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Definirá la sanción y si los trasladan a un centro en Chetumal para seguir su proceso

Remiten a juez caso de menores que violaron a 6 primas
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 27 de mayo de 2015, p. 27

Cancún, QR.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), por medio de la Mesa Especializada en Atención a Adolescentes, remitió este martes al Juzgado de Justicia para Adolescentes el caso de dos jóvenes de 13 años acusados de violar a seis primas, entre ellas una de dos años. Los jóvenes enfrentarán su proceso en libertad.

Según los artículos 2 y 217 de la Ley de Justicia para Adolescentes, el 18 de la Constitución mexicana, y el 26 de la Carta Magna de Quintana Roo, los menores de 14 años no pueden ser sujetos a medidas que priven su libertad. Por ello, conforme a derecho, el agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Especializada de Atención a Adolescentes otorgó libertad bajo reservas de ley a JCRG y ROR, informó la PGJE en un comunicado.

Agregó que “la misma ley indica que los mayores de 14 años y menores de 18 que cometan un delito grave serán remitidos al juez, quien determinará la sanción y si son trasladados al centro de internamiento en la ciudad de Chetumal, para continuar con su proceso jurídico.

En el caso de los dos menores que son primos de la menor agraviada, fueron entregados a su madre y abuela la tarde del domingo para enfrentar el proceso en libertad bajo reservas de ley, mientras el juez en turno agota el proceso.

El vicepresidente de la organización no gubernamental Comisión Internacional de los Derechos Humanos (CIDH), Gerardo Ortiz Barreto, comentó: En caso de que (JCRG y ROR) fueran declarados imputados, la sanción sería de ocho a 10 años, aunque como lo estipula el artículo 177 (del Código Penal de Quintana Roo), el internamiento de un menor debe ser algo excepcional; en el caso de la abuela, como cómplice de los hechos (al solapar la conducta de los adolescentes), se debe a una conducta humana por la filiación y sería muy difícil acusarla.

Ortiz dijo vía telefónica que la autoridad judicial tiene facultades para impedir la fuga de los presuntos culpables, como embargar una cuenta bancaria de un familiar, o ponerlos bajo resguardo de alguien de confianza o una institución educativa. Comentó que la ley protege mucho la presunción de inocencia de los menores, y consideró que la normatividad en Quintana Roo es excelente.