El pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) avaló la reserva fijada por la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la base de datos de fallecidos vinculados con el crimen organizado durante el primer semestre de 2011.

La clasificación, ratificada por la comisionada Sigrid Arzt Colunga en el recurso 5161/11, se ordenó tras considerar los alegatos de las unidades de la PGR de que la información que diariamente envían las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, así como la que genera la propia procuraduría está en manos de un grupo de trabajo para su deliberación y revisión.

Ese grupo evita la duplicidad de información y permite que cada dependencia comparta los mismos datos, lo que deriva en procesos deliberativos constantes en que se discriminan aquellos que se repiten, o, en el supuesto, se complementa con nuevos que proporciona cada dependencia.

De acuerdo con la respuesta de la PGR, existe imposibilidad para proporcionar los datos requeridos dado que, si se encuentra sujeta a tal proceso, aún no adquiere el carácter de definitiva. En cambio, forma parte de un proceso deliberativo constante, en el que existe la posibilidad de incluir casos no considerados o advertir de asuntos que ya no corresponden al universo que se busca registrar en esa herramienta.

El Ministerio Público Federal indicó que el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, por facultades, es la instancia concentradora y administradora de las bases de datos y recibe propuestas y complementos de información.

Una vez que dicho centro consolida las bases de datos con la información aportada, envía a las dependencias y entidades las bases finales, lo que permite que éstas las avalen. De esa forma se advierte que detrás de la estadística que se publica en la página de Presidencia hay todo un sistema de coordinación interinstitucional.

La PGR remitió al link de la Presidencia www.presidencia.gob.mx/base-de-datos-de-fallecidos/, donde se encuentran estadísticas de 2006 a 2010, y agregó que si entregara los datos recabados hasta ahora estaría entorpeciendo las actividades que realizan en conjunto las dependencias y entidades inmiscuidas en temas de seguridad pública, amén de que, de divulgarse información de la naturaleza que se pide, sin haber sido sometida al proceso de validación del grupo responsable, se pondría en riesgo el desempeño de las mismas.

El recurso no se discutió públicamente en la sesión plenaria del Ifai, como ninguno de los incluidos en el orden del día de este miércoles.

Entre otros recursos de importancia resueltos en cónclave por los comisionados del Ifai, destacan las erogaciones del erario federal en alimentos y telefonía celular del oficial mayor de la Secretaría del Trabajo y Previsón Social, Héctor Antonio Alcudia Goya, y del director jurídico de la misma, Diódoro José Siller Agüero. En semanas pasadas también se han resuelto recursos sobre ese tipo de gastos del titular de esa dependencia, Javier Lozano Alarcón.