Adolfo Sánchez Rebolledo

ƑEquidad?

En nombre de la equidad, la mayoría parlamentaria, forjada por Barrio y Chuayffet, ha consumado el primer trecho del despojo a las finanzas de la capital. Pero el daño causado al país trasciende los problemas que se derivan del contenido de la reforma al 122. Lejos de ayudar a la distensión, los diputados parecen dispuestos a llevar la polarización de la vida pública a extremos insostenibles y de suyo peligrosos. Lo que hemos visto en la Cámara es inaceptable e indigno de un estado democrático. Es increíble que en asuntos de tanta trascendencia se actúe facciosamente y bajo cuerda, como ocurría en tiempos del no tan lejano presidencialismo autoritario. Sin embargo, la tiranía de la mayoría no se puede combatir con la arbitrariedad de las minorías: el fin no justifica los medios. Resulta ilógico que las víctimas de la imposición acepten la papeleta que sus adversarios les adjudican, como si en el delirio de la política mediática gustosamente se rindieran al estereotipo.

Detrás de este forcejeo por la "equidad" está, es obvio, la decisión de cortarle las alas a López Obrador en la carrera hacia el 2006. Lo grave es que sus enemigos dentro y fuera del Estado ya han pasado del ataque al "candidato" al golpeteo a la ciudad, usando y manipulando la ley, al tiempo que se ejercitan métodos de espionaje, propaganda vicaria que no tiene otro objeto que la descalificación política y moral, sin darle la más mínima oportunidad al debate abierto de los grandes e inocultables problemas que aquejan nuestra convivencia. Si no es posible deteriorar la presencia del jefe de Gobierno mediante escándalos y amenazas de desafuero, ahora se pretende minar la base de sustentación de su popularidad. La descentralización educativa es un objetivo que merece ser tratado con responsabilidad, no como una imposición irresponsable. Pero, al estrangular de golpe las finanzas del Distrito Federal, no se busca otra cosa que anular los programas sociales, las obras públicas, en fin las políticas que han convertido a López Obrador en un serio contendiente a la Presidencia, a pesar de su partido en la ciudad y en el país entero, cuya crisis está tocando fondo.

Los desestabilizadores del gobierno de la ciudad de México, capital de la República, no se equivocan porque pidan que el Distrito Federal se equipare al resto de los estados en materia de educación, sino porque sus cantos al federalismo y la equidad se sustentan en una apreciación errónea de la situación fiscal de la capital, como ha precisado Manuel Camacho, es decir, en una concepción política y fiscal más bien rudimentaria y semifeudal del pacto federal. No sólo se trata, como he señalado, de golpear a López Obrador, sino de poner en práctica la ideología regionalista que, en nombre de intereses locales de poder, han proclamado durante décadas políticos y gobernadores de distinta filiación como una vía para reducir a su mínima expresión la "carga" que les impone la solidaridad nacional. Hoy, gracias a las expresiones contra los supuestos "privilegios" del DF, estamos a las puertas de una redición de aquellas ominosas campañas contra los "chilangos" que marcaron, de algún modo, la irrupción del neopanismo en el norte, dividiendo arbitrariamente a los ciudadanos por su pertenencia geográfica.

Por lo pronto, la estrategia de los jefes del PAN y el PRI parece bastante clara. Se trata de cancelar, por la vía de los hechos, el régimen pluripartidista surgido de la transición mexicana, para imponer un ''modelo'' político bipartidista, muy semejante al de los Estados Unidos. Una tercera fuerza de izquierda sale sobrando en ese esquema, sobre todo si ésta tiene alguna capacidad de disputarles importantes parcelas de poder. Los grupos dirigentes del PRI y el PAN ya han demostrado hasta la saciedad que sus diferencias se quedan en las urnas de votación y no necesariamente trascienden a otros ámbitos estructurales, como ocurrió hasta hace muy poco. Y en esas estamos.

Lamentablemente, el PRD hace todo lo que está a su alcance para facilitarles la tarea.