l cada día más inverosímil gobernador de Sonora, panista y de los peores, refrendó su anacrónico espíritu de yaquero porfirista al impulsar el genocidio final de un pueblo indígena mediante la ¿inevitable? desaparición de Mesa Colorada, la comunidad histórica de los guarijíos. Además, ¡le va a salir bien barato! Presumiendo su capacidad de timador, declaró que pagándoles 50 centavos el metro cuadrado de tierra a inundar a los pobladores, ahorró recursos a los sonorenses. Qué vivo el señor Guillermo Padrés Elías. Se supera. Con las tribus yaqui no le ha salido tan barato. Lleva meses enfrentando su resistencia, y la de muchos agricultores de Cajeme, por la imposición (hasta donde se sabe, ilegal) de un acueducto que drenará severamente al río Yaqui. Pero argumenta que el líquido es tan necesario para los (otros) sonorenses –eufemismo de proyectos inmobiliarios y empresas trasnacionales– que todo se vale. Gracias a esa agua barata en la región de Hermosillo (para sus socios, regalada), algún día se estudiarán estos episodios en el desierto de Sonora como pioneros de las anunciadas guerras del agua que, dicen, serán comunes en el siglo XXI.

Para el investigador de El Colegio de Sonora, Jesús Armando Haro, el proyecto se basa en una serie de engaños, tanto a particulares como a ejidatarios y a guarijíos que vendieron sus tierras. Pusieron la primera piedra de la segunda presa en el río Mayo, llamada Pilares o Bicentenario. No ha sido posible parar su empeño, que es sucio, despótico, colonial y fraudulento (La Jornada, 2/10/13). El académico auguró que el gobierno despojará al pueblo guarijío, hoy maiceado, dividido en su eslabón más estratégico, la colonia Makurawi en San Bernardo, municipio de Álamos, donde se nombró un nuevo gobernador (tradicional), impuesto por ellos, quien firmó su convenio ilegal y ya anda en un carro que le dieron por traicionar a los suyos.

La receta de dividir a los pueblos-objetivo, fase inicial del genocidio benigno de los desarrollistas, se aplica a lo largo y ancho del país. Padrés no va solo. El gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, en su empeño por concluir la rentable carretera Silao-San Miguel de Allende, ningunea a los pueblos ñanhú sobre los cuales caerán el asfalto y sus consecuencias. Recurre a bromas y detalles técnicos para hacerse guaje y no dar marcha atrás. Pueblos, templos, campos, sitios sagrados y arqueológicos a la basura. ¿Consultas? Qué lata. Se necesita pagarlas. Aguantar reparos de los centros de derechos humanos y, last but not least, reclamos de una indiada a cuyos representantes el dudoso mandatario prefiere considerar dudosos.

En Ensenada, Baja California, la regidora Graciela Moreno Pulido se refirió a los niños indígenas como plagas que ahuyentan a los turistas el pasado 11 de julio, pero eso debe pensar todos los días de año. Ya ven la telenovela del niño tzotzil en Tabasco. El alcalde priísta de Real de Catorce, San Luis Potosí, Héctor Moreno, contratista de una minera canadiense, propala que los wirrárikas defienden Wirikuta porque quieren quitarles las tierras a los ejidatarios del desierto, quienes de por sí ya las están perdiendo vía Procede, agroindustrias, narcos, minas y negocios de la burocracia. ¿Y qué tal la dupla asesina Felipe Calderón-Ulises Ruiz, que trajo de la mano a las eólicas españolas Iberdrola, Endesa y otras, y maniobró lo que fuera para arrasar el Istmo de Tehuantepec por encima de los ikjot y zapotecas milenarios en la región? Los resultados están a la vista, tristemente.

Pero volvamos a Padrés y los engañados guarijíos bajo sus botas. Justificó los bajísimos precios pagados a los ejidatarios por tierras en la zona serrana del sur de Sonora (también compró a pequeños propietarios mil 294 hectáreas, pero se desconoce cuánto les pagó), como un ahorro al erario. El presupuesto no se desperdicia en indios. Para construir el embalse quitó otras 167 hectáreas a los guarijíos. A ellos no les pagó; convenció a unas 300 personas de evacuar el terreno que será anegado a cambio de dotarlos de tierras, construir carreteras, una escuela y un hospital para los cerca de mil 200 miembros de la etnia, reporta el corresponsal de La Jornada.

No puede obviarse el papel jugado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas como faldera natural de tantos proyectos de expropiación y desalojos por las buenas en favor de hidroeléctricas, minas, autopistas. Es la guerra no declarada, oculta, contra los pueblos indígenas; la contrainsurgencia como pretexto y paranoia del poder para deshacerse de su incómoda presencia.

Los mencionados son sólo unos cuántos ejemplos ridículos. Ojalá fueran sólo eso y no piezas de un juego terrible de gran alcance. De la lástima institucional programada al control militar permanente. El año pasado, los rarámuri y la sequía; éste, La Montaña y el exceso de agua. La palabra respeto no existe en su diccionario.