiempo resolver los grandes problemas nacionales. Ese fue el mandato de las urnas y hay que atenderlo, destacó.

El presidente del INE añadió que debe analizarse qué monto es racional para las agrupaciones políticas tomando en cuenta sus necesidades de gasto, y eso es mucho más complejo que simplementre modificar la regla de cálculo para fijar el financiamiento público que se les da.

Durante el coloquio, Lorenzo Córdova planteó que antes de iniciar una nueva reforma electoral, se pregunte para qué se quiere, pues de la respuesta depende la lógica que puede tener un cambio legislativo y la discusión –en este momento– de su pertinencia.

Advirtió que debe tenerse cuidado de que una nueva reforma electoral no se convierta en un mecanismo de afianzamiento en el poder, es decir, que no sea vista como una manera de eternizar un régimen o una fuerza política.

Por lo que hace al presupuesto del INE, reiteró que se va a construir un proyecto austero, pero sin poner en riesgo ninguna de sus funciones o de los derechos que debe preservar el órgano electoral.