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Funcionarios y legisladores confían en que se apruebe en este periodo de sesiones

Buscan mejorar iniciativa de ley contra la desaparición forzada para evitar la impunidad

Familiares de las víctimas aún pugnan por tener participación en el diseño de dicha norma

 
Periódico La Jornada
Domingo 16 de octubre de 2016, p. 9

Funcionarios y legisladores trabajan en una nueva versión de la iniciativa de ley contra la desaparición, a fin de homogenizar esta normatividad con otras relacionadas con el secuestro y la delincuencia organizada.

El objetivo es evitar huecos por donde pueda colarse la corrupción y que haya afectaciones al debido proceso. Hay que cerrar la puerta a la impunidad, indicaron fuentes gubernamentales.

El anteproyecto de ley fue elaborado hace exactamente un año, en medio del recrudecimiento de este problema en el país.

El registro actual indica que en el país hay 28 mil 472 personas no localizadas, 5 mil 201 más que en octubre de 2014. De esta lista, 27 mil 162 son casos investigados por autoridades locales (fuero común) y mil 44 por la Procuraduría General de la República.

Los familiares de las víctimas pugnan desde entonces por tener una participación efectiva en el diseño del marco legal con el cual se pueva evitar la desaparición cometida por particulares o por funcionarios públicos (desaparición forzada).

En el primer documento de ley general se propone la creación de un sistema nacional de búsqueda, en el que participen autoridades, familiares de víctimas y grupos de la sociedad civil. Este es ahora uno de los temas pendientes, porque no se ha delimitado el alcance e integración del mencionado sistema.

Igualmente se depura lo relacionado con las unidades de búsqueda a escalas federal y estatal, cuya operación deberá ser a partir de protocolos especializados; la creación de un solo registro de víctimas y, en el caso de desaparición forzada, se deberá armonizar el marco jurídico para que los responsables no puedan evadir la ley bajo ningún concepto.

En lo que no hay oposición es en elevar las penas (hasta 100 años de cárcel) para los autores materiales e intelectuales de estos delitos, es decir, dar las sanciones máximas que prevé la ley para los responsables, indicaron las fuentes consultadas.

Al término de una sesión de negociación y consulta sobre el particular, aseguraron que existen condiciones para avanzar en la aprobación de esa ley en este periodo ordinario de sesionesdel Congreso. El análisis de la iniciativa se realiza actualmente en el Senado.

Ya está en el último tramo la revisión de esta iniciativa de ley, para entrar a dictaminar. Hay algunos temas que se están discutiendo, como la armonización con otras leyes y la creación del sistema de búsqueda y qué instancia lo encabezaría (actualmente el tema está a cargo de la PGR, señaló uno de los funcionarios federales consultados.