Los ataques lanzados contra la película El crimen del padre Amaro, del cineasta mexicano Carlos Carrera, por parte de un grupo de laicos ultraconservadores con respaldo del obispo de Aguascalientes y presidente de la Comisión del Episcopado para la Educación y la Cultura, Ramón Godínez, son una muestra más del retraso histórico, ignorancia, intolerancia y sectarismo a los que se aferran denodadamente algunos sectores de la jerarquía y la feligresía católicas.

En primer término ha de señalarse que pretender la prohibición oficial de una obra artística como es el filme de Carrera constituye una afrenta a los derechos básicos de libre expresión consagrados en la Constitución del país, además de ser a todas luces un despropósito que apela al restablecimiento del autoritarismo gubernamental contra el que ha luchado, durante décadas, la mayoría de los mexicanos. Por añadidura, la campaña contra El crimen del padre Amaro demuestra un profundo desconocimiento de la mecánica propia de la creación intelectual, pues critica improcedentemente hechos ficticios como si fueran reales y atribuye a los autores de la película supuestas ofensas contra la religión que sólo existen en la mente de los acusadores. Para colmo, los afanes censores de quienes instigaron esta campaña tienen tintes inquisitoriales que evocan la nefasta persecución contra el pensamiento libre que caracterizó épocas y regímenes afortunadamente ya superados y a los que no se debe volver.

Por otra parte, los embates contra este filme son un ominoso reflejo del desprecio por la pluralidad de ideas y del afán de uniformidad cultural que subsisten en los estamentos más retrógrados de la sociedad. La pretensión de limitar la libertad del espectador y forzarlo a no asistir a una manifestación artística denota una inadmisible tendencia a imponer criterios sectarios al conjunto de la ciudadanía. Si a alguna persona le parece inadecuada la película de Carrera está en su derecho de no acudir a la sala de cine, pero invocar la censura y vulnerar las garantías de terceros son acciones ilegítimas y peligrosas para la convivencia armónica de la sociedad.

Finalmente, a quienes tanto irrita y subleva la difusión pública de hechos ficticios -pues tal es el carácter de la película de Carrera- protagonizados por miembros del clero, les convendría repasar las determinaciones recientes de la máxima autoridad de la Iglesia a la que dicen pertenecer y defender.

Ante crímenes graves y absolutamente reales como los numerosos actos de pederastia perpetrados durante años y en diferentes países por curas católicos, el Vaticano optó por afrontar el escándalo internacional y reconoció públicamente la comisión de tales delitos. Siguiendo la disparatada lógica de los detractores de El crimen del padre Amaro, los promotores de esta campaña quizá deberían enviar al Papa y a los diferentes episcopados una "cartita" pidiendo que las atrocidades cometidas por algunos -que no pocos- sacerdotes contra niños inocentes se mantuvieran a toda costa en la oscuridad y el silencio. Como puede constatarse, el absurdo de tal suposición y de quienes exigen censurar el filme de Carlos Carrera resulta más que evidente.