En días pasados, la esposa de Alfredo Jalife-Rahme, columnista de este diario, recibió, de manera personal y ominosa, amenazas orientadas a amedrentar a nuestro colaborador y a disuadirlo de que ejerza su plena libertad de expresión tal como lo ha venido haciendo hasta la fecha. De suyo condenable por tratarse de un conato de censura mediante el terror, esta amenaza resulta especialmente odiosa, además, porque introduce factores de zozobra en el en- torno familiar del columnista y porque evidencia que alguien ha ordenado espiar los movimientos de las personas cercanas al autor de Bajo la lupa.

Resulta difícil creer que en los tiempos que corren, cuando el país se encuentra empeñado en hacer realidad las prácticas democráticas y la plena vigencia de las leyes, persistan intereses inconfesables como ese desde el cual se envió el amago contra Jalife-Rahme, y que todavía existan márgenes de impunidad para cometer tales atropellos contra la libertad de pensamiento y expresión.

No hay indicios para suponer o sugerir que las amenazas provengan de algún ámbito de la administración pública, como solía ocurrir en un pasado no muy remoto, pero sí existen elementos para demandar que el gobierno federal haga valer sus facultades legales a fin de investigar el amago e identificar a los autores físicos e intelectuales de la agresión, no sólo para garantizar la integridad física de nuestro colaborador y de su familia, sino también para avanzar en la erradicación del anonimato y la impunidad de que suelen disfrutar quienes en nuestro país cometen el delito de amenaza.

Pero en la actualidad los amagos a la libertad de expresión tienen también manifestaciones más sutiles que las amenazas guarurescas contra nuestro colaborador. Una de ellas es el perceptible golpeteo que se ejerce contra publicaciones críticas desde las ofi- cinas del gobierno federal encargadas de administrar los presupuestos para la publicidad del sector público.

Ello no necesariamente implica que exista un designio del Ejecutivo federal como tal para intentar acallar, por esa vía perversa, a los diarios y revistas que disienten de las políticas gubernamentales, pero sí denota que diversos funcionarios vinculados con las áreas de comunicación social siguen pensando -como en los tiempos de José López Portillo, quien justificaba sus campañas de boicot publicitario contra medios críticos arguyendo que no le gustaba "pagar para que me peguen"- que el dinero del gobierno federal es de su propiedad y no de la nación.

Tales funcionarios, entrenados, a lo que puede verse, en un desempeño patrimonialista, arbitrario y a todas luces antidemocrá-tico, suponen que mediante la asignación de recursos de publicidad pública a ciertos medios informativos y su denegación a otros pueden alterar el flujo informativo y analítico en favor del gobierno que los contrata; de esa manera pretenden quedar bien con sus jefes, sin darse cuenta de que a la larga les hacen un flaco favor, toda vez que perpetúan (en el seno de un régimen que busca el cambio) factores de las corruptas relaciones entre la prensa y el poder público que caracterizaban el pasado reciente.