Madrid, 4 de mayo. La coalición Bildu, cuyas listas electorales fueron ilegalizadas por el Tribunal Supremo español, presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que debido a la urgencia de la causa y ante la proximidad de los comicios municipales y forales del próximo 22 de mayo, deberá decidir antes del viernes.

La formación nacionalista vasca instó al órgano judicial a emitir un fallo que evite el mayor daño que se ha generado jamás al sistema democrático español.

Tras la resolución del Tribunal Supremo de anular la totalidad de candidaturas de la coalición integrada por Eusko Alkartasuna, Alternatiba y candidatos independientes próximos al nacionalismo radical vasco, ahora la decisión final y definitiva queda en manos del Tribunal Constitucional.

Hay dos posibilidades: que la resolución se debata en el seno de la sala segunda, integrada por siete jueces, o que se adopte un fallo del pleno, lo que le daría más fortaleza institucional a la sentencia.

El procedimiento obliga tanto a los jueces del Tribunal Constitucional como a los representantes de la Abogacía del Estado, de la fiscalía y de la propia coalición a presentar sus argumentos en las próximas horas, para que la sala tenga tiempo de debatir y emitir un fallo antes de este viernes.

El Tribunal Constitucional ha sido el órgano judicial que ha asumido las ilegalizaciones y la anulación de las candidaturas de las decenas de marcas electorales vinculadas a la izquierda abertzale (nacionalista), y en todas sus resoluciones ha dado la razón al Tribunal Supremo.

Así ocurrió en los procesos contra Batasuna, Acción Nacionalista Vasca, el Partido Comunista de las Tierras Vascas, Askatasuna, Euskal Herritarrok y D3M, entre otros.

En el caso de Bildu –y el de Sortu, que llevará otro cauce–, por primera vez no hubo unaminidad en el Tribunal Supremo. De hecho, entre la resolución aprobada y el voto particular –avalado por siete de los 16 magistrados– hay argumentos y conclusiones antagónicos, lo que podría dificultar el debate en el seno del Tribunal Constitucional.

Los voceros de Bildu insistieron en la limpieza de sus candidatos, que firmaron una carta de rechazo a la violencia e incluyeron en sus estatutos una condena de los métodos empleados por la organización armada vasca ETA.

Orkar Matute explicó que ahora el Tribunal Constitucional tiene la posibilidad de evitar el mayor daño que se ha generado jamás al sistema democrático español, con lo que lo único que cabe es la revocación de una sentencia que tildaron de política e instrumentalizada por el gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de José Luis Rodríguez Zapatero, en colaboración con el derechista Partido Popular (PP).

Matute, que forma parte de Alternatiba, un partido escindido de Esker Batua (EB, la Izquierda Unida del País Vasco), acusó a los magistrados españoles de no tener ninguna prueba que nos vincule con ETA, pero han respondido al calor político de una intención política, la del Tea Party español, el PP y la de su acomplejado amigo, el PSOE.

Los voceros de Bildu destacaron el escrito del voto particular, en el que se deja absolutamente claro no sólo el carácter impoluto de las listas de Bildu, no solamente nuestra nula vinculación, ni pasada ni presente ni futura con ETA, sino también dice que privar de los derechos fundamentales es inconstitucional.

Al clamor de indignación que ha despertado esta noticia en Euskadi –sólo aplaudida por los sectores más españolistas y conservadores de España, además de las filas socialistas–, se sumó un grupo de 400 profesores universitarios y abogados vascos, que suscribieron un manifiesto en que señalan: Impedir a una coalición de partidos y candidatos independientes presentarse a unas elecciones es un perjuicio tanto para la opción política que representan y sus candidatos como para aquel sector del electorado que desearía votar a esa opción, así como el conjunto de la sociedad, en cuanto se cercena la expresión del pluralismo político y la correcta manifestación de la voluntad popular.