La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no intervino en la investigación sobre la muerte de 22 civiles armados en Tla-tlaya, estado de México, porque el asunto fue desde un inicio competencia del fuero local, y en la actualidad del orden federal, aseveraron altos mandos castrenses, quienes aseguraron que hay cero tolerancia en éste y otros temas en los que se acredite la responsabilidad de militares.

Precisaron que si la Procuraduría General de Justicia Militar hubiese intervenido en la indagatoria habría violado la ley, porque al estar involucrados civiles era claro que no tenía competencia para actuar, de acuerdo con lo que señala la reciente reforma al Código de Justicia Militar.

Reiteraron que tanto en el caso de Tlatlaya –en el que según una testigo soldados ajusticiaron a civiles tras un tiroteo–, como en otros asuntos, la Sedena no pretende encubrir a nadie ni justificar ningún acto irregular de los militares.

Tenemos la instrucción de entregar la información que nos sea requerida por la Procuraduría General de la República (PGR) y de presentar ante la autoridad federal a los militares involucrados en la averiguación, si es necesario, afirmaron.

Añadieron que la Sedena no tiene nada que esconder, ya que existe la certeza del alto mando de que todo soldado sabe que debe responder de sus actos ante la autoridad y que, de ser encontrado culpable, tiene que cumplir con la sanción correspondiente.

Es decir, insistieron, la dependencia está al margen de las pesquisas y cumplirá con lo que resuelva la autoridad correspondiente.

Afirmaron que inmediatamente después de los hechos, la procuraduría mexiquense se hizo cargo de los peritajes y de recabar información. Sostuvieron que la Sedena cumplió con entregar el parte informativo correspondiente. Actualmente la PGR continúa con las indagatorias.

No descartaron que los soldados sean acusados en el fuero militar si quebrantaron el código castrense, con independencia de lo que resuelva la autoridad civil.

La Sedena reiteró ayer que se trató de una acción militar para repeler una agresión armada. La dependencia aseguró en un comunicado que prestará su colaboración irrestricta para que la autoridad competente esclarezca los hechos y determine la verdad jurídica sobre este acontecimiento.

En un comunicado emitido el 30 de junio, la Sedena señaló que los militares habían sido agredidos por un presunto grupo delincuencial y que el tiroteo fue para repelerlos. Agregó que en el lugar fueron encontradas tres mujeres que dijeron estar secuestradas, así como 25 armas largas.