Será un tribunal federal el que determine si la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, está obligada a verificar, antes de aprobar la exhibición y comercialización de películas cinematográficas, si se respeta la vida privada de las personas cuya imagen se exhibe.

Ayer, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó en votación dividida (tres a dos) ejercer su facultad de atracción para conocer el amparo presentado por Víctor Daniel Reyes Bravo, quien demandó a los productores de la cinta Presunto culpable, ya que no autorizó la filmación de su persona ni que se utilizara su imagen para presentarla en público

Reyes Bravo fue primo de la víctima de homicidio y el único testigo de la comisión del delito, tema central de la película.