Rechazo a programa de repatriación voluntaria

Señora directora: Indignante resulta la política de Vicente Fox hacia los indocumentados mexicanos en Estados Unidos, que lejos de ayudarlos, como prometió en su campaña presidencial y al inicio de su gestión, para que se les reconocieran sus derechos humanos, de inmigrantes y laborales, ahora se pone del lado del gobierno y la policía de Estados Unidos con un supuesto "programa de repatriación voluntaria", que no es otra cosa que la deportación masiva de indocumentados por medio de redadas y de un clima de terror contra los mexicanos.

Es falso que la repatriación sea voluntaria, ya que se hace bajo amenaza de encarcelar y con lujo de violencia contra los indocumentados; se les amaga con expulsar a sus familiares. Esta campaña es un grave retroceso de la política exterior del gobierno de Fox, que afecta a más de 4 millones de trabajadores indocumentados, y peor por el apoyo que el gobierno de Fox brinda al de Bush, ya que antes de ese programa tenían más garantías los mexicanos: un detenido tenía derecho de audiencia ante el juez, a una fianza y a un proceso con defensa de abogado o del consulado. Ahora, con el apoyo del gobierno mexicano a esa campaña represiva, discriminatoria e ilegal, la deportación y las redadas evidencian la ilegalidad de esas acciones.

Con ese programa prácticamente se pierden todos los derechos de los inmigrantes en ese país, que por décadas habían logrado, ya que quienes tenían hijos nacidos allá podían exigir legalmente un permiso de trabajo o el derecho de arraigo, por tratarse de personas con varios años de vivir en Estados Unidos. Ahora, con el apoyo del gobierno de Fox, las redadas, la violencia y el clima de terror favorecen actos ilegales y discriminatorios.

Una traición más a la patria, o ¿qué significa la cooperación del gobierno de Fox para deportar trabajadores mexicanos con violencia, que intenta legitimar la ilegalidad de esas acciones de la policía y el gobierno de Estados Unidos?

Exigimos al gobierno de Vicente Fox Quesada la inmediata cancelación del "programa de repatriación voluntaria" y el apoyo a Estados Unidos, y que ajuste su política para apoyar por todos los medios a los mexicanos en aquella nación, ya que la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido resoluciones, basadas en el derecho internacional, en favor y por el respeto de los derechos humanos, migratorios y laborales de los trabajadores indocumentados, en particular en la consulta OC-18/2003.

Por la ANAD, María Luisa Campos (presidenta), Francisco Ramírez, José Luis Contreras, Claudia Luengas, Isaac León, Edith Ramírez, Oscar Alzaga, Lauro Sol, Marina Téllez y 42 firmas más

Señora ditrectora: Si el Partido de la Revolución Democrática elige hoy a María del Carmen Ramírez como candidata al gobierno de Tlaxcala, hará evidente lo que muchos ya sospechamos: que es un partido que se guía por intereses inmediatos y no por principios ni por una visión a largo plazo de lo que es mejor para el país. Porque la candidatura de la esposa de un gobernante en funciones es absolutamente sospechosa y totalmente inadmisible desde cualquier punto de vista. Y eso aplica para todos los casos por igual, sin importar las calificaciones que pudiera o no tener la señora. Por respeto a los ciudadanos, no se vale medir con dos varas, pues los mismos argumentos que ellos usaron contra Marta Sahagún son aplicables en este caso.

Sara Sefchovich

Señora directora: ¿Por qué creerle a Marta Sahagún, si, al igual que su marido, como dice una cosa dice otra?

Yo, en lo personal, no le creo ni jota.

Magdalena Mulia Cabrera

Señora directora: En el diario que usted dirige se publicó una nota firmada por Laura Poy Solano relacionada con "Demandarán ONG a la Femospp por obstruir acción de la justicia", de acuerdo con declaraciones de integrantes de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos. Al respecto, la oficina del fiscal especial precisa que:

1. Ha mantenido, en todo momento, el sigilo de las investigaciones y, por tanto, no se ha dado a conocer ningún nombre sobre el asunto que refieren los integrantes de estas organizaciones de derechos humanos.

2. Reitera que jamás se prestaría al encubrimiento de nadie.

Le envío un cordial saludo, en espera de la publicación de esta nota aclaratoria.

Eduardo Maldonado García, director de Enlace y Comunicación Ciudadana de la oficina del fiscal especial para movimientos sociales y políticos del pasado

Señora directora: En la cobertura de la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en la nota publicada por La Jornada se afirma que el gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, "señaló que los munícipes no deben tener acceso a esos recursos 'porque los utilizan para comprar Suburban para ellos y sus esposas". El Ejecutivo estatal en ningún momento se opuso a destinar recursos a los ayuntamientos, como puede verse en la versión reproducida en la página electrónica de la Presidencia de la República y que es, íntegramente, la siguiente:

"Bienvenida la idea de fortalecer a los municipios, pero creo que el péndulo se está yendo al otro lado: que ahora los estados estamos quedando como el jamón del sándwich, a la mitad. En el caso de mi estado, 48 por ciento de gasto de inversión lo tiene el estado y 52 por ciento los municipios. Sin embargo, la presión social para electrificar y hacer obra pública es sobre el Ejecutivo estatal, no sobre los municipios. En materia de seguridad no es la excepción: tenemos 150 millones y los municipios tienen mil millones de pesos.

"Entonces esto de que son la parte débil habrá que discutirlo. Que no se entienda aquí que hay un ánimo antifederalista. Creo que debe regularse este asunto. El problema no es que tengan mil millones. Ojalá los municipios, en mi estado, tuvieran 2 mil. El problema es que de ese recurso que va para seguridad solamente 30 por ciento se gasta, en realidad, en ello: la mayor parte va, algunos para gasto corriente y otros para disfrazar equipamiento para la infraestructura municipal, que va desde comprar Suburban para el presidente municipal o para la primera dama con recursos de los fondos de seguridad. Yo sí pido que revisemos y que discutamos más ampliamente este tema de que los municipios sean la parte débil en esta cuestión. Ese sería un punto a tratar".

Sin más, le agradezco la atención prestada.

David Santiago Tovilla, coordinador de Comunicación Social del gobierno de Chiapas