En el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, donde se ubica Cancún, se vive una crisis política marcada por la quiebra en las arcas públicas, las disputas entre facciones del Partido Verde Ecologista de México, que tiene en sus manos el ayuntamiento, las maniobras del gobierno estatal, encabezado por el priísta Joaquín Hendricks, para provocar la asfixia financiera del municipio, y el desaseo en la actuación del Congreso local al intervenir en el conflicto.

El viernes pasado, mientras en Benito Juárez un grupo de manifestantes integrado por taxistas, trabajadores municipales y de diversos sindicatos de la Confederación de Trabajadores de México se manifestaban violentamente a las puertas de la sede del ayuntamiento, el presidente de la Comisión Permanente del Congreso local, Javier Zetina González, recibía las renuncias de 11 de los 15 regidores; horas después, con el aval de los diputados de PRI, PVEM y Convergencia, decretaba la desaparición de poderes en el municipio y daba posesión a un concejo ciudadano encabezado por la pevemista Marisol Avila, en sustitución de Juan Ignacio García Zalvidea, alcalde desde abril de 2002.

El edil depuesto es acusado por sus correligionarios -una vez más, el PVEM demuestra su inconsistencia como partido político-, por el PRI y Convergencia, de haber provocado el colapso de las arcas públicas por una mala administración, razón por la cual se habían presentado demandas de juicio político en su contra, que hasta ahora no han procedido. Sin embargo, García Zalvidea responsabiliza al gobierno estatal de esa situación y acusa a Hendricks Díaz de haberle escamoteado y retrasado la entrega de recursos estatales y federales con el fin de entorpecer su administración y sabotear sus aspiraciones electorales para contender por la gubernatura en 2005. El ayuntamiento enfrenta deudas a proveedores por casi 200 millones de pesos, rezagos en servicios por 600 millones, una cantidad que equivale a la mitad del presupuesto municipal del presente año. Además, en días recientes, trabajadores sindicalizados que exigen el pago de fondos de ahorro y otras prestaciones habían amenazado con realizar una huelga, lo cual es un indicio de las graves consecuencias para la estabilidad social que podría provocar tal escamoteo motivado por rivalidades políticas. Sin duda, los órganos de fiscalización deberán determinar si ha habido malos manejos y, de ser el caso, emitir las sanciones correspondientes, pero esta revisión no deberá estar contaminada por intereses políticos. Si, como lo denuncia el grupo encabezado por Marisol Avila, ha habido irregularidades en la administración local, no basta con remplazar al presidente municipal para que éstas se esclarezcan.

Por otro lado, la actuación del Ejecutivo y el Legislativo estatales ante esta crisis ha evidenciado que existen intereses oscuros en la alianza de pevemistas y priístas para decretar la desaparición de poderes en Cancún. Por ejemplo, los integrantes del nuevo concejo ciudadano fueron invitados directamente por Hendricks horas antes de que se concretaran las renuncias de los regidores, lo que convierte al gobernador en el elector de ese ayuntamiento sustituto. Si las partes en conflicto persisten en la confrontación y los golpes bajos, la situación podría derivar en un conflicto mayor.