La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) devolvió ayer a la Secretaría de Desarrollo Social local el proyecto de protocolo de atención a las poblaciones callejeras y de personas en riesgo de vivir en la calle, con las observaciones solicitadas.

Las autoridades de la capital han sido duramente cuestionadas por organizaciones de la sociedad civil, debido a las acciones de limpieza social contra algunos grupos, de los cerca de 5 mil integrantes de las poblaciones callejeras asentadas en 225 puntos de la ciudad.

Los casos recientes documentados fueron el desalojo por la visita del Papa y la muerte de un joven, al cual se le negó el traslado a un hospital, por su condición de calle, en una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas.

Asimismo, la permanencia en prisión de dos integrantes del grupo de Artículo 123, que sin pruebas fueron acusados de robo y detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina.

Ante esos hechos, la Secretaría de Desarrollo Social elaboró el Protocolo interinstitucional de atención integral a personas en riesgo de vivir en la calle y poblaciones callejeras de la Ciudad de México, que a finales de marzo entregó a la Comisión de Derechos Humanos para que hiciera las observaciones necesarias.

Pese a que se tenía previsto publicarlo el 30 de marzo, y a más de 20 días de haberlo recibido, ayer el organismo lo regresó y aclaró que las observaciones que se envían no implican un visto bueno de la CDHDF, porque la responsabilidad de construir y aplicar el protocolo es del Gobierno de la Ciudad de México.

La CDHDF precisó que solamente realizó las observaciones que consideró pertinentes para que el protocolo contenga estándares de derechos humanos.

Lo anterior, pese a que el lunes pasado emitió un comunicado en el cual señaló que se mantenía atenta a los trabajos que realizaba la autoridad para la elaboración del protocolo que, de acuerdo con el proyecto, se redactó con la premisa de que en la Ciudad de México no se criminaliza ni se victimiza a la población callejera y (a sus integrantes) se les reconoce como personas sujetas de derechos.