Memoria, ¿para qué?
reserva de volver sobre el infame formato impuesto a los debates entre los amontonados candidatos presidenciales, reflejo de la poca experiencia democrática de México, vale la pena reflexionar sobre algo que incide directamente en la vida y en la muerte de los seres humanos: la memoria, esa capacidad mayor o menor de recordar, de conservar a través del tiempo las lecciones de pasajes anteriores para evitar tropezarse con la misma piedra, hábito tan extendido en individuos y en naciones.
De ahí la importancia de legislar y preservar la memoria de los pueblos, expuestos como nunca a los embates del pensamiento único y del neocolonialismo disfrazado de globalismo, por no hablar de la sistemática manipulación de la sociedad a cargo de los medios electrónicos locales, en lugar de su aprovechamiento cabal en beneficio de las personas, no del consumismo irreflexivo como dudoso andamiaje económico.
Sin ruido y con escasa difusión, en diciembre pasado fue promulgada la importante Ley General de Archivos, en apariencia una ley más, en realidad un instrumento determinante tanto para la adecuada preservación de la memoria mexicana como para la consolidación eficaz de los sistemas nacionales de transparencia, acceso a la información y protección de datos, rendición de cuentas y anticorrupción.
¿Qué ocurre con la gestión documental y la administración de los archivos públicos de México? ¿Son aprovechados por las instituciones como elementos probatorios y en la adecuada toma de decisiones? ¿Han generado confianza entre gobernantes y gobernados o aumentado dudas y suspicacias? A escala estatal y municipal, ¿el presupuesto, conservación, homologación y tecnología de archivos son suficientes? ¿Se traduce en una ciudadanía mejor informada y más participativa?
Estos y otros interrogantes imponen al Archivo General de la Nación, como rector de la archivística en México e impulsor y coordinador del sistema nacional en la materia, uno de los retos más trascendentales de su historia: cumplir y hacer cumplir esta Ley General de Archivos como oportuno soporte de coordinación entre federación, entidades y municipios y de los sistemas nacionales citados, así como impedir que el Estado siga perdiendo información y poder frente a los monopolios de comunicación. Salvaguardar la memoria colectiva y fortalecer la identidad nacional es obligación de todo país que se pretenda libre y soberano.
